En menos de 40 días, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recibió dos sentencias condenatorias por vulnerar los derechos fundamentales de cinco trabajadores que denunciaron haber sido víctimas de acoso y maltrato laboral. Los tribunales concluyeron que la institución no protegió a sus funcionarios, pese a haber recibido denuncias formales, y calificaron el entorno como hostil, jerárquico y perjudicial para la salud mental.

En ambos casos, los tribunales laborales ordenaron a la directora ejecutiva del SEA Valentina Durán a pedir disculpas públicas a los denunciantes que aún mantienen vínculo vigente con la institución. Desde el SEA explicaron que ante la primera sentencia se presentó un recurso de nulidad y que también recurrirán por el segundo fallo.

La primera sentencia fue dictada el 5 de mayo de 2025 por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En ella, el tribunal acogió una demanda de tutela laboral presentada por los evaluadores Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Diego Trecamán y Camila Ramírez, quienes acusaron haber sido víctimas de conductas abusivas y represalias por parte de sus jefaturas directas. Según la sentencia, los demandantes relataron “un contexto sistemático de hostigamiento, presión indebida, acoso, discriminación, desprotección institucional y vulneración reiterada de su dignidad personal y profesional”.

Los trabajadores denunciaron que sus advertencias internas no fueron escuchadas y que la situación derivó en represalias indirectas, aislamientos funcionales, cambios de unidad injustificados y deterioro progresivo de su salud mental.

Los denunciantes identificaron como principales responsables al jefe de División, Juan Cristóbal Moscoso, y a las jefas de departamento Macarena Gross y Camila Carrasco. El fallo destaca, por ejemplo, que uno de los funcionarios, Diego Trecamán, fue citado a una reunión privada donde su jefe lo acusó de “falta de lealtad institucional”, hecho que el tribunal interpretó como “una amenaza velada que vulnera la libertad de expresión garantizada por la Constitución”.

El fallo consignó que se constataron “cuadros de estrés laboral, deterioro de la salud psíquica, y en algunos casos, licencias médicas psiquiátricas”. En el caso de Camila Ramírez, el tribunal detalló que la exclusión laboral y la presión arbitraria “provocaron un colapso emocional que desembocó en una licencia médica por estrés y posteriormente en su renuncia voluntaria”.

“Esta sentenciadora no puede sino concluir que efectivamente los denunciantes han sido afectados en lo relativo a la garantía fundamental protegida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la Republica, referida a su integridad psíquica, encontrándose expuestos a desempeñar sus funciones para el Servicio Público denunciado, sujetos a una jefatura cuyo liderazgo disfuncional ha sido cuestionado no solo por la Asociación Chilena de Seguridad, al diagnosticar como patología de origen profesional sufrida a tres de los cuatro denunciantes, sino que también efectuadas por el Fiscal a cargo de la instrucción del sumario administrativo", destacó la magistrada la magistrada del 2° Juzgado de Letras del Trabajo, Andrea Soler.

El fallo condenó al SEA a pagar una indemnización de $5 millones a cada trabajador denunciante.

La sentencia concluyó que “los actores estuvieron expuestos a diversas situaciones de actos de hostigamiento laboral y mal trato por su jefatura directa, encabezada por Juan Cristóbal Moscoso, sin que la parte denunciada acreditara haber adoptado de manera inmediata medidas que dieran real protección no solo a los denunciantes sino que a todos los funcionarios del departamento afectado”.

El otro caso

La segunda sentencia dictada ayer por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y acogió la demanda de Jimena Hevia, Jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano (SEA), quien denunció haber sido objeto de presiones, amenazas y descalificaciones por parte de su superior, nuevamente Juan Cristóbal Moscoso.

A modo de ejemplo, relató que el 9 de octubre de 2023, cuando su jefe la retuvo a solas tras una reunión y le dijo: “Si no te alineas con mi punto de vista y mis intereses, haré de tu vida laboral imposible”.

También detalló frases degradantes de uso reiterado como: “ni con 100 manos podrías lograrlo”, “careces de capacidad de liderazgo”, “pronto te quedarás sola”, y “buscas hacer amistades en lugar de ganarte el respeto del servicio”.

“La demandante acreditó indicios suficientes que posibilitan afirmar de que la demandada incurrió en actos discriminatorios respecto de ella y vulneró su derecho a la integridad psíquica y física. Esto último impide afirmar que el ejercicio de las facultades que se reconocen al empleador (jefatura directa) se hubiera realizado, como sostiene la demandada”, concluyó el fallo.

“Los diversos medios de prueba corresponden a indicios suficientes de que el actuar de la jefatura de la demandante fue discriminatorio respecto de esta, al tener aquella un trato diferenciado con la actora en relación con los otros funcionarios de la División de la cual esta y su jefatura forman parte, trato consistente en ignorar a la actora e incluso cuestionar de manera excesiva su actuar”, consignó el laudo.

El tribunal condenó al SEA a pagar una indemnización a Hevia de $10 millones.

En este caso, el Servicio contó con la asesoría legal de Jorge Arredondo, socio de Albagli Zaliasnik, mientras Jimena Hevia fue representada por el abogado Oscar Lizaso.