Con bastantes reparos por parte de la oposición comenzó la discusión del proyecto de ley del reajuste del sector público. La primera queja expresada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados fue la extensión del proyecto y la variedad de temas que se abordan.

Por eso mismo le pidieron al gobierno separar el proyecto para poder avanzar rápidamente en lo relacionado con temas de reajuste salarial y bonos y dejar para una discusión más pausada el resto de las materias, incluyendo la polémica norma de amarre.

“Un proyecto tan largo no se puede discutir de manera rápida”, dijo el diputado UDI, Felipe Donoso. Petición similar tuvo el diputado independiente de la bancada Republicana, Miguel Mellado, quien hizo enfatizó que en general este proyecto se “presenta una vez terminada la discusión de Presupuesto que finaliza a fines de diciembre y por ello se tiene un mes para discutirlo, pero ahora es mejor avanzar en reajuste del sector público de manera rápida y en las otras materias de manera más pausada”.

Frank Sauerbaum, diputado de RN, criticó que el proyecto haya ingresa con un día de retraso y con una extensión de 129 artículos. “Esto nos obliga a una tramitación más larga de lo usual, especialmente para evaluar las distintas medidas de amarre que busca impulsar el gobierno que perjudicarían al gobierno entrante. Un ejemplo flagrante es el caso del cambio de criterio de cinco a dos años para la confianza legítima y la imposición de la modalidad de teletrabajo hasta el año 2028, atando la gestión de recursos humanos del próximo gobierno por tres años completos”.

El legislador señala también que el informe financiero “nos da la razón de que el proyecto está desfinanciado desde su origen, toda vez que para el costo total de US$1.785 millones para 2026 hay provisionados solo US$660 millones por lo que los US$1.125 millones restantes serán asumidos desde lo presupuestado actualmente para sueldos, tal como menciona explícitamente dicho informe”.

Pese a estos reparos, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau cerró la puerta a dividir proyecto y planteó que “lo que se aprueba se aprueba, lo que se rechaza se rechaza y tan amigos como hemos sido en esta comisión”.

Desde el oficialismo, apoyaron la decisión del gobierno e instaron a que la comisión tuviera más sesiones si fuera necesario con el objetivo de tener despachado el lunes la iniciativa. Por lo mismo, la Comisión sesionará este miércoles desde las 08:30 horas.

Alza salarial

El proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto. De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen. De acuerdo al proyecto, este mayor costo deberá ser financiado por el subtítulo 21 o bien reasignaciones.

De acuerdo al Informe Financiero, el gasto que irrogue durante el año 2026 a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponda para dicho año, se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos y, si corresponde, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subtítulo de gastos, con excepción del servicio de la deuda pública, y en lo que falte con transferencias de la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

Se especifica que en el caso del subtitulo 21 se considera que se utilicen holguras producto de la aplicación del art. 10 inciso cuarto de la Ley de Presupuestos 2026, que establece que sólo podrá reponerse uno de cada tres cupos liberados producto de retiro o jubilación (“regla 3x1”) y holguras producidas por cambio de autoridades y sus equipos.

“Norma de amarre”

Otro de los temas que se incluyó es la llamada norma de amarre, que sin embargo para el gobierno no lo es.

“La no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”, dice el proyecto.

Además, se exige “la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Otra de las normas polémicas, pero que con la redacción del proyecto el gobierno busca cerrar, es la que establece por ley que los asesores directos deben dejar sus funciones el 11 de marzo del 2026.

“La presente iniciativa legal propone en su artículo 115 que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026 y que, si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, plantea el proyecto.

Se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.

Los otros temas

En la parte miscelánea del proyecto se incluye la suspensión del reavalúo de propiedades hasta 2027, el que correspondía realizar en 2026 así como también el reavalúo agrícola del año 2027, para el año 2028.

También se extiende hasta el 2028 el teletrabajo en la administración central.

También se rebaja las contribuciones para predios ocupados. En este caso, se establece una ventana de seis meses para que los contribuyentes puedan solicitar la rebaja de impuesto territorial sin límite de tiempo siendo aplicable desde la fecha en que el predio de encuentra en una situación de ocupación.

Se permite además que correos de Chile pueda habilitar la prestación de servicios logísticos por medios físicos, digitales o híbridos y para que Enap participe directa o indirectamente, en el desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, combustibles renovables, sintéticos y otros vectores energéticos, a lo largo de toda su cadena de producción, logística y comercialización.