La reacción en cadena que ha generado el escándalo destapado por la Contraloría General de la República (CGR) la semana pasada, al establecer que más de 25 mil empleados del sector público viajaron fuera del país estando con licencia médica, no para, y todos los organismos, reparticiones y empresas del Estado están revisando sus casos particulares y tomando acciones al respecto, desde sumarios a despidos.

Sin embargo, hay entidades autónomas que por su carácter de tal no responden a la fiscalización de la Contraloría y que por tanto no fueron incluidas en el informe del órgano contralor. Uno de esos casos es el del Banco Central, cuya independencia está consagrada en la Constitución. Pero eso no significa que no esté haciendo nada en la materia.

Consultado por Pulso sobre si indagará si hay funcionarios suyos que salieron al extranjero estando con licencia médica, el instituto emisor presidido por Rosanna Costa respondió que, de partida, “tiene una normativa interna que regula el permanente monitoreo, control y seguimiento del uso de las licencias médicas” y que es la gerencia de Personas -hoy a cargo de Daniel Mancilla- la responsable de velar por su cumplimiento. Pero adicionalmente, explicó que “la Contraloría interna a través de sus auditorías valida que las distintas instancias ejecuten su labor conforme a las disposiciones vigentes. En esta línea, en el marco de una auditoria planificada para este año y actualmente en curso, se está revisando el uso de licencias”.

En ese contexto y a raíz de lo denunciado por la CGR, sostuvo que están “evaluando” solicitar las bases de datos de control migratorio de sus funcionarios a la PDI.

“Es una gestión que estamos evaluando, al mismo tiempo que estamos realizando las consultas correspondientes. El Banco Central no tiene acceso a las bases de datos de la PDI. Las bases de datos nominadas (con nombre específico) están sujetas a reserva legal, por ende, para acceder a ellos se deben cumplir los requisitos legales que lo autoricen, que es precisamente lo que se debe analizar y consultar en este caso”, precisó el ente rector.

En el Banco Central trabajan actualmente 779 funcionarios -al cierre de abril- y el uso de licencias médicas ha mostrado un descenso, al menos en los últimos dos años. Así, mientras en 2022 hubo 596 licencias -excluidas las maternales- que correspondieron a 311 funcionarios, con una mediana de 5 días, en 2023 esos números bajaron a 443 licencias y 237 funcionarios. Y en 2024 las licencias fueron 428, para 245 funcionarios, con una mediana de 4 días. Con ello, a su vez, el índice de ausentismo laboral -indicador que mide la proporción de tiempo no trabajado por los empleados debido a ausencias justificadas o injustificadas, en relación con el tiempo total que deberían haber trabajado en un período determinado- ha retrocedido de 2,43% en 2022, a 2,14% en 2023 y a 1,51% en 2024, cifra que se repite en lo que va de este año.

Del total de personal de la institución, la proporción de afiliados a isapres y Fonasa es de 92% y 8%, respectivamente.

En relación a las sanciones a las que se exponen quienes hagan mal uso de licencias médicas, el Banco Central indicó que las relaciones con sus funcionarios se rigen “por el Reglamento de Personal de la institución y el Código del Trabajo, con énfasis importante en probidad. El incumplimiento de dicha normativa conlleva la aplicación de las sanciones que procedan de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, incluyendo la terminación de la relación laboral en los casos en que se establezcan faltas a la probidad”.

En todo caso, precisó que en los últimos años nadie ha sido sancionado por ese motivo.

Los resultados de las auditorías internas del Banco Central son presentados a un Comité de Auditoría y Cumplimiento (CAC) integrado por tres personas externas a la entidad, designadas por su consejo. Se debe tratar de profesionales de reconocido prestigio en materias financieras, o de auditoría y evaluación de riesgos, o en materias jurídicas o económicas.

Según detalló el instituto emisor, el CAC ha sido presidido por Luis Bates (2007 a 2014), José Luis Cea (2014 a 2020), Ramiro Mendoza (2020 a 2024) y Enrique Marshall (2024 a 2025). Actualmente lo integran también María Eugenia Sandoval y Alejandro Zurbuchen. En el caso de Enrique Marshall, este deberá ser reemplazado en los próximos días debido a su designación en el consejo directivo del nuevo Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP).