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La fusión entre Anglo American y Teck llega al análisis de la FNE en Chile

Los dos gigantes mineros ya consiguieron la aprobación de Canadá y ahora someten su unión en el país donde operan Collahuasi y Quebrada Blanca, las que busca integrar para elevar su producción en 175 mil toneladas de cobre al año.

Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, y Jonathan Price, CEO de Teck

Hace unos días la fusión que planean concretar Anglo American y Teck, denominada Anglo Teck, recibió la aprobación regulatoria del gobierno de Canadá, que exigió diferentes compromisos.

Entre ellos, que el nombre de la fusión será Anglo Teck; que su casa matriz estará en Canadá; que una mayoría directiva tendrá su sede en el mismo país; y que cotizará en la Bolsa de Toronto (TSX).

En otros compromisos, con plazos límites, Anglo Teck deberá invertir al menos US$ 3.250 millones en Canadá durante cinco años y unos US$7.270 millones en 15 años.

Canadá, además, pidió que la integración evalúe la viabilidad de construir una fundición de cobre en Columbia Británica.

Anglo Teck contempla una sinergia entre sus unidades Collahuasi y Quebrada Blanca y proyecta un aumento de 175 mil toneladas más de cobre anual, con un alza de US$1.400 millones de Ebitda. Collahuasi es de Anglo American y Glencore en partes iguales de 44%, mientras que Quebrada Blanca es de Teck en un 60%.

Como referencia, el año pasado Collahuasi produjo 558 mil toneladas de cobre y Quebrada Blanca, 207 mil toneladas.

Inicio en la FNE

En Chile el proceso de fusión ya se inició. Las partes ya comenzaron el proceso en Chile y presentaron la operación al examen de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), según revela una fuente conocedora del proceso.

Expertos en el desarrollo de estos procedimientos explican que todas las empresas que toman parte de la operación tienen que concurrir a firmar la notificación. Recibida una notificación por parte de la fiscalía -según establece la Ley 211-, el organismo tiene 10 días hábiles administrativos para revisar la información y los antecedentes que tienen que acompañar las empresas.

Luego decide, en caso de que se encuentre la documentación necesaria, iniciar una investigación, que abre una primera fase que dura 30 días administrativos. “La gran mayoría de las operaciones de concentración se revisan en la fase 1. Esto quiere decir que en el término de esos 30 días, la operación se aprueba”, dice un experto, que aclara que se aprueba sujeta a la incorporación de medidas de mitigación.

Las operaciones de concentración que pasan a fase 2 son aquellas donde la fiscalía identifica riesgos posibles asociados a la operación, extendiendo su análisis por 90 días administrativos, con posibilidades de extensión.

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