Parlamentarios redoblan apuesta y aprueban proyecto que establece la gratuidad de los servicios básicos al 40% más vulnerable

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El martes se aprobó en la Comisión de Economía de la Cámara dicha indicación. Desde las industrias hay preocupación por el avance del proyecto que este miércoles se vota en Sala.




Hace unas semanas, el gobierno anunció un plan para ayudar al 40% más vulnerable de la población con los pagos de sus cuentas de luz, agua y telefonía. Paralelamente comenzó a avanzar un proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara, en el que se busca prohibir el corte o suspensión del suministro de servicios básicos mientras se extienda el Estado de Catástrofe.

Esa iniciativa ha seguido su curso y este martes se aprobaron dos indicaciones en las que se busca más beneficios para la población: la primera, tiene como objetivo dejar exento -y no postergar- del pago de cuentas de servicios básicos al 40% más vulnerable de la población y a aquellos que se acogieron a la ley de protección del empleo. Esto, será por 90 días desde que se publique el proyecto.

En la otra indicación se busca que las empresas transmisoras y generadoras sigan prestando servicios a las distribuidoras y que lo que las distribuidoras tengan que pagar a las otras dos, se haga cuando termine el Estado de Catástrofe.

Este martes comenzó la discusión en Sala y al respecto, el ministro Secretario General de la Presidencia, Felipe Ward, criticó la iniciativa, señalando que no hay recursos limitados ni del sector público ni del privado, por lo que hay que ser cuidadosos al momento de tomar decisiones.

Reacciones

Las decisiones tomadas en el Congreso provocaron preocupación entre actores del sector eléctrico. Desde Generadoras de Chile, su presidente ejecutivo, Claudio Seebach, señaló que “creemos que la gratuidad, que proponen algunos parlamentarios y que es un esfuerzo que no se le está pidiendo a ningún otro sector del país, podría afectar gravemente la sostenibilidad del sector”.

Carlos Finat, director ejecutivo de Acera, sostuvo que “el proyecto no aborda la manera del cómo se financiarán los costos de los beneficios que se le otorguen a los consumidores favorecidos por el proyecto y esa indefinición permite suponer que en algún momento se originará una interrupción de la cadena de pagos entre distribuidoras”.

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