Hernán Cheyre: “La sola existencia de grupos empresariales que operan en distintos mercados no distorsiona la libre competencia”

Hernan Cheyre

En el marco de los “Diálogos de Economía del Futuro”, el presidente de CIES-UDD reunió a un grupo de economistas para tratar la posibilidad de que el TDLC sugiera al Gobierno el envío de un proyecto de ley sobre una reducción de la concentración económica, luego de una solicitud de Conadecus.


En medio del debate sobre los efectos del actuar de los grupos económicos en la libre competencia en el país, el presidente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), Hernán Cheyre, reunió a un grupo de destacados economistas para profundizar el análisis.

“La sola existencia de grupos empresariales que operan en distintos mercados no distorsiona la libre competencia. Cada mercado en el que operan puede, individualmente, funcionar competitivamente”, afirma Hernán Cheyre, en el marco de los “Diálogos de Economía del Futuro”, organizado por CIES-UDD.

El evento dio origen a un documento elaborado a partir de una conversación con abogados y economistas como Matías Acevedo, Juan Braun, Ignacio Briones, Angélica Burmester, Cecilia Cifuentes, Jorge Fantuzzi, Cristián Larroulet, Matías Lira, Vesna Mandakovic, Víctor Martínez, Tomás Menchaca, Rodrigo Mujica, Pedro Rencoret, Patricio Rojas, Claudio Sapelli, Klaus Schmidt-Hebbel, Ernesto Silva, Guillermo Tagle y Andrea Tokman.

Los expertos discutieron específicamente acerca del expediente de recomendación normativa que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrió en septiembre pasado tras una solicitud la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) para que el tribunal sugiera al Gobierno el envío de un proyecto de ley sobre “Reducción de la Concentración Económica Agregada”.

08 de junio 2017 Fotos tematicas TDLC Foto: Andres Perez

Tamaños y eficiencias

En el documento se sostiene que concentración de mercado es un concepto distinto al de concentración de la riqueza y que la presencia de conglomerados empresariales no estaría necesariamente relacionado a estos fenómenos. “Si una empresa de gran tamaño que opera en un mercado específico es reemplazada por varios actores pequeños, ello no necesariamente contribuiría a mejorar las condiciones para los consumidores, por cuanto el eventual efecto positivo de aumentar el número de actores en el mercado podría verse contrarrestado por la pérdida de eficiencia derivada de un menor aprovechamiento de las economías de escala que podrían estar presentes”, afirma una de las conclusiones del texto.

Lo mismo es válido para los grupos empresariales, añade el documento. “Su eventual eliminación podría tener un efecto adverso directo sobre los consumidores, afectando la calidad y el costo de los bienes y servicios disponibles en el mercado. Esto se debe a que los grandes grupos a menudo pueden aprovechar de mejor forma las economías de escala y de ámbito que están presentes, permitiendo la oferta de productos y servicios de mayor calidad a precios más competitivos”, precisa el texto generado tras el debate de los expertos.

Según Cheyre, los argumentos incluidos en la presentación de Conadecus van más allá del ámbito tradicional de la libre competencia y se enfocan en temas como la concentración económica, la influencia política de grupos empresariales y la acumulación de riqueza. A su juicio, la solicitud se desvía del enfoque central de libre competencia que debería caracterizar las intervenciones del TDLC.

“Una expansión desmedida de las competencias del TDLC, incluyendo asuntos que no están directamente vinculados a la libre competencia, podría poner en riesgo y distorsionar su misión esencial”, plantea el economista, quien enumera que en Chile ya existen múltiples regulaciones que abordan los posibles riesgos para la competencia que los grupos económicos podrían generar. Entre ellas, destaca Cheyre, están las regulaciones sobre inversiones en sociedades dentro del país, las limitaciones en la cantidad de créditos otorgados a personas y entidades relacionadas, y regulaciones sobre operaciones con personas expuestas políticamente.

“Ante este panorama la pregunta que sigue es: ¿Realmente necesitamos una nueva legislación en esta materia? O, ¿acaso el diagnóstico presentado ha omitido considerar las regulaciones y prohibiciones ya existentes en Chile?”, concluye el documento de los economistas y abogados reunidos por el CIES-UDD.

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