La campaña presidencial ya está en su recta final. En materia económica se han resaltado propuestas en el área de crecimiento económico, mercado laboral, permisología, pero poco se ha hablado de propuestas en libre competencia.

De hecho, de los tres principales candidatos que lideran las encuestas, solo en la última actualización del programa de Jeannette Jara, la candidata del oficialismo y la DC se mencionan una serie de medidas a impulsar que apuntan a mejorar la libre competencia.

Como introducción a las propuestas en el programa se menciona que “durante las últimas dos décadas, hemos visto abusos económicos que han causado daño a los consumidores, beneficiando a un puñado de empresas que no han respetado las reglas de la libre competencia. Emblemáticos han sido los casos de la colusión en las farmacias, los pollos, o del papel higiénico, entre otros, donde las empresas se hicieron de utilidades mal habidas a costa de las personas”.

En ese contexto, se señala que “nuestra institucionalidad para combatir los abusos económicos y fortalecer la libre competencia se ha ido fortaleciendo”, pero advierten que “todavía quedan muchos desafíos pendientes, en particular respecto a la responsabilidad penal de las personas involucradas en acuerdos colusorios y a las capacidades y herramientas que otorgamos a las instituciones que resguardan el buen funcionamiento de los mercados”.

¿En qué se traduce ese enunciado? Lo primero que se resalta en el programa es que “se hará efectivo el delito de colusión, para que sus responsables respondan ante la justicia”. Si bien se indica que el delito de colusión existe en Chile desde 2016, “a la fecha no han existido persecuciones penales ni condenas efectivas, ya que primero debe concluir la acción administrativa contra la empresa que se colude, antes de que el Ministerio Público pueda investigar y eventualmente sancionar penalmente a las personas responsables. Esto puede tardar más de ocho años”.

Por ello, se propone que “resguardando el debido proceso y la delación compensada, modificaremos la ley para coordinar la acción de la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público, permitiendo que la acción penal se inicie de manera más rápida. Así, avanzaremos en una sanción efectiva a responsables de delitos de cuello y corbata que tanto daño han hecho”.

Como segunda medida se propone que la Fiscalía Nacional Económica podrá “solicitar arraigo nacional a los acusados de delitos de colusión”. Según se enfatiza en el programa, hoy no existen herramientas que permitan “cautelar que las personas involucradas en acuerdos colusorios respondan ante la justicia sin escapar del país”.

Por ello, para subsanarlo, “se entregará a la FNE la atribución de requerir ante los tribunales correspondientes una orden de arraigo para quienes están siendo investigados por estos ilícitos”.

Otra de las medidas esbozadas es que se fortalecerá a la FNE, para que pueda combatir con más fuerza los abusos. “Elevaremos los recursos a la FNE para que pueda realizar más estudios de mercado y perseguir la colusión y los abusos monopólicos”, se desprende del texto programático de Jara. Para esto, plantean que “la FNE cobrará una tasa administrativa a las grandes empresas que se sometan al sistema de control de operaciones de concentración (empresas que reporten ventas de más de 20 millones de dólares al año)”.

La cuarta medida es que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) pueda regular a los conglomerados financieros. “Estos conglomerados hoy no están regulados, y ello puede producir distorsiones en la competencia. Para impedir esto, presentaremos un proyecto de Ley para que estos conglomerados sean regulados y fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero en línea con las recomendaciones hechas por este mismo organismo”.

En el programa también se propone medidas para fortalecer la defensa a los consumidores. Una de ellas es facilitar la cancelación de los contratos que “amarran a la gente con mecanismos de adecuación poco claros”. Así, la medida apunta a que “las suscripciones podrán cancelarse en un clic, y las renovaciones serán claras y sólo serán válidas con consentimiento expreso. Así, el consumidor recupera el control sobre su bolsillo”.

Se propone fortalecer el Sernac para que tenga “dientes”. Para ello, se “dará más atribuciones y financiamiento a asociaciones de consumidores para la defensa independiente de los consumidores. Así, la ciudadanía tendrá un aliado frente al poder empresarial.

Otros candidatos

El CentroCompetencia (CeCo), de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizó hace unos días cada uno de los programas de los candidatos presidenciales, respecto al tema de la libre competencia. Antes de las nuevas medidas incorporadas por Jara.

La institución -dirigida por el exfiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, mostró que el programa de Evelyn Matthei “no contemplan propuestas específicas en esta materia, marcando así una diferencia con el programa anterior de la candidata (de 2013), que tenía un capítulo especial de defensa de la libre competencia”.

Sobre el programa de José Antonio Kast, el CeCo señala que “no contiene propuestas concretas en esta materia, limitándose a una mención general sobre la importancia de la competencia en el desarrollo económico”.

Situación similar en el caso del programa de Johannes Kaiser, del que dice que “no contiene medidas explícitas sobre institucionalidad ni normativa de competencia. Con todo, se pondera la competencia como un factor relevante dentro del diseño de diversas medidas sectoriales”.

Al revisar el de Franco Parisi, el CeCo indicó que “el programa actual no contempla propuestas concretas en esta materia. Esto a diferencia del programa anterior (2021), que proponía aumentar las multas para la colusión”.