“El diseño de royalty mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio que se encuentran −en todo momento− por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión”, aseveró el ministro de Hacienda al presentar los cambios al régimen tributario para el sector, el 1 de julio. Pero su certeza no convenció a las empresas, que tras conocer este lunes las indicaciones al proyecto que se tramita en la Comisión de Hacienda del Senado confirmaron su total discrepancia con esa frase.

El royalty diseñado por Hacienda tiene dos componentes. El ad valorem se aplica sobre las ventas anuales de cobre fino en forma progresiva, con tasas efectivas del 1% al 2% para las mineras que vendan al año más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) y menos de 200.000 toneladas, y una tasa marginal del 1% al 7% para quienes vendan más de 200.000 toneladas, en función del precio promedio anual del cobre: la parte que se sitúe entre US$ 2 y US$ 3 la libra, pagará un 4%. Sobre US$ 3, se paga un 7%.

Los productores de más de 50 mil toneladas quedarán sujetos además al segundo componente sobre el margen minero, aplicado sobre la renta imponible operacional minera ajustada, con tasas de entre un 2% y un 36%. Con un precio de entre US$ 3,25 y US$ 4,25, la tasa efectiva no podrá superar el 20%, dice el proyecto. En 2021 promedió US$ 4,22.

“Este royalty sí desincentivará la inversión, porque la carga tributaria total con que quedaría el sector es de al menos del 55% y con precios sobre US$ 3,7 por libra aumenta al 60%. Eso no es competitivo a nivel global, donde las tasas promedio están en un 40%, ya que nos deja entre 15 a 20 puntos sobre las de países con los que competimos”, afirma Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Agrega que la estructura del nuevo royalty desincentivará no solo a la inversión por realizarse, sino de proyectos en ejecución.

A juicio del dirigente gremial, “el gobierno partió construyendo la casa por el techo: dijo necesito recaudar US$ 1.500 millones de royalty minero, un 0,6% del PIB, y diseñó una estructura para levantar esos recursos, pero no se da cuenta de que no será capaz de sostener el techo y más temprano que tarde la recaudación con estas tasas impositivas será insostenible. Si sólo están pensando en recaudar lo que necesita este gobierno para financiar su programa puede ser una reforma exitosa; pero si se piensa en el país a largo plazo, es un proyecto mal estructurado, ineficiente y arbitrario, porque solo aumenta el impuesto a la gran minería del cobre que produzca más de 50.000 toneladas y afecta gravemente a cuatro yacimientos. ¿El cobre es la única riqueza mineral de Estado?”.

Coincide Joaquín Jara, director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) y académico de la UC, quien plantea que “este impuesto está pensado para aumentar el gravamen de las cuatro o cinco mayores explotadoras privadas de cobre: Escondida, Collahuasi, Pelambres y Los Bronces, que son las que más han invertido y confiado en la estabilidad del país”.

Según un reporte de Cochilco, 21 yacimientos produjeron más de 50 mil toneladas en 2021, siete de los cuales son de Codelco. Escondida fue el mayor, con un millón de toneladas, 18% de los 5,6 millones producidos por Chile. Le siguieron Collahuasi (630 mil toneladas), El Teniente (460 mil); Anglo American Sur, dueña de Los Bronces (370 mil), y Los Pelambres, del grupo Luksic (336 mil).

El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, dueña de Los Pelambres, Iván Arriagada, dijo esta semana que “hay operaciones que con este nuevo impuesto perderán plata si el precio vuelve a valores históricos y, por lo tanto, no tendrá sentido mantener su funcionamiento”. Durante 2021, Antofagasta Minerals pagó US$ 1.333 millones en impuestos, de los cuales US$ 256 millones provinieron del royalty.

En Teck, dueña de Quebrada Blanca, con 12 mil toneladas al año, se limitaron a manifestar que Chile es parte importante de su crecimiento futuro y que “seguimos de cerca la discusión sobre los impuestos propuestos para la actividad minera y apoyamos un camino que contribuya a la competitividad, sostenibilidad y crecimiento continuo de esta actividad económica esencial para Chile”.

El año pasado el royalty recaudó US$ 1.360 millones versus US$ 425 millones de 2020.

La industria esperaba que la nueva reforma tributaria recogiera el texto del proyecto que está hoy en el Senado, que moderó disposiciones que en el trámite constitucional en la Cámara de Diputados disparaban la tributación del sector a un rango del 65% al 95%.

En este trance, las grandes empresas admitieron que había espacio para pagar más, pero no tanto como se pretendía en la Cámara. Lo aceptable limitaba con el 48% de Perú o el 50% propuesto por un estudio de Cesco . Pero el ministro Mario Marcel los sorprendió con una fórmula que arroja una carga de hasta el 60%, según prevén actores y expertos que, afirman, dejará a Chile liderando el ranking de carga tributaria para la actividad.

Alicia Domínguez, socia del área Impuestos de EY, explica que el impuesto ad valorem afecta a la primera línea y es muy oneroso porque no depende de las utilidades de la compañía, sino solo de sus ventas brutas, sin atender a la heterogeneidad de los costos en el sector: “No responde a la capacidad de pago del contribuyente, que puede no tener suficiente caja o flujo para pagar este impuesto. No necesariamente los que más ganan serán los que más paguen”. Además, considera alta la tasa de hasta un 7% ad valorem: “Puede dejar fuera a operaciones con costos altos, problemas de accesibilidad al agua y baja la ley del mineral, sean chicas o grandes”.

