Fue un tema que abrió el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, en seminario Moneda Patria Investment: “El Congreso es importante, pero no tan relevante como ustedes se imaginan”. Aquella frase gatilló un álgido debate entre los propios candidatos presidenciales, pero también entre parlamentarios de todos los sectores políticos, muchos de los cuales cuestionaron a Kast por anticipar que gobernará vía decretos, sin considerar al Congreso, lo que el candidato negó insistentemente luego.

“La simplificación administrativa va a ser brutal”, dijo ese día el abanderado presidencial, quien sumó otras frases en esa misma dirección: “Le vamos a aclarar a aquellos del Consejo de Monumentos Nacionales cuáles son sus funciones, aclarar a la Dirección General de Aguas (DGA) cuáles son sus funciones y conversar amablemente con las Direcciones de Obras Municipales”, ejemplificó.

El presidente de su partido, el Republicano, Arturo Squella, reforzó luego la estrategia de un futuro gobierno de Kast: “La manera en que normamos el país se dividen en dos: lo que es materia de ley, que es bastante acotado y es una lista taxativa que está en la Constitución, y el resto le corresponde al Presidente de la República. Es lo que nosotros denominamos la potestad reglamentaria del Presidente de la República. En eso, una de las maneras de manifestar esa potestad son los decretos, los reglamentos y las instrucciones internas”, afirmó a T13 Radio.

Entre las principales propuestas económicas, dos de los tres candidatos que lideran la carrera se han fijado como prioridad reducir gasto público. Kast plantea como meta US$ 6.000 millones en 18 meses, mientras que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, buscará ajustar el gasto en US$ 8.000 millones en cuatro años. Ambos proponen reducir impuestos: Kast plantea reducir los tributos a las grandes empresas del 27% al 23% de manera pareja y sin condición alguna, y un adicional, llegando al 20%, para aquellas empresas que den mayor empleo, mientras que Matthei propone una rebaja del impuesto de primera categoría del 27% actual a 23% para las grandes empresas y a 10% para las pymes.

Junto a ello, propone un régimen integrado e invariabilidad tributaria, reponiendo el DL 600. Ambos coinciden, además, en reducir la “permisología” para acelerar los proyectos de inversión.

La representante del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, en tanto, cerró la puerta a cambios impositivos, pero sí ha puesto énfasis en destrabar proyectos de inversión agilizando los permisos. También ha señalado que propondrá un salario vital que originalmente fijó en $ 750 mil, cuyo monto están en revisión, y mantiene la opción de crear una Empresa Nacional del Litio -si no se ha cerrado el pacto SQM-Codelco- y de promover una propuesta de negociación ramal o multinivel. Estas tres últimas propuestas son materia de ley.

¿Cuánto de todo aquello se puede cambiar vía decreto o reglamentos y cuánto es lo que debe seguir sí o sí el camino de proyectos de ley a través del Congreso?

Los expertos consultados afirman que una de las materias donde habría espacio para avanzar vía decretos, reglamentos y cambios administrativos es en los procesos para acelerar los permisos para aprobar proyectos de inversión.

“Hay varios permisos que están trancados en la burocracia del Estado y no se requiere ley. Hay instituciones que han demorado en aplicar la ley para acelerar los permisos, eso se puede cambiar y de esa manera impulsar la inversión”, afirma el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas.

Alejandro Micco, académico de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda, plantea que, si bien es posible avanzar vía decretos en esta área, recuerda que modificaciones de este tipo en su mayoría deben contar con la aprobación de la Contraloría, por lo que no es algo instantáneo.

De hecho, al interior del equipo programático de Kast afirman que lo que se está pensando hacer, en caso de llegar a La Moneda en marzo del 2026, es modificar vía decretos todos los reglamentos y resoluciones que se vinculen con los ministerios relacionados con permisos, siendo el principal Medio Ambiente, pero también otras instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Aguas, el Consejo de Monumentos Nacionales, el ministerio de Vivienda. Todo esto en un plazo de 100 días.

Ajuste fiscal vía administrativa: espacio acotado

Un segundo eje que los candidatos Kast y Matthei han relevado es en el ajuste fiscal que pretenden hacer. Sobre este punto, los economistas afirman que la meta fijada por Kast -US$ 6 mil millones en 18 meses- es “voluntarista” y “poco realizable”, mientras que la propuesta de Matthei -US$ 8 mil millones en cuatro años- es ambiciosa, pero factible de lograr. No obstante, precisan que, en ningún caso aquello se lograría solo con cambios administrativos, porque se requieren cambios legales para reducir el gasto en esos montos y de manera más permanente.

“Los que están pensando hacer un ajuste draconiano por decreto, si lo hacen sin acuerdo el Congreso, les va a pasar la cuenta. Más vale demorarse un poco más, dialogar hasta que duela, que pasar la máquina. Lo único seguro de esto último es que el ajuste no será sostenible”, dice el académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo.

Acevedo añade además que “si alguien está prometiendo reducir el gasto de 24,4 a 22 puntos del PIB, es muy poco creíble y el mercado multiplica por cero esa aspiración. Por el contrario, si me dicen que reasignarán un monto similar de gasto ineficiente para gastarlo en mejores programas, o en cómo reducir el impuesto a las empresas, lograr esa magnitud en cuatro años es una tarea difícil, pero mucho más creíble que recortarlo”. El ex Dipres dice que “estamos entrando en un debate muy populista de quién ofrece el recorte más grande. A ese debate el mercado no le cree un céntimo”.

