El exjugador de fútbol de Universidad de Chile y de la Selección Chilena, Mauricio Pinilla, enfrenta un complicado escenario financiero en 2026.

El 28 de enero, el liquidador Israel Letelier presentó una acción revocatoria concursal en contra de Pinillla y Felipe Ballesteros Vásquez, luego que el exjugador, “en conocimiento del mal estado de sus negocios”, el 7 de marzo 2025 le vendiera un vehículo a Ballesteros Vásquez. La transacción ocurrió previo a que el 21 de noviembre del año pasado el 15° Juzgado Civil de Santiago declarara la quiebra del hoy comentarista deportivo.

Se trata de un Land Rover Defender 110 4x4, modelo 3.0 automático, que Pinilla había adquirido el 6 de diciembre de 2023. Pero también transfirió tres vehículos y dos inmuebles.

Lo anterior, debido a que el liquidador, según la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, está obligado a ejercer acciones judiciales para recuperar los bienes del deudor que haya enajenado en un lapso de dos años antes de ser declarada su liquidación.

Según pudo constatar Pulso, las deudas del exfutbolista suman $1.670 millones y sus principales acreedores son BCI ($682 millones), Primus Capital ($514 millones) y Banco Santander ($207 millones).

Según consta en la carpeta del caso, hay un primer remate de los bienes de Pinilla que está fijado para los días 25 de febrero y 26 de marzo próximos en las oficinas de Colliers. Ambos procesos estarán a cargo del martillero público concursal Matías Leiva Frías.

El exjugador tiene varios bienes que serán rematados, entre ellos la parcela L Cinco, ubicada en un proyecto de parcelación llamado “San Luis y Santa Isabel” o “San Luis de Colina”, en la comuna de Colina, Región Metropolitana. Estos bienes incluyen además varias parcelas numeradas del 27 al 32, junto con algunos sitios de las parcelas 33 y 34.

La parcela L. Cinco está limitada por las siguientes parcelas: al norte, por las parcelas J-2, J-1 y J-10; al sur-oriente, por la parcela L-9; al oriente, por la parcela L-6; y al sur-poniente, por la parcela L-4. Estos bienes están registrados a nombre del deudor en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021.

Por su parte, el 8 de noviembre de 2024 Samy Yagoda, representante legal de Inversiones Yagoda Group, solicitó la liquidación forzosa de Pinilla, siendo declarada la quiebra de Pinilla a través de una resolución del 15° Juzgado Civil de Santiago el 21 de noviembre de 2025.

Yagoda exige a Pinilla el pago de una deuda superior a los $300 millones, derivada de disputas judiciales por un fallido negocio nocturno (Bar Constitución). El exjugador enfrenta acusaciones de incumplimiento de contrato, impago de deudas y una demanda por usura.

Yagoda alega que Pinilla incumplió sus obligaciones de pago en al menos dos deudas exigibles. La solicitud se basa en dos títulos ejecutivos: una sentencia del 23 de diciembre de 2022, donde Pinilla fue condenado por deudas de arriendo, y un pagaré de mayo de 2023 por $308.870.798 a favor de Primus Capital, actualmente en ejecución.

Además, Yagoda argumenta que estos títulos representan obligaciones distintas y que ya se han iniciado procedimientos de ejecución sin que Pinilla haya presentado bienes suficientes para cubrir sus deudas. La petición de liquidación se apoya en la Ley 20.720, que permite la quiebra simplificada cuando un deudor presenta múltiples obligaciones impagas y carece de capacidad para responder a sus acreedores.

Origen del caso

Todo comenzó cuando Samy Nissin Yagoda Assael, representante legal de Inversiones Yagoda Group Limitada, firmó en 2016 un contrato de arrendamiento de un local en el barrio Bellavista con Bar Constitución SpA, sociedad representada en ese entonces por el futbolista Mauricio Pinilla, quien también asumió como deudor solidario. El acuerdo, formalizado en marzo de 2016, estipulaba condiciones estrictas: el arriendo debía pagarse puntualmente, cubrir los servicios básicos y utilizarse solo para actividades comerciales amparadas bajo sus patentes.

Con el tiempo, el contrato fue modificado, incrementando el arriendo a 169 Unidades de Fomento mensuales. Sin embargo, en 2019 comenzaron los problemas. Bar Constitución SpA dejó de pagar las rentas a partir de octubre de ese año y se atrasó también en el pago de servicios como electricidad y agua. A pesar de los intentos de contacto de Yagoda Group para exigir el cumplimiento del contrato, no obtuvieron respuesta. Más grave aún, acusan, el local fue subarrendado a terceros, en violación directa de las cláusulas del contrato.

A medida que las deudas y los problemas se acumulaban, el contrato llegó a su fin en marzo de 2021. Inversiones Yagoda envió una notificación para finalizar formalmente el arrendamiento, pero la restitución del inmueble no se concretó hasta julio de 2021. Al recibir la propiedad, la situación se tornó aún más crítica: las mejoras pactadas en el contrato habían sido retiradas sin autorización, incluyendo el desmantelamiento de un techo que debía cumplir con normas de seguridad específicas, exponiendo a los vecinos a riesgos y comprometiendo la renovación de las patentes.