83 páginas y no 7 como el que presentó para la elección de las primarias presidenciales, tiene el programa que ingresó este lunes al Servel la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara. De ese total, unas 30 paginas fueron destinadas para abordar las temáticas del área económica.

“Queremos un país que crezca, pero que lo haga distribuyendo de mejor manera esa riqueza. Eso significa apoyar a las pymes, diversificar la matriz productiva, apostar por la innovación y fortalecer la minería con valor agregado. Crecimiento sí, pero crecimiento con justicia”, afirmó Jara al momento de presentar su programa, donde además debutaron nuevos integrantes del comando.

Uno de ellos es el diputado DC Eric Aedo, que será el encargado de tender puentes con el empresariado y la exministra del Trabajo y también militante DC, Alejandra Krauss, quien será la encargada de los temas laborales.

Dentro de las materias que estuvieron en el programa de las primarias y que ahora fueron excluidos de este nuevo texto, se encuentran una reforma tributaria que apuntaba a establecer un tributo a los súper ricos y la idea de eliminar las AFP y avanzar en una nueva reforma de pensiones.

Ingreso vital

Una de los principales compromisos que había adquirido la candidata en su elección de primarias era el alcanzar un salario vital de $750 mil pesos en un plazo de cuatro años, como un símil de salario mínimo. Esa promesa fue puesta en duda por su propio asesor principal en el ámbito económico, Luis Eduardo Escobar, ya que en una entrevista con Pulso dijo que “el consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil”.

Frente a eso, en el nuevo programa si bien dicho monto se mantiene, se modifica el concepto de salario vital a ingreso vital, y por lo tanto la composición y forma en que se llegaría a esa cifra. Así, ahora se inidica que “se presentará una fórmula mixta que considera incrementos al ingreso mínimo mensual, subsidio a las empresas de menor tamaño, y una transferencia directa a las y los trabajadores sujetos al ingreso mínimo mensual”.

En el detalle se señala que, durante el primer año de gobierno, se convocará a un diálogo social tripartito, que incluirá a las organizaciones sindicales y gremios empresariales, donde se buscará generar acuerdos que permitan establecer la trayectoria y los mecanismos para implementar el ingreso vital de $750.000 hacia el final del gobierno. Una vez alcanzado ese acuerdo, se enviará un proyecto de ley.

En el desglose de la propuesta se propone que el ingreso vital sea el resultado de la articulación de tres componentes: aumento del ingreso mínimo mensual, en una trayectoria que consideré la evolución observada de la inflación, del crecimiento y de la productividad; un subsidio a las empresas de menor tamaño, y una transferencia monetaria a los trabajadores formales con remuneraciones equivalentes al ingreso mínimo mensual, que completará el monto necesario para alcanzar el ingreso vital de $750.000 dentro del periodo de gobierno. “De esta forma, la implementación del ingreso vital será un potente incentivo a la formalización laboral”, dice el programa.

Otro de los temas que generó polémica en un comienzo fue la propuesta de una negociación ramal. Pese a ello, la candidatura la mantuvo, pero con otro nombre, ya que la llama ahora “multinivel”. “Avanzaremos en la dirección de establecer una negociación multinivel, mirando el futuro del trabajo, tomando en cuenta la heterogeneidad de nuestra economía, y especialmente las condiciones de las empresas de menor tamaño. Esto con el objetivo de nivelar la cancha”, establece el texto. Asimismo, menciona que experiencias internacionales “como Alemania, Canadá, Irlanda muestran que, frente a los desafíos de las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo, los acuerdos entre empleadores y trabajadores agrupados pueden dar respuestas a las necesidades de reconversión laboral que surgen permanentemente y fomentan la formación de capital humano avanzado”.

Si bien en el programa no se precisa si en esa negociación multinivel se incluirán o no las tratativas sobre salarios, Escobar afirmó a la salida de la presentación del nuevo programa, que “las discusiones salariales ocurren a nivel de las empresas en nuestra ley, así que van a seguir ocurriendo a nivel de las empresas”.

Empleo

Dentro de las propuestas hay un énfasis en activar distintos mecanismos para impulsar la creación de empleo. “Proponemos un conjunto de medidas que tienen como objetivo incentivar la contratación de trabajadoras y trabajadores, especialmente en aquellos segmentos más vulnerables; reducir brechas de género y disminuir barreras para su incorporación al mercado laboral; así como unificar y racionalizar la oferta e instituciones públicas relacionadas con el empleo”.

Aquí se inscribe una reformulación del Sence para que su alcance y efectividad sea mayor. Por ello se propone una “reorganización, integración y fortalecimiento del sistema completo en una Agencia Nacional de Empleo que, utilizando los recursos existentes, y gracias a una robusta infraestructura digital, presencia territorial y gobernanza tripartita, pueda llevar adelante una Política Nacional de Empleo”.

También se plantea dar urgencia al proyecto que extiende la sala cuna eliminando la restricción que limita este derecho únicamente a empresas con 20 o más trabajadoras. “Así, ampliaremos el acceso universal al beneficio de sala cuna para todas las madres y padres trabajadores con hijos o hijas menores de 2 años, asegurando su financiamiento a través de un fondo constituido con aportes de las empresas y del Estado”, se indica.

