Para los bancos, y muchos de sus clientes, el modo en que quedó redactada la ley 20.009, llamada informalmente como ley de fraudes en medios de pagos, ha sido un dolor de cabeza desde 2020.

Es por esto que la reforma al mercado de capitales que la semana pasada ingresó el gobierno al Congreso busca hacer cambios a esta ley, en distintos ámbitos, en una de las normas que probablemente será de las más debatidas en el Congreso, según reconoció el mismo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la semana pasada ante los diputados de la Comisión de Hacienda.

La norma en cuestión entre otras cosas ahora busca permitir que se puedan comercializar seguros contra fraudes en medios de pago; y propone sustituir el actual estándar de dolo o culpa grave, “que en la práctica resulta imposible de acreditar por el emisor, por el de culpa leve propio del derecho común”, señala el informe financiero del proyecto. Además, “se incorpora una presunción de falta de cuidado del usuario cuando la operación se realizó con autenticación reforzada, presunción que opera en sede judicial, de modo que el emisor sigue requiriendo autorización del juez para suspender la restitución”, señala la norma.

José Antonio Gaspar, era director general jurídico de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) cuando se legisló sobre este asunto y también cuando se normó. El profesor de derecho UC también observó desde ese ámbito todos los efectos que provocó esta legislación.

¿Son positivos los cambios que introduce la reforma al mercado de capitales en cuanto a los fraudes en medios de pagos?

Considero que son positivos, especialmente porque van en línea con todo el análisis que consistentemente se fue dando por la CMF y otras agencias regulatorias desde que hubo un cambio en esta ley; como también por la academia.

En primer lugar destacar, por ejemplo, que se pueda permitir al cliente financiero poder tomar seguros. Actualmente, el cliente financiero, en virtud de los cambios legales previos, estaba impedido de poder tomar seguros; y el riesgo que estaba corriendo de sufrir algún fraude, y a la vez tener que litigar eventualmente; ahora podría, si esta parte de la ley se aprueba, poder trasladar ese riesgo a una compañía seguros que está mucho más capacitada como para evaluarlo y afrontarlo debidamente, lo que actualmente no se permite.

También se sustituye el estándar de dolo o culpa grave, por el de culpa leve. ¿Lo considera positivo?

Exactamente. En la misma línea con lo que se ha comentado permanentemente por la CMF y por la academia. En el año 2020 se hace este cambio, al pasar a culpa grave, que es una alteración al sistema general de responsabilidad que se da en las relaciones financieras, y en todas las relaciones jurídicas, cuando la regla general es la culpa leve.

Además, es un cambio que no altera el resto de la estructura para los temas de fraude; el hecho de que primero hay una obligación de pago, hay una posibilidad de reclamar, y que más encima se mantiene la revisión judicial del tema, no dejándolo al arbitrio de las partes. Entonces, es algo que, a mi juicio, favorece a los prestadores del servicio, como también al cliente. Porque el cliente vuelve a una regla general, e incorpora mecanismos de protección como el seguro.

Otro aspecto positivo es que, para beneficio de todos los involucrados, el proyecto de ley contemple un formulario único para la declaración jurada del reclamo. Esto es algo que es destacable, respecto de problemas que en la práctica se daban.

Otro aspecto que también es interesante, es que además se incorpora la responsabilidad de otros actores del ecosistema dentro de la cadena, como iniciadores de pago, o nuevos actores fintech; pero contemplando de que siempre el cliente financiero tiene un sistema de ventanilla única, que es que acuda al emisor, sin perjuicio de que después el emisor pueda perseguir internamente las responsabilidades de los demás actores.

¿A su juicio, quedan desprotegidos los usuarios con esta nueva regulación, o en realidad es algo que debe impulsarse?

Creo que esto es completamente positivo para todos los actores, incluyendo especialmente, a los clientes financieros. Primero, fortalece al mismo sistema en general; porque en estos años de evidencia se generaron autofraudes, lo que perjudicaba a todos, no solamente a los emisores, sino que también a los mismos clientes, porque dañaba al sistema.

Lo que también se ha visto empíricamente, es un aumento de los litigios respecto de eventuales fraudes, precisamente por las herramientas que se dieron. Entonces, no es una desprotección permitir enfrentar adecuadamente el riesgo al incorporar al actor más idóneo para evaluar el riesgo, como lo son las compañías de seguro. Asimismo, pasando a un sistema general con autenticación reforzada, que es un mecanismo de protección para todos los actores.

Entonces, lleva este estándar a algo que sea equilibrado, creo yo, para todos los involucrados, y especialmente para el cliente financiero, porque no se le quitan los mecanismos para que no haya una arbitrariedad por parte del emisor para tomar las medidas, sino que se mantiene el tema de que tenga que ser por la vía judicial.

¿Hay algo adicional que hubiese incorporado en el proyecto?

Otros temas que a lo mejor se podrían incorporar, pero que son mucho más macro, es respecto de la sobrecarga que tienen los Juzgados de Policía Local con este tema, que también es algo que se comenta y se ve en la evidencia. Pero a lo mejor, eso es algo hay que pensar más, porque si no, ¿a qué otro tribunal se le asigna el rol, por ejemplo?. Esto requeriría un análisis para ver a quién le correspondería hacer esa revisión, por la carga que significaría.