Para tener un orden de magnitud de lo que se puede lograr vía cambios administrativos se puede tomar como ejemplo lo que realizó el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en su primer año de mandato.

En 2018 se realizaron dos conjuntos de medidas para contener la presión de gasto. La primera de ellas fue un instructivo presidencial de austeridad que buscaba reducir gastos en viajes. Ahí se indicaba que los ministerios tenían que enviar un plan anual de viajes que sería aprobado por la Secretaria General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos. Cada nuevo viaje no programado tenía que contar con la aprobación de Dipres. Se exceptuaba al Ministerio de Relaciones Exteriores, y comisiones al exterior.

El segundo fue un decreto de modificación presupuestaria, un paquete que contenía medidas de austeridad y de contención de gasto. Las medidas de austeridad se implementaron de forma pareja para todos los ministerios y servicios, y adicionalmente se ajustaron algunos programas fiscales específicos, especialmente los que estaban mal evaluados. También se rebajaron fondos de libre disponibilidad de la Presidencia. Con todas esas medidas, el fisco ahorró US$1.063 millones en 2018.

Otra aproximación es el plan de contención que anunció el gobierno a principios de año, que incluye medidas administrativas y proyectos de ley.

En este caso, el cálculo de Hacienda apunta a una reducción de US$ 1.130 millones. Cuando se presentó este plan, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, señaló que “el 92% del gasto público corresponde a obligaciones legales, a la administración del sistema judicial y orden público o a la ejecución de inversión pública. Por lo tanto, no existe una gran holgura que pueda ser recortada sin perjudicar la provisión de bienes y servicios del Estado a la ciudadanía. Hay espacio para mejorar la calidad del gasto público, pero ajustes fiscales relevantes necesitan modificaciones legales”.

Estas cifras van en línea con los cálculos que entrega Patricio Rojas, quien señala que con modificaciones presupuestarias e instructivos de austeridad de puede llegar a una cifra de ahorro entre US$ 1.000 millones a US$ 1.500 millones. “De ahí para arriba ya se requiere cambios legales para reducir gastos más permanentes”, apunta Rojas.

Entre los expertos que conocen el manejo fiscal puntualizan que para hacer un ajuste de esta magnitud se necesitan al menos dos presupuestos elaborados y ejecutados por el eventual gobierno de Kast, y por ello descartan de plano que se pueda lograr en tan solo 18 meses, como prometió esta semana. “Es difícil de lograr en ese período de tiempo”, precisa Micco.

Macarena García, economista de LyD, suma argumentos: “Es difícil, pero no imposible. Dado que un gobierno dura solo 4 años, es necesario que se implementen ambos ajustes en paralelo. Esto requiere de un buen diagnóstico técnico de ambas partes, ingresos y gastos”.

Otra óptica entrega la exdirectora de Presupuestos y académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, quien sostiene que “tanto la vía legal, que sin duda puede generar mayores efectos, se debe correr en paralelo con medidas administrativas. Si bien estas últimas pueden ser de una magnitud inferior, tener una impronta austera en la ejecución de los recursos fiscales, permite imponer una agenda prioritaria en dicho sentido”.

El diputado RN, Frank Sauerbaum, expresó: “Es posible hacer recortes vía administrativa, pero lo relevantes es buscar un gran acuerdo político para hacer frente al recorte necesario para volver a la meta fiscal y estabilizar el nivel de endeudamiento”.

¿Bajar impuestos?: solo mediante una Ley en el Congreso

Donde no hay dudas sobre la obligación de pasar por una ley es en la rebaja del impuesto a las empresas que plantean los candidatos de la derecha. En este caso, la discusión estará centrada en si cuenta con los votos de los parlamentarios. Un proyecto de este tipo requiere de mayoría simple.

Para los expertos, la discusión estará centrada en que si esa rebaja de impuestos será con algún mecanismo de compensación para no afectar la recaudación. Hasta el momento, ni Kast ni Matthei han comprometido mecanismos que busquen mitigar la caída que generará esa rebaja impositiva. Para los economistas, dado el escenario actual es recomendable que se realice con compensación considerando el escenario de estrechez fiscal, ya que, si bien el impulso de una rebaja de impuestos genera mayor crecimiento y por esa vía una mayor recaudación, ese efecto no es inmediato.

A nivel político, los parlamentarios de centroderecha lo apoyan y lo ven necesario, pero en la centroizquierda no lo ven como algo positivo, tal como está planteado. “Hoy en día una rebaja de impuestos sin compensación es decirles a los sectores vulnerables que por esos impuestos reciben beneficios sociales, que se les viene un mañana muy duro si un candidato o candidata lo plantea”, afirma el diputado independiente exPS, Jaime Naranjo.

A su vez, el diputado PS, Juan Santana añade que “Nuestro discurso siempre será el mismo: a lo menos la misma recaudación, y en ningún caso imputarles más tributos a las familias de menos ingresos y clase media”.P