Una demanda contra la Corporación Administrutiva del Poder Judicial (CAPJ) presentó la empresa OHL ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La compañía de capitales españoles acusa que se le negó injustificadamente el acceso a una licitación para la construcción del Centro Judicial de Chillán, atentando contra la libre competencia.

A la licitación se presentaron 8 ofertas, entre ellas la de OHL. Con posterioridad, dice la empresa, la Comisión de Evaluación propuso adjudicar el proyecto a OHL, por haber obtenido el mayor puntaje.

Sin embargo, agregan, la Corporación Administrativa del Poder Judicial declaró desierto el proceso bajo el argumento que las ofertas no eran convenientes a los intereses institucionales. En la caso de OHL, señalaron que ésta “presenta una baja considerable en el precio de sus acciones en su casa matriz en España, situación que hace riesgosa e inconveniente su contratación”.

Descargos

“Si el criterio para determinar la capacidad económica de los oferentes fueren los niveles de fluctuación del precio de sus acciones, ninguna empresa en Chile estaría en condiciones de ser adjudicada, toda vez que no hay empresa en el mundo cuyas acciones estén exentas de los vaivenes propios de los mercados de valores”, critica la compañía.

Pero OHL va más allá. Acusan que “lo anterior, no hace más que sospechar que existe una clara intención del Estado de excluir a OHL de las licitaciones, en un actuar manifiestamente ilegal y atentatorio en contra de libre competencia”.

Agrega que “se hace imprescindible que el Estado no desincentive la participación de dichos agentes económicos creando barreras artificiales o requisitos adicionales a aquellos propios de la actividad”.

Pide al TDLC retrotraer la licitación al estado de evaluación de las ofertas, se disponga de una medida para que en las futuras licitaciones la CAPJ se abstenga de incurrir en estas conductas y máximas multas.