Fue una de las primeras medidas que anunció el miércoles por la noche el gobierno de José Antonio Kast. De los seis decretos que firmó ese día en la noche, el Presidente José Antonio Kast, uno tiene relación con el gasto público, ya que tiene como eje central realizar una “auditoría total” al Estado.

“Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar. Un país con sus finanzas públicas debilitadas. Un país donde el crimen organizado y el narcotráfico han avanzado. Un país donde las familias se sienten abandonadas por el Estado”, señaló Kast en su discurso en La Moneda.

El documento que contó con las firmas de los ministros del Interior, Claudio Alvarado, de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, tiene como instrucción fijar un “mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”.

La auditoría tendrá tres ejes: técnica, que establece que realizarla es una línea de base “irrefutable” para cada servicio público. El segundo eje es político, el cual fija como “estándar, un gobierno de emergencia y máxima exigencia” y el tercero de probidad, el cual establece que “se denuncie de manera inmediata las irregularidades”.

El alcance es para todos los ministerios e instituciones del Estado, quienes deben reportar directamente al Presidente de la República. Esa fue la información que se entregó el primer día.

Pero ¿cómo se aplicará en la práctica? De acuerdo a quienes conocen la aplicación de esta medida cuentan que la idea tiene como base activar el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, entidad que será la coordinadora de la auditoría. Este consejo está integrado por el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, y dos consejeros que deben ser nombrados por el Presidente Kast.

Si bien este órgano existe desde 1997, su alcance era limitado, puesto que es un consejo asesor presidencial que no cuenta con atribuciones para tomar decisiones. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric, envío una ley para fortalecer esa institucionalidad debido a los problemas con los recursos entre servicios y fundaciones. A mediados del año pasado se aprobó la nueva institucionalidad, la cual el nuevo gobierno dará curso para iniciar su plan de auditoría interna.

Dada la nueva institucionalidad, este consejo podrá fiscalizar a los ministerios, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Queda excluidos de la aplicación de la ley la Contraloría General de la República, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, los gobiernos regionales, las municipalidades, las empresas públicas creadas por ley y las instituciones de educación superior de carácter estatal.

Así, quienes conocen la forma en que comenzará a funcionar la auditoría señalan que el consejo será quien coordinará y monitoreará el avance de este trabajo, pero que el trabajo de auditar cada ministerio recaerá en la auditoría interna que tiene cada repartición.

Si bien el objetivo es poder auditar todos los movimientos de ingresos y gasto, el escenario realista es que se deba escoger qué áreas y ministerios en particular merecen mayor atención para pesquisar si hay algunas situaciones anómalas.

El diagnóstico que tiene el gobierno es que en algunas reparticiones el proceso de auditoría funciona bien, en otros regular, pero también derechamente mal. Es en estas últimas donde se pondrá el acento. Asimismo, fuentes del gobierno afirman que una vez que se detecten esa inconsistencia, se podría evaluar un siguiente paso y contratar auditorías externas para tener una mirada más completa del problema.

Las mismas fuentes afirman que no hay plazos definidos para tener los primeros balances, pero se está trabajando con sentido de urgencia. Por ello, lo primero que debe hacer Kast es nombrar los dos cupos pendientes que quedan en el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno.

El presidente de la Asociación de Auditores Externos, Arturo Platt, explica que “con lo que conocemos hasta ahora y desde una perspectiva técnica, una auditoría de esta naturaleza debería contemplar, al menos, etapas de planificación, evaluación de riesgos, revisión de sistemas de control interno, ejecución de pruebas, análisis de evidencia, identificación de hallazgos y recomendaciones de mejora”.

Menciona que “si el objetivo es una revisión integral del gasto y de los mecanismos de control asociados, entonces no estaríamos frente a una auditoría tradicional o rutinaria, sino ante un proceso más amplio, que puede requerir altas capacidades de análisis, manejo de datos, trazabilidad y eventualmente herramientas especializadas, dependiendo de su alcance”.

Juicio de los expertos

Entre los expertos en procesos de autorías valoran la iniciativa y que sea una orden emanada desde la Presidencia de la República. Arturo Platt señala que “lo nuevo de este proceso, es que viene impulsado y liderado directamente desde la Presidencia de la República y que su coordinación estará a cargo de un grupo de alto nivel, lo que permite dotarlo de gobernanza y conducción institucional”.

En ese sentido, el experto aseveró que “desde el punto de vista técnico, el diseño anunciado parece orientarse a una auditoría integral, que requiere de evaluaciones previas, determinar las entidades o las áreas a revisar”.

Asimismo, el especialista puntualiza que “el tipo de auditoría que se requiere ejecutar, y el alcance de los trabajos de auditoría a ejecutar existen normas profesionales, experiencia comparable, guías y muchas metodologías a considerar. Existe mucha experiencia para compartir cómo llevar a cabo estos procesos”.

Ante la opción de contar con una auditoría externa para una mayor efectividad en los resultados Platt indica que “no siempre es una disyuntiva entre auditoría interna o auditoría externa. Lo razonable es definir cuál es la combinación más adecuada según el alcance del trabajo, los plazos, los riesgos involucrados, la complejidad de la revisión y las capacidades tecnológicas que se requieran. En esos casos, la participación de firmas de auditoría externas puede aportar capacidad operativa, especialización sectorial y herramientas tecnológicas de mayor escala”, subrayan.

Una posición distinta entrega Carlos Barahona, socio Líder de Auditoría de CCL Auditores Consultores, quien afirma que “si el objetivo de estas auditorías es la detección de irregularidades, según lo manifestado por el actual gobierno, sería recomendable que las mismas sean realizadas por auditores externos, asegurando con ello procesos transparentes e independientes, con profesionales expertos que entreguen confianza a la comunidad de sus resultados”.