La Tesorería General de la República (TGR) informó que ha recaudado $109.310 millones por concepto de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), en el marco de los convenios de pago suscritos por los contribuyentes para regularizar su situación financiera.

Según el organismo, a la fecha se han firmado más de 62 mil convenios, mecanismo que permite a los deudores ponerse al día con condiciones de pago flexibles y evitar procesos de cobranza judicial.

No obstante, la institución advirtió que 1.175 convenios han caducado, de los cuales 836 ya enfrentan demandas activas, por lo que llamó a los beneficiarios a mantener al día el pago de sus cuotas, cuyo vencimiento corresponde al último día de cada mes.

Cobro alcanza billeteras digitales y plataformas de inversión

Junto con incentivar la regularización voluntaria, la Tesorería recordó que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para recuperar los recursos adeudados.

En esa línea, señaló que los procesos de embargo ya no solo consideran activos financieros tradicionales, como cuentas corrientes y depósitos a plazo, sino que también incorporan billeteras digitales y plataformas de inversión, entre ellas Fintual, SoyFocus y Tenpo Inversiones.

A ello se suma la retención de remuneraciones, mecanismo incorporado recientemente a la legislación que permite perseguir el pago de deudas tributarias o fiscales pendientes.

Condiciones para regularizar la deuda

La Tesorería destacó que los convenios vigentes consideran facilidades para reducir la carga financiera de los deudores. Entre ellas, las cuotas mensuales no pueden superar el 10% de los ingresos y el pago inicial ahora varía según el nivel de renta.

Así, quienes perciban menos de $1 millón mensuales podrán iniciar un convenio con un pie desde 1 UTM ($71.649). Para ingresos entre $1 millón y $2 millones, el pago inicial tendrá un tope de $1 millón, mientras que para rentas superiores a $2 millones, el máximo será de $1,5 millones.

Además, los contribuyentes pueden optar por realizar un pago inicial mayor para reducir el plazo del convenio o amortizar una parte más importante de la deuda.

La institución indicó que estas medidas buscan fortalecer la recuperación de recursos públicos, aunque reiteró que su prioridad sigue siendo que los deudores regularicen su situación mediante convenios de pago antes de que se inicien o continúen acciones judiciales.