Desde su creación en 1995, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional se ha convertido en el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público. Asigna una puntuación a 182 países -en una escala de cero (altamente corrupto) a 100 (transparente/íntegro)- utilizando datos de 13 fuentes externas.

Dada la trascendencia de este índice, las manifestaciones específicas de la corrupción que aborda (soborno, malversación de fondos públicos, captura del Estado por intereses privados, entre otras) y que su metodología permite ver la evolución en un periodo largo de tiempo, es que los resultados 2025 -conocidos recientemente- no solo son de suma relevancia sino sobre todo preocupantes: la puntuación promedio mundial se situó en su nivel más bajo en una década; y en el caso de Chile, obtuvo 63 puntos repitiendo su peor desempeño en 30 años.

Si miramos solo el ‘barrio’ y la data del último año, es efectivo que Chile continúa como el segundo mejor evaluado de América Latina. Pero en una mirada más amplia de tiempo, vemos que este resultado consolida un inquietante estancamiento tras más de 10 años de retrocesos en la percepción de probidad.

En 2014, Chile registraba 73 puntos en este Índice, ubicándose en el lugar 21 del ranking global y lideraba el grupo de países Latinoamericanos junto con Uruguay. En la última década perdimos el liderazgo en Latam, retrocedimos al lugar 31 de la clasificación y la percepción de corrupción aumentó 10 puntos.

¿Cuál es la explicación de este retroceso? El deterioro no se explica por un hecho específico o aislado, sino por una secuencia de golpes a la confianza: escándalos de financiamiento político, mal uso de recursos púbicos, corrupción municipal, tráfico de influencias, colusiones, y una sensación persistente de impunidad en los casos de alto nivel.

Uno de los grandes problemas es que el sistema en Chile todavía deja demasiadas ventanas abiertas a potenciales actos de corrupción: persisten márgenes amplios de discrecionalidad en la administración pública, por lo que urge robustecer el acceso a la información y aumentar la transparencia en el uso de los recursos públicos; apremia una modernización profunda del Estatuto Administrativo y del Sistema de Alta Dirección Pública, así como el desarrollo de sistemas de integridad para los gobiernos municipales; y es fundamental profundizar la digitalización del Estado para ampliar el acceso de servicios a toda la población.

Además, el lobby sigue siendo poco transparente, el financiamiento de la política mantiene zonas grises, los delitos complejos son difíciles de investigar y probar, y la frontera entre lo público y lo privado es borrosa en muchos espacios.

Al mirar qué hacen los países que lideran este Índice el contraste es incómodo: Dinamarca y Finlandia combinan instituciones independientes, transparencia casi obsesiva —desde compras públicas hasta patrimonio de autoridades— y una función pública profesional, con altos estándares éticos y nula tolerancia a la cultura de la ‘viveza’. La corrupción ahí no solo se castiga, es socialmente inaceptable.

Otro paradigma es Singapur, que se caracteriza por una agencia anticorrupción con amplios poderes, sanciones efectivas y una burocracia bien remunerada y altamente controlada.

A todo lo anterior, agregaría un factor que es esencial para construir culturas de integridad sólidas: formación y capacitación permanente en valores y liderazgo ético -desde la más temprana edad-, incluso previo al ingreso de profesionales y técnicos al mundo laboral.

Chile no vive una crisis terminal de integridad, pero sí está en una pendiente de la cual tenemos que hacernos cargo con urgencia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a tolerar y esperar? Preservar la integridad del sector público -y también del privado- es crucial no solo para la credibilidad institucional y el bienestar del país y sus ciudadanos, es esencial para la construcción del capital social y la sostenibilidad de nuestra democracia.