La experiencia reciente frente a grandes inversiones extranjeras ha dejado la señal para las empresas de que un proyecto puede cumplir con la normativa, avanzar en su evaluación ambiental e incluso así enfrentar resistencia si llega tarde a construir confianza con el territorio. En Chile, donde la reactivación de la inversión volvió al centro de la agenda, la llamada licencia social para operar, es decir, la disposición de las comunidades a aceptar una iniciativa, se ha transformado en una variable cada vez más decisiva para destrabar o frenar proyectos.

En ese contexto, GS Consulting y Criteria desarrollaron Inteligencia Territorial Temprana, una herramienta que busca ayudar a empresas y desarrolladores a anticipar conflictos, ordenar información dispersa y diseñar mejores estrategias de instalación o expansión de proyectos productivos. La apuesta es leer antes el territorio, junto con sus déficits sociales, sensibilidades ambientales, cultura política y conversación pública, para así fortalecer la relación entre empresas y comunidades desde etapas tempranas, antes de que la desconfianza o un relato crítico terminen condicionando la viabilidad de una iniciativa, y por qué no, crear un modelo más integral y honesto para el desarrollo de proyectos.

“Hoy existe un consenso social más claro sobre la necesidad de volver a crecer. Además, gobierna una coalición política con vocación pro-inversión y se han impulsado cambios relevantes para agilizar la evaluación de proyectos productivos. En ese contexto, llegó la hora de las empresas: la pelota está en su lado de la cancha. El desafío ahora es obtener la llamada licencia social para operar, que no es otra cosa que la confianza de los territorios en los proyectos”, sostienen Elisa Giesen, de GS Consulting, y Matías Chaparro, de Criteria.

La herramienta surge porque, proyectos recientes están demostrando que la aprobación formal de ellos no garantiza necesariamente su viabilidad si en paralelo se instala un relato crítico en la comunidad o si la relación con el territorio en que se implementaría parte con desconfianza. “Los primeros contactos con los territorios son decisivos, porque pueden marcar la imagen que una comunidad se forma de un proyecto productivo. Y cuando esa primera impresión es negativa, revertirla suele ser muy difícil”, advierten Giesen y Chaparro. Por eso, destacan que entender los territorios sin intervenir prematuramente en ellos puede ser clave para el futuro de una iniciativa.

La propuesta de Inteligencia Territorial Temprana es justamente anticiparse a ese momento. El sistema integra cinco capas de información: un diagnóstico social prioritario del territorio a partir de la Casen; una cartografía de sensibilidades ambientales, patrimoniales y sociales con datos del SEIA; una huella política del territorio, construida con información histórica de Servel; un análisis de la conversación pública local en medios y redes sociales; y una línea base de aceptación social mediante encuestas.

En esa línea, la apuesta es hacer dialogar cada fuente por separado para producir información accionable. “Hay ámbitos en que el Estado de Chile funciona muy bien, y uno de ellos es la producción de datos. Existe información pública de muy buena calidad, pero hay que saber aprovecharla. No se trata solo de analizar las bases de la Encuesta CASEN, que entregan información muy rica sobre la realidad social de los territorios. También está la información del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite conocer en detalle las razones de resistencia de las comunidades frente a proyectos anteriores”, explica Chaparro.

Ese cruce de datos, dicen, busca responder preguntas como cuáles son los déficits sociales más relevantes para una comunidad, qué bienes ambientales o culturales valora, qué temas dominan en su sector y qué tipo de relato podría generar mayor legitimidad. A partir de eso, el instrumento entrega informes sobre oportunidades de diseño, de inversión social, alertas críticas y briefs comunicacionales para la instalación o expansión de un proyecto.

Y en lo práctico, esto puede traducirse en ajustes de diseño, compromisos voluntarios más relevantes con el territorio o advertencias sobre mensajes y símbolos que podrían activar oposición o resistencia. La idea, sostienen desde GS Consulting y Criteria, es contribuir a destrabar proyectos no a través de atajos, sino mediante una relación más informada, temprana y consistente con las comunidades. “Muchas veces las empresas tienen una enorme cantidad de información, pero dispersa, descentralizada y con baja coordinación interna. El solo acto de centralizar, ordenar y hacer conversar esa información puede producir insights muy valiosos. Estos hallazgos ayudan a construir un mejor relato de instalación de un proyecto productivo en un territorio y, sobre todo, a hacerlo más efectivo: un relato capaz de generar confianza real en las comunidades”, señalan.

Desde una mirada experta y de la academia, la profesora del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Daniela Manuschevich, asegura que es clave contar con mejor información territorial, pero también advierte que la confianza no se juega sólo en el diagnóstico, sino también en la coherencia de las empresas con lo que prometen, un compromiso que está a la vista de todos y que hoy puede generar una sentencia social mayor.

“Es importante recordar que en los últimos 16 años la institucionalidad ambiental se ha ido fortaleciendo ya que Chile requería dar confianza como socio comercial internacional. Adicionalmente vivimos en un mundo mucho más interconectado, un video recorre el mundo en minutos. En este contexto, las confianzas son la clave. Ya no se puede llegar a los territorios prometiendo escuchar y luego no cumplir con lo que se dijo, pues hoy todo se registra, y esto erosiona el tejido social y la misma reputación de las empresas. Las confianzas se construyen cumpliendo y cumpliendo a tiempo”, sostiene Manuschevich.

Junto con ello, agregó que, en un contexto de cambios socioambientales rápidos y eventos extremos cada vez más frecuentes, contar con datos compartidos y transparentes es clave para disminuir conflictos y judicializaciones. “Es clave que todos los actores estén comprendiendo lo que sucede de forma similar, desde los altos ejecutivos hasta los diversos actores que existen en las comunidades. Esto disminuye la probabilidad de conflictos, judicializaciones futuras y establecer eventuales responsabilidades por daños o delitos ambientales” concluye.