Desde las 15 horas de este miércoles y hasta total despacho está citada la comisión mixta que zanjará el futuro del proyecto de fraccionamiento pesquero del gobierno. La instancia, a la que asistirán el ministro de Economía, Nicolás Grau y el subsecretario de Pesca, Julio Salas, debe resolver la propuesta de financiamiento fiscal de la iniciativa, mediante el establecimiento de pago de patentes por los traspasos de cuotas internacionales de jurel hacia empresas industriales chilenas. Sin embargo, el proyecto llega a su última jornada de discusión en la mixta marcada por la polémica que significó la entrega de una cifra errónea por parte del gobierno al momento de discutir la distribución de la merluza común.

Y pese a que la instancia intentó resolver, sin éxito, ese punto en la sesión anterior, en la recta final asoman posibilidades de un acuerdo. Ello, ya que el diputado (FA) Jorge Brito explicitara disposición a reabrir el debate, luego que previamente no diera la unanimidad necesaria para revisar lo que ya aprobó la comisión: entregar un 52% de la cuota de la merluza al sector artesanal, y rebajar al 48% al sector industrial. Dicha decisión desembocó en el anuncio de cierre de la planta de Pacific Blu en Coronel, poniendo en riesgo a más de 3.000 puestos de trabajo en la Región del Biobío.

“Estamos plenamente disponibles, después de haber conversado con las asambleas de pescadores de nuestra Región de Valparaíso, en poder incluso reabrir el debate siempre y cuando no exista, en ningún caso, una hegemonía del sector industrial por sobre el artesanal”, dijo Brito a Pulso, remarcando que estaría disponible a una distribución de 50% para cada una. “Estaríamos disponibles para poder abrir esa conversación con esos límites, y además con gradualidad, pero es importante para mí defender los criterios sobre los cuales hemos abordado los fraccionamientos. Y un criterio es mejorar la situación de desventaja de la pesca artesanal, que en este caso ocurriría al aumentar del 40% al 50%, pero otro criterio también es garantizar los puestos de trabajo de las plantas de proceso”, dijo.

La gradualidad en la implementación de la nueva distribución en la pesquería de la merluza es un punto que será también abordado en la comisión, ya que el senador (PC) Daniel Núñez presentó una indicación en esa línea durante la sesión anterior. La idea busca agregar un artículo transitorio al proyecto, en un plazo a convenir.

Sin embargo, Brito agregó que la conversación también puede incluir medidas para permitir recuperar la sustentabilidad del recurso, actualmente sobreexplotado. En eso, si bien insiste en prohibir la pesca de arrastre para el sector industrial, también se abre a extender las certificaciones obligatorias y presenciales tanto para industriales como artesanales. “Tiene que ir de la mano con el nuevo fraccionamiento y especialmente poder perseguir a los compradores ilegales”, expresó.

Los planteamientos de Brito coinciden con algunas conversaciones que ha tenido el Ejecutivo con actores industriales, y que van más allá de la distribución del recurso propiamente tal. Conocedores de esas tratativas transmiten que, independiente de cómo queden fijadas las cuotas, la sustentabilidad de la merluza requiere de medidas que permitan recuperar la salud de la pesquería, que actualmente registra desembarques anuales por cerca de 35 mil toneladas. Según estimaciones, el recurso estando “sano”, es decir, cerca de su rendimiento máximo sostenible, podría alcanzar las 80 mil toneladas al año.

Para ello, una idea es apuntar a las certificaciones de todos los desembarques, como sucede con la pesca del jurel, un recurso que llegó a tener extracciones por 350 mil toneladas, y este año apunta a superar la barrera del millón de toneladas.

La diputada (PS) Daniela Cicardini puntualizó en que “para reabrir el recurso de merluza y darle una gradualidad igual se podría establecer en un artículo transitorio, pero yo entiendo que hay voluntades y disposición a poder llegar a acuerdo”.

Cicardini cree necesario “dejar cerrada” la distribución de la merluza común “porque nada te garantizaba que una vez que llegara a las salas correspondientes este informe por separado, se podía rechazar y quedábamos con lo que hoy día existe, y que es lo que contempla la ley Longueira, que es lamentable y ya sabemos los vicios de corrupción que ésta tiene”.

El contraste lo marcó el diputado (UDI) Sergio Bobadilla, que se mostró contrario a establecer acuerdos sobre la hora. “A veinticuatro horas de tener la sesión de la comisión mixta, no hemos tenido, por lo menos yo, ninguna propuesta concreta. Eso da cuenta de que estamos frente a un gobierno que siempre está llegando tarde y siempre espera buscar acuerdos en forma intempestiva , y yo para eso no estoy disponible”, sostuvo.

En esa línea, recordó que “lo que hoy día existe, es que está sancionado un fraccionamiento para la merluza y está rechazada la subasta. Eso es lo que hay. Para que se produzca una nueva discusión respecto de la merluza, tiene que haber acuerdos unánime, y yo por lo menos ese acuerdo no lo voy a dar, siempre y cuando el gobierno no tenga una propuesta sobre la mesa clara y concreta”, lanzó.

Bobadilla agregó que, a su juicio, la idea de establecer patentes para las transferencias de jurel desde otros países a empresas chilenas “en definitiva es poner un impuesto, poner un gravamen y esto no dice relación con la idea matriz del proyecto. Así, anunció que de aprobarse dicha idea, que calificó de “inconstitucional”, realizará una reserva de constitucionalidad “en el momento que corresponda”.