Las dudas de expertos sobre la legalidad de la negociación portuaria en Valparaíso

Ramon Monroy/Aton Chile

El acuerdo firmado entre el gobierno y los trabajadores eventuales del Terminal Pacífico Sur (TPS) de Valparaíso dejó en evidencia, a juicio de expertos en derecho laboral, la necesidad de avanzar en una legislación más adecuada al tipo de trabajo que se desarrolla en el sector.


El 21 de diciembre, los trabajadores portuarios eventuales del Terminal Pacífico Sur (TPS) de Valparaíso, pusieron fin a 36 días de movilizaciones, las que terminaron tras un acuerdo con el gobierno como mediador de una mejora en sus condiciones laborales.

La negociación no gustó a expertos en derecho laboral, quienes sostienen que esto dejó en evidencia las falencias que la legislación tiene a la hora de regular trabajos no tradicionales.

Para la socia del área Laboral de PPU, Paulina Miranda, se trata de un acuerdo bastante particular, debido a la no concurrencia de Ultraport ni de TPS (esta última de trato directo con los trabajadores movilizados).

“Ya eso llama la atención respecto de cuán serio es este acuerdo”. Agrega que tampoco se elaboró una nómina, con nombre y rut, como se hace en las negociaciones tradicionales, para determinar la cantidad de beneficiados. Por ello, a días de la firma, se generaron nuevas movilizaciones, acusando que algunos trabajadores habían quedado fuera del acuerdo. “Esa informalidad propia en que viven estos trabajadores eventuales hace que este acuerdo haya sido un paliativo para destrabar la crisis”, afirma.

Francis Reyes, Directora del grupo laboral de RCZ Abogados, agrega que el rol del gobierno “a lo máximo podría ser considerado como una posición de garante ‘social’ que ha solido ser una posición que ha adoptado en anteriores conflictos de esta industria”.

El socio de Saavedra y Cía Abogados, Juan Pablo Saavedra, tampoco cree que haya sido un buen acuerdo, aunque por razones diferentes. Sostiene que el proceso “no se ajustó a derecho.

Los trabajadores eventuales nuevamente forzaron un acuerdo utilizando medios ilegítimos en una negociación colectiva, como es el uso reiterado de la violencia” y que esto hace que se generen acuerdos “que son difíciles de sostener en el tiempo, ya que al momento de suscribirse la voluntad de una de las partes no se ha expresado en forma libre”.

Esta situación de conflictividad se da en parte porque el Código del Trabajo pretende aplicar las mismas normas a todas las formas laborales, dice Miranda.

Por esto, y a juicio de Marcelo Soto, socio de UH&C abogados agrega que “queda en evidencia la necesidad urgente que Chile tiene de una nueva política pública portuaria, que aborde en toda su complejidad este sector estratégico de nuestro país: productividad, competitividad, trabajo, tecnología, automatización, regulación, sistema de solución de controversias, mercados globales, entre otros”.

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