También se ampliará “progresivamente el permiso postnatal para padres, pasando del actual permiso de 5 días a un mes, como un paso concreto hacia una corresponsabilidad efectiva en el cuidado desde los primeros meses de vida”, se manifiesta, y se dará “prioridad a la aprobación e implementación del proyecto de ley que crea el Subsidio Unificado al Empleo que hace más eficiente la política de empleo del Estado, al unificar y armonizar el Subsidio al Empleo Joven, el Bono Empleo a la Mujer, y el Subsidio Previsional a las y los Trabajadores Jóvenes”.

Inversión

Otro de los principales ejes del programa es el fortalecimiento de la inversión pública y privada. Para ello se detalla una serie de medidas a implementar que van en línea con la reducción de los tiempos para la tramitación de los permisos sectoriales y medioambientales. de esta forma, se menciona que se implementará la ley Marco de Permisos Sectoriales y se hará “un segundo proceso de revisión para racionalizar y optimizar la obtención de permisos”.

Para lograrlo, dice que se creará la nueva oficina para agilizar los procesos de inversión, implementando la ventanilla única para agilizar los procesos de inversión.

Otra propuesta apunta a establecer un plan de trabajo público privado en cada región del país. Se explica que regionalmente se reunirá el sector privado, representado por las cámaras respectivas, empresarios y gremios a nivel de grandes medianas y pequeñas empresas, organizaciones sindicales y autoridades del gobierno. “Se identificarán proyectos estratégicos (públicos y privados) para el desarrollo productivo y la empleabilidad de la región, con foco en la gestión y materialización de la cartera de proyectos existente. Luego de la identificación, empujaremos la materialización de los proyectos priorizados, coordinando los esfuerzos de los organismos públicos existentes”, asegura el texto.

También se creará un sistema nacional de inversiones con el objetivo de agilizar “la concreción de proyectos de inversión pública, mediante la adecuación de los procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), para evaluar cada proyecto de manera proporcional a su complejidad y no paralizar la actuación del Estado”.

Se plantea reducir el tiempo de tramitación ambiental de proyectos de inversión, optimizando la calidad de la evaluación. Para ello, se dice que “es clave fortalecer los procesos de participación ciudadana temprana, de manera que las comunidades y actores relevantes puedan incidir desde el inicio en el diseño de los proyectos, evitando conflictos posteriores y mejorando su calidad y se eliminará la instancia política del comité de ministros”.

Otra medida apunta a la creación de una Oficina Presidencial de proyectos estratégicos y articulación de la inversión privada y pública. “Identificaremos los proyectos estratégicos de desarrollo, en conjunto al sector privado. Para ello crearemos una Oficina Presidencial que coordine y articule las inversiones públicas y privadas para generar mayor impacto productivo, a través de los equipos de seguimiento que actualmente existen en los Ministerios de Minería, Energía, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, y Economía, Fomento y Turismo, Ministerio del Trabajo, para la obtención de insumos, así como la resolución de cuellos de botella”, se indica.

Además se buscará acelerar la inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas y ferrocarriles para fortalecer la conectividad y competitividad nacional.

Se puntualiza en este eje que “el Estado también facilita la inversión privada directamente cuando invierte en infraestructura de uso público tal como carreteras, puertos y aeropuertos, e indirectamente cuando se licitan concesiones de infraestructura”. Asimismo dice que “se facilita la inversión cuando se generan condiciones para crear o facilitar el desarrollo de mercados en que operan los privados. Ejemplo de esto último es la creación de mercados para el sistema eléctrico y las telecomunicaciones, los Tratados de Libre Comercio (TLC), que expanden los mercados para nuestras exportaciones y la generación y promoción de nuevas actividades económicas, como lo fueron en su momento la salmonicultura y la expansión forestal”.

Sobre el litio se menciona que “a través de Codelco y Enami, se han levantado nuevos proyectos y alianzas público - privadas, lo que aumentará la capacidad productiva del país. Consolidaremos la creación de una Empresa Nacional del Litio que genere valor agregado con empleos de calidad, con investigación y ciencia”.

Subsidio a la vivienda

Se entregará un “hipotecazo” para jóvenes entre 25 y 35 años para “garantizar el acceso en propiedad a la vivienda de hasta $100 millones para los jóvenes en condiciones de pagar un dividendo de hasta $300.000 reajustables en UF”.

En el detalle se señala que se creará un Fondo de Garantía Estatal Concursable operado por BancoEstado y abierto a la participación de cualquier banco que desee incorporarse al sistema y que garantizará con fondos estatales los montos prestados a este efecto; se entregará un subsidio para aportar como pie a la banca cuyo monto promedio debiera oscilar en torno a los $20 millones por operación; un mecanismo de financiamiento que aporte el 90% del valor solicitado a ser pagado en el plazo de 30 años y una tasa de interés fija que no supere el 3,5% anual en UF.

Financiamiento

De acuerdo al programa “las medidas que requieran mayor gasto estarán financiadas con movilización de recursos adicionales; mediante reasignaciones de gasto; medidas estrictas que permitan optimizar los programas mal ejecutados; y fortalecer la recaudación de ingresos fiscales, incluyendo gasto tributario y las medidas para reducir la evasión y elusión”.

Por lo tanto, indican que “la deuda pública se mantendrá dentro de los parámetros actualmente proyectados en el marco financiero de mediano plazo del gobierno central, comprometiéndonos con una trayectoria hacia la convergencia fiscal”.