Una nueva investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional dedicada a la defensa del medioambiente y los derechos humanos, con foco en la pesca industrial y las cadenas de suministro advierte que la pesca de jibia (calamar gigante o pota) en el Pacífico Sudeste, una actividad estratégica para la economía chilena, enfrenta una creciente presión debido a la sobrepesca en alta mar, y que grandes flotas chinas de aguas distantes aprovechan vacíos normativos en el Pacífico Sudeste.

La publicación del informe, destaca la entidad en un comunicado de prensa, coincide con un momento clave para la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP‑PS), que se reunirá en Panamá a partir del 2 de marzo para discutir diversas propuestas concretas para revertir esta situación.

La investigación de EJF documenta fallas de transparencia y regulación en la flota de calamar de aguas distantes de China, que operó con 528 buques poteros en el área de la OROP‑PS en 2024, el doble que en 2014 y responsable del 98,7% de toda la actividad de pesca con pota en alta mar en el Pacífico Sudeste.

“Esta falta de control permite que prosperen abusos contra los derechos humanos, incluidas condiciones de trabajo forzoso, violencia física y fallecimientos de tripulantes, así como daños ambientales y prácticas de pesca destructivas, como el aleteo de tiburones (corte de aletas y devolución del cuerpo al mar) y el arponeo de focas”, indica el informe.

Impacto económico

En cuanto a Chile el informe sostiene que es uno de los principales actores históricos de la pesca de jibia en el Pacífico Sudeste. En 2023, dice, la flota artesanal nacional, compuesta por alrededor de 1.800 embarcaciones, desembarcó más de 105 mil toneladas del recurso. En paralelo, añade, las exportaciones chilenas alcanzaron en 2024 los US$178 millones, registrando un crecimiento del 56% respecto del año anterior.

La investigación advierte que, pese a estos resultados, la sostenibilidad económica de la actividad está siendo amenazada por la falta de controles efectivos en alta mar.

Al respecto indica que “la flota china de aguas distantes concentra actualmente la mayor parte de la pesca de jibia fuera de las Zonas Económicas Exclusivas en el Pacífico Sudeste, operando bajo estándares regulatorios considerablemente menos exigentes que los que enfrentan los pescadores chilenos dentro de aguas nacionales”.

Añade que esta asimetría regulatoria genera una competencia desleal que pone en riesgo los esfuerzos de ordenamiento aplicados por Chile, incluyendo la prohibición del arrastre para esta especie. Según la EJF, la sobreexplotación del recurso en alta mar puede neutralizar las medidas de conservación internas, con impactos directos en los ingresos, el empleo y la estabilidad de miles de familias vinculadas a la pesca artesanal.

Puertos y definiciones políticas

El informe también alerta sobre el rol de Chile en el sistema de control portuario regional. En este sentido indica que tras el endurecimiento de las exigencias de acceso a puertos en Perú, que derivó en la ausencia de recaladas de buques chinos durante 2025, las recaladas de estas naves en puertos chilenos aumentaron de manera significativa, pasando de menos de diez en 2024 a cerca de 180 en 2025.

De acuerdo con el mismo reporte, esta situación expone a Chile a riesgos económicos, reputacionales y regulatorios, al facilitar indirectamente la continuidad de operaciones asociadas a sobrepesca, pesca ilegal y abusos a los derechos humanos en alta mar. “En un contexto de mayor escrutinio internacional sobre la trazabilidad y sostenibilidad de los productos del mar, estas decisiones pueden tener consecuencias en el acceso a mercados y en la imagen del país”, dice el informe.

EJF subraya que Chile enfrenta una definición clave: avanzar hacia un rol más activo en la gobernanza regional de la pesca de jibia, alineando sus decisiones internas con los esfuerzos de otros países costeros, o asumir los costos económicos y políticos de mantener un sistema que hoy carece de salvaguardas suficientes para proteger un recurso estratégico para el país.