El impuesto territorial que se refleja en el cobro de las contribuciones sigue generando debate técnico y político.

Si bien el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, ha salido al frente de la crítica medidas como lo es el eliminar el “factor comercial” para el cálculo de las contribuciones en Santiago Centro y afirmando que el 85% de los adultos mayores que les corresponde pagar este impuestos están exentos por las distintas medidas de apoyo que se entregan.

Debido al escalamiento de esta problemática, la senadora de Demócratas y presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón, tomó un rol más activo y presentó un proyecto de ley de reforma constitucional para congelar el alza de este tributo hasta que se legisle mejorando la forma que se fijan las contribuciones.

El proyecto lleva además la firma de los senadores Gastón Saavedra (PS), Rojo Edwards (independiente), Luciano Cruz-Coke (Evopoli) y Matías Walker (Demócratas).

“Hemos presentado dos proyectos, una reforma constitucional y una legal, para detener la injusticia en el aumento de las contribuciones para los chilenos y chilenas. Hay miles, no solo el 20% más rico, que se han tenido que endeudar o derechamente vender su casa por el alza en este impuesto (...) Nuestro objetivo es proteger al contribuyente porque el propio director del SII ha admitido que no están claros los criterios para estas alzas que en muchos casos ha llegado incluso al 50%. Eso es inaceptable”, sostiene la senadora Rincón.

De acuerdo a la moción legislativa, el propósito de esta propuesta es “establecer una base sólida y moderna que asegure que el ejercicio del poder tributario se ejerza dentro de los límites que impone un Estado de Derecho democrático”.

De acuerdo al proyecto, “la propuesta de reforma constitucional que impulsamos responde directamente a las garantías establecidas en los numerales 20º y 26º del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, los cuales consagran principios esenciales para la justicia tributaria y la protección de los derechos ciudadanos”.

En este sentido, se enfatiza que “el impuesto territorial debe diseñarse y aplicarse respetando la seguridad jurídica y el acceso efectivo de los contribuyentes a un sistema tributario transparente y justo, sin cargas arbitrarias que limiten derechos fundamentales vinculados al patrimonio y a la estabilidad económica familiar”.

Asimismo, explica que el numeral 20º establece el principio de igualdad en la distribución de las cargas tributarias, que deben ser proporcionales a las rentas o progresivas conforme a la ley, por lo que se prohíbe tributos manifiestamente desproporcionados o injustos.

“La experiencia reciente en materia de contribuciones ha evidenciado desafíos en estos principios, donde alzas abruptas y poco transparentes han afectado especialmente a sectores vulnerables, generando un desajuste entre la función recaudatoria del Estado y la protección efectiva de los derechos de los contribuyentes”, puntualiza la propuesta.

Así, dado esa argumentación, la iniciativa establece que “mientras no entre en vigencia una ley que, por iniciativa del Presidente de la República, regule el impuesto territorial conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y progresividad tributaria, se mantendrá inalterado el monto vigente de dicho tributo a la fecha de publicación de esta reforma constitucional”.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que “esta disposición no impedirá que se puedan establecer rebajas al impuesto territorial que deban pagar los contribuyentes, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley referida en el inciso precedente”.