El socio de Tax & Legal de KPMG, Juan Pablo Guerrero, afirma que los impuestos ad valorem tienen la ventaja de que al aplicarse a la primera línea es información fácil de obtener y administrar para la autoridad tributaria, son más rápidos de calcular y eficientes de recaudar. Además, está directamente asociado a un valor público como es la cotización de la tonelada métrica de cobre fino. “Pero puede generar ineficiencias. Como son compañías de altos costos, intensivas en inversión en tecnología, maquinaria y todo lo que tiene que ver con producción de alto nivel, en un momento del cobre bajo puede pegar fuerte en los resultados de aquellas con altos costos de producción y márgenes pequeños. Es un nuevo costo a la explotación”, plantea.

Sobre el componente asociado a la rentabilidad operativa, donde las tasas progresivas pueden llegar hasta un 36%, dependiendo de los precios del cobre, Guerrero destaca que el régimen vigente no permite deducir de la Renta Imponible Operacional Minera la depreciación acelerada de los activos fijos, pero con la nueva fórmula ni siquiera se permite la depreciación lineal, lo que podría desincentivar la inversión en activos fijos y tecnología. “Pega en la rentabilidad de los proyectos, al incrementar la base sobre la que se pagaría parte del royalty, porque no puedes deducir la depreciación de activos”.

En la misma línea, Alicia Domínguez enfatiza: “No se discute que hay espacio para una mayor tributación cuando se generan ganancias extraordinarias por precios disparados, pero esas alzas pueden ir aparejadas a un aumento en los costos y en ese caso no necesariamente se incrementa la rentabilidad. Por eso debiera contemplarse, como hace el régimen actual, que las tasas sean progresivas en términos de renta operacional minera: mientras más gano, más pago”. En el actual sistema, la progresividad de las tasas del impuesto depende del margen operacional de cada empresa. Ahora se propone una progresividad de tasas que depende el precio; lo que no considera la heterogeneidad de costos de cada operación minera. “Es muy probable que Chile quede en el tope del ranking de carga tributaria minera. Porque no solo hay que considerar el royalty −cuantitativamente lo más significativo−, sino también los demás cambios de la reforma tributaria; por ejemplo, la limitación en el uso de las pérdidas tributarias acumuladas para efectos del impuesto corporativo”, acota.

Para Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PWC Chile, el componente variable que depende del precio del cobre y que se aplica sobre la renta imponible operacional minera ajustada es perjudicial, ya que, para calcularla, se agrega a la base imponible toda la depreciación y gastos de organización y puesta en marcha; es decir, se propone que el impuesto se aplique sobre Ebitda y no sobre renta imponible, como sucede hoy, ya que el Impuesto Específico a la Minería vigente contempla una cuota de depreciación normal y un sexto de los gastos de organización y puesta en marcha. Sólo se están considerando los costos directos. Y añade otro elemento al debate: “De la lectura de las indicaciones se entiende que el royalty sería deducible del Impuesto de Primera Categoría, toda vez que el impuesto estaría contenido en una ley distinta de la Ley de la Renta, cuyo texto admite que se puedan rebajar de la base imponible impuestos contenidos en otras leyes”.

Juan Pablo Guerrero hace hincapié en que a la hora de comparar impuestos hay que considerar la distancia con los principales mercados: “Australia puede sostener impuestos altos porque está muy cerca de China, el principal comprador, así es que su costo de transporte es mucho menor al de Chile”.

Alicia Domínguez, de EY, echa de menos un elemento en esta reforma: “La industria minera siempre ha contado con regímenes de estabilidad tributaria en Chile. En esta ley está ausente esa estabilidad. Es un proyecto bien encaminado en el aspecto recaudatorio, pero no hay incentivo a la inversión”. Hace el punto de que la recaudación depende de dos elementos: la tasa del impuesto y la base: “La tasa se impone por ley, pero la base depende del crecimiento económico. Y como se viene la cosa, con una eventual recesión ad portas, la base de los impuestos se va a achicar. ¿Cómo se resguarda la base? Estimulando la inversión por la vía de dar garantías y seguridad al emprendimiento”.

Según la minería privada, el proyecto dañará la inversión futura. “La inversión del sector representa más del 12% o 14% de la inversión total del país en los últimos años, no puede desconocerse esa realidad. Y eso conversa con lo cada vez más caro que es producir en el país: mayores costos de la energía, yacimientos más antiguos, dificultades en el acceso al agua, demora en obtención de permisos, compensaciones ambientales”, enfatiza Villarino.

Joaquín Jara, de Cesco, cree que la nueva estructura impositiva no paralizará operaciones en el corto plazo, aparte de un par que pasen de tener pérdidas a utilidades; pero sostiene que sí bajará la inversión futura en las operaciones actuales, por lo que se pueden dejar de producir unas 600.000 toneladas de aquí al final de la década. Y que se puede perder otro millón de toneladas de cobre fino en nuevos proyectos al año para igual periodo: “Si pensamos que la minería representa alrededor de 5,5 millones de toneladas, que son un 20% de PIB, ese millón de toneladas de cobre fino significa perder cerca de 1,5 a 2 puntos del PIB. (…) Es pan para hoy y hambre para mañana”.

Jara hace hincapié en que históricamente Chile ha tenido tasas impositivas más bajas que sus competidores directos y los progresivos aumentos no significaron pérdidas de competitividad, pero que hay un punto donde los impuestos generan desincentivos y las inversiones se van: “Hoy el Estado captura el 40% de las rentas de la minería, Perú, cerca del 48%, y algunos estados de Australia, el 52%. Que Chile suba al 60% no es una diferencia marginal”.

Por ahora, el camino que les queda a las mineras será defender sus argumentos en el Congreso, donde piensan mostrar cómo le pegará a cada una el “royalty recargado”.