La expansión de la electromovilidad en Chile promete reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire urbano y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Sin embargo, este avance también acarrea nuevos desafíos, particularmente en la gestión de las Baterías Fuera de Uso (BFU), baterías de ion-litio que generan los vehículos eléctricos una vez finalizada su vida útil.

En este contexto, y en el marco del proyecto GEF7 de Electromovilidad —financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), implementado por ONU Medio Ambiente y ejecutado por la Agencia de Sostenibilidad Energética— se elaboró un estudio técnico a cargo de E2BIZ y Fundación Chile, con la misión de proporcionar información relevante para el diseño de políticas públicas que garanticen el manejo seguro y eficiente de estas baterías, alineado con los principios de la economía circular.

El informe proyecta que para el año 2050, Chile podría generar entre 18,4 kt y 269,3 kt de BFU, dependiendo del nivel de penetración de la electromovilidad. Esta cifra equivale a una capacidad energética de entre 2,64 GWh y 37,7 GWh.

Ahora bien, los hallazgos del estudio no solo reflejan la urgencia del problema, sino también la magnitud de la oportunidad. Las BFU no son simples residuos: contienen minerales valiosos y tienen potencial de ser reutilizadas en aplicaciones como sistemas de almacenamiento energético.

Trazabilidad, reutilización y cooperación

La subdirectora de la Agencia de Sostenibilidad Energética, Cristina Victoriano, señala que uno de los principales aportes del estudio es “identificar con precisión el flujo de residuos, actores involucrados y brechas existentes en la gestión, aportando información técnica relevante para la elaboración del Decreto Supremo bajo la Ley REP para baterías de ion-litio”. Agrega que los hallazgos permiten proyectar la generación de BFU y extraer aprendizajes de casos internacionales, particularmente de China y la Unión Europea.

En ese sentido, Victoriano destaca que hoy el desafío más importante es la ausencia de un sistema de trazabilidad integral. “Actualmente existe una limitada identificación y registro de los actores en la cadena —distribuidores, recolectores, gestores y recicladores— lo que dificulta conocer el destino final de estas BFU. La informalidad, la falta de incentivos económicos y la escasa fiscalización representan barreras significativas para implementar políticas públicas efectivas”, advierte.

Para enfrentar estas brechas, el estudio recomienda crear un Registro Nacional de Baterías de Ion Litio, implementar metas de recolección, sobre todo en micromovilidad, y priorizar la reutilización por sobre el reciclaje. “Los cambios significativos requieren del compromiso coordinado de toda la sociedad, donde las personas, desde sus distintos roles, son agentes clave del cambio”, indicó Victoriano.

Aprendizajes internacionales

Desde Fundación Chile, Ignacio Santelices, gerente de sustentabilidad, destaca que “uno de los aprendizajes más replicables para Chile es la implementación de un sistema de trazabilidad para las baterías durante su ciclo de vida”. En su análisis, tanto China como la Unión Europea han demostrado que es posible establecer requisitos mínimos de información incluso en países que no son productores de baterías, como es el caso de Chile.

Otro aspecto que ha identificado es la necesidad de preparar una red nacional de puntos de recepción. “Estos puntos deben ser seguros, accesibles y acompañados de estrategias que involucren a la comunidad”, sostiene.

Reutilización: una segunda vida con valor

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que la reutilización de baterías genera mayores beneficios económicos que el reciclaje. “La reutilización permite la venta de baterías pretratadas para una segunda vida". Estas, explica Santelices, aún conservan capacidad funcional y pueden ser reacondicionadas y comercializadas sin desmontarlas completamente.

Para escalar esta práctica a nivel industrial, es necesario contar con infraestructura adecuada, normas claras y un mercado secundario con instrumentos de certificación. “También es clave fomentar la colaboración entre empresas, instituciones públicas y centros de investigación para desarrollar modelos de negocio viables y regulación específica para el transporte y uso de estas baterías”, señala.

Tanto desde la Agencia de Sostenibilidad Energética como desde Fundación Chile aseguran que el rol del sector privado deberá ser protagónico. “El desarrollo de soluciones tecnológicas y de mercado para la valorización de las BFU requerirá inversiones en innovación, infraestructura y formación de capital humano especializado”, explica Santelices, sumado a la importancia de los marcos colaborativos público-privados para garantizar una implementación eficaz de los sistemas de gestión.