Durante la primera mitad del año, las reorganizaciones empresariales en el país experimentaron una fuerte escalada, marcada por un aumento explosivo en la magnitud de los pasivos involucrados. Así, de acuerdo con los datos del vigésimo Reporte de Insolvencia de Chile (RIC), elaborado por la consultora Fix Partners Advisors, en el período la deuda reestructurada de empresas en insolvencia que se acogieron a un Acuerdo de Reorganización Judicial (ARJ) alcanzó los $243 mil millones, aumentando 216% en comparación con igual periodo del año anterior, en en el que llegó a $77 mil millones.

De acuerdo al informe, el incremento en los montos se dio en un escenario de menor recurrencia de solicitudes concursales, pasando de nueve casos a inicios de año a solo cuatro firmas entre abril y junio. Pese a esta caída en el número de procesos, la deuda total reestructurada en el trimestre creció un 27,9%, llegando a $136,4 mil millones.

Esta aceleración en montos en el período abril-junio también se refleja en la la deuda promedio reestructurada que alcanzó los $34 mil millones durante el segundo trimestre. Esta cifra representa un incremento del 209% en comparación con los $11 mil millones registrados en el primer trimestre.

Ernesto Solís, socio de Fix Partners Advisors, explicó que “la deuda promedio subió mucho porque tenemos menos casos, pero son casos más grandes, de empresas más grandes”. El experto detalló que durante este periodo “entraron más empresas grandes a reestructuración que el año pasado, en tamaño de deuda”, lo que distorsionó al alza los promedios del mercado. Los procesos que lideraron y acapararon este volumen financiero fueron los de Hacienda Chada S.A. con un pasivo que asciende a 86,4 mil millones, Núcleo Salud SpA ($23,2 mil millones) e Importadora Helico Limitada ($19,5 mil millones).

Al profundizar en la composición sectorial, el informe detalló cómo el riesgo se concentró abruptamente. Un 68,7% de los pasivos reestructurados provino exclusivamente de empresas del rubro Agrícola y Forestal, acumulando $93,7 mil millones. Sin embargo, es el sector de la Salud el que levanta hoy las mayores alertas operativas, acaparando el 31,3% restante con gigantescos compromisos repactados por $42,7 mil millones.

Solís sostuvo que “el sector salud está muy apretado, incluyendo las isapres, las clínicas y los proveedores”. Según el especialista, el problema tiene un origen financiero profundamente vinculado al aparato estatal: “Un gran porcentaje lo mueve Fonasa y Fonasa no paga, paga atrasado... y deja la crisis con las clínicas, y las clínicas se atrasan con sus proveedores”. Esto explica con precisión por qué actores como el centro médico Núcleo Salud y la comercializadora de insumos Helico Limitada debieron recurrir de urgencia a la justicia concursal.

Trabas

El proceso de reestructuración corporativa en Chile enfrenta, además, importantes barreras normativas e institucionales. Si bien Solís reconoce que en la actualidad los bancos están “relativamente disponibles para reestructurar”, dado que cuando el ciclo económico no es favorable “no aprietan tanto”, existen herencias de la pandemia que hoy asfixian a las empresas.

Una de ellas son los masivos créditos Fogape. “Fue un salvavidas de plomo. Sí, prestaron plata barata... pero las condiciones de reestructuración que quedaron en las reglas que hizo Corfo son súper malas”, advierte el socio de Fix Partners. Ante esto, explica que la banca opta por no flexibilizar posiciones, prefiriendo muchas veces cobrar la garantía estatal antes que renegociar plazos viables. A esto se suma la extrema rigidez de la ley chilena en materias de contratos de leasing o arriendos, los cuales no son reestructurables de forma unilateral como sí ocurre bajo el Chapter 11 en Estados Unidos.

Según Solís, el drama que empuja a las empresas a la quiebra definitiva es el alto costo laboral de los despidos. “Muchas veces tenemos que finiquitar a las personas en las reestructuraciones y la empresa no tiene plata para los finiquitos. Al final muchas empresas liquidan porque no tienen plata para pagar los finiquitos y cierran la empresa”, revela Solís.

A nivel institucional, el experto también cuestiona la actual acefalía en el ente regulador de estos procesos: “No hay superintendente titular no entiendo la prioridad del gobierno, no entiendo cómo no apura tener un superintendente para ayudar a las empresas”.

Proyecciones

Según Solís, el horizonte macroeconómico no parece ofrecer un respiro inmediato para el sector corporativo nacional. Aunque actualmente los asesores financieros observan una altísima prevalencia de reestructuraciones privadas donde las empresas negocian a puertas cerradas con sus acreedores sin llegar a los tribunales, el nivel de agotamiento de caja sugiere que muchas terminarán decantando en la vía legal.

“Pronostico que el segundo semestre y el primer semestre del otro año van a haber más casos de ARJ. Muchas de las que intentan reestructuraciones privadas van a terminar en la justicia concursal”, anticipa Solís. El diagnóstico que sostiene esta proyección es cauto para el corto y mediano plazo.

“Yo creo que el 2027 no va a ser muy bueno... va a ser bueno en casos de insolvencia, pero para la economía recién a fines del 2027, 2028 tal vez, ahí se empiece a ver algo” de recuperación, concluyó el experto, dejando en claro que el ciclo de estrés corporativo en el país todavía está lejos de terminar.