Kabul, capital de Afganistán, podría convertirse en 2030 en la primera gran ciudad en quedarse sin agua potable. La advertencia, que estremeció al mundo, fue emitida por la organización Mercy Corps, y se sustenta en el descenso de hasta 30 metros de las napas subterráneas en la última década, la contaminación del 80% del agua subterránea y una extracción anual que sobrepasa en 44 millones de metros cúbicos la recarga natural.

De convertirse en una capital sin agua potable, forzaría a una de las consecuencias de la crisis ambiental: la migración climática, desplazando a más de tres millones de afganos, sumando presión a una región históricamente golpeada por la inestabilidad. Ahora bien, esta crisis no es un caso aislado. Capitales como Johannesburgo y Ciudad de México también han estado al borde del colapso hídrico, lo que muestra alertas a nivel global.

La crisis de Kabul es un espejo que revela cómo el agua potable no solo es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino el que los sostiene a todos. “El ODS 6 es un objetivo habilitador que impacta directamente en áreas como salud pública, desarrollo económico, reducción de desigualdades y adaptación al cambio climático”, explicó Rachel Bernardin, directora de Estrategia y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas. “En contextos de estrés hídrico y presión social, el acceso al agua cumple un rol estructural en la estabilidad de las comunidades”, agregó.

¿Qué pasa en países como Chile?

Aunque Chile cuenta con una de las mejores coberturas urbanas de agua potable de Latinoamérica, especialmente en Santiago, es también uno de los países con mayor estrés hídrico de la región. Por eso, prevenir y anticiparse ha sido fundamental en la estrategia de las empresas de servicios sanitarios, así como en la colaboración del rol público-privado que garanticen el derecho al agua filtrada.

“Chile es uno de los países con mayor estrés hídrico en el mundo. En ese contexto, la industria sanitaria ha venido desarrollando acciones para enfrentar esta problemática concentrando importantes inversiones destinadas a potenciar la adaptación al cambio climático”, explicó Bernardin.

En el caso de Aguas Andinas, que lleva más de 25 años bajo una estrategia integral que busca asegurar la crisis hídrica en la Región Metropolitana, contempla iniciativas en infraestructura como los megaestanques de Pirque y pozos de respaldo en La Florida y Cerro Negro, junto a una visión de ciudad sostenible a 2030 a través de la estrategia BioCiudad.

Por su parte, Essbio, que tiene presencia en O’Higgins, Ñuble y Biobío, ha invertido más de $307 mil millones en los últimos cinco años en resiliencia hídrica. “Construimos 6 plantas de agua potable, 60 pozos de respaldo, 2 embalses y 46 estanques de almacenamiento”, detalla su gerente general, Cristian Vergara. “Obras como la interconexión Quillón-Florida y el tranque Ninhue son ejemplos de cómo garantizamos el suministro para más de 3,6 millones de personas incluso en periodos de sequía extrema”, agregó.

Derecho humano al agua: la nueva brújula legal

Con la reforma al Código de Aguas en 2022, se consagró el derecho humano al agua y permitió a la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), priorizar el consumo humano por sobre otros usos. “Esta herramienta es el decreto de escasez y tiene por objetivo reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía, con el fin de garantizar el consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia”, explicaron desde el MOP.

Actualmente, 25 comunas del país están bajo decreto de escasez hídrica, por lo que el desafío es urgente. El DGA tiene como objetivo la fiscalización, vigilando las aguas en cauces naturales de uso público y acuíferos, así como el impulso de la gobernanza y gestión integrada de los recursos hídricos desde las cuencas, mediante 14 Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos que buscan “priorizar medidas y acciones de acuerdo a los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos, que permitan avanzar en seguridad hídrica de acuerdo a la realidad de cada cuenca”, explican.

Otro de los aspectos más preocupantes tiene que ver con el acceso rural. Según Essbio, “mientras en Chile urbano contamos con coberturas similares a países OCDE, en zonas rurales más de un 1,5 millón de personas en aún viven sin acceso a una red formal de agua potable". Para abordar esto, la empresa sanitaria ha establecido alianzas con gobiernos regionales y municipios. Solo en 2024, ha colaborado con 24 municipalidades para mejorar el acceso al recurso en localidades aisladas.

A través de la interconexión de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) a redes urbanas, Essbio ya beneficia a familias de sectores como Coliumo y La Gonzalina, y proyecta que otros seis SSR se sumen antes de 2027.

Alianzas que garantizan un futuro sostenible

Frente al cambio climático y la presión creciente sobre los acuíferos, las soluciones no pueden ser casos aislados. Aguas Andinas ha liderado la recarga del acuífero Mapocho Alto como una estrategia basada en la naturaleza, mientras que Essbio impulsa una gestión integrada de cuencas como la del río Biobío.

“La crisis climática ha impuesto una nueva realidad en la que el sector privado debe asumir un rol proactivo, no solo como proveedor de servicios, sino como garante de sostenibilidad”, aseguró Bernardin.

En este sentido, Aguas Andinas busca construir resiliencia urbana, velar por la sostenibilidad de las fuentes de agua y actuar de manera coordinada con los distintos actores del territorio. Y para esto, la colaboración es clave. Bernardin da como ejemplo el convenio realizado 2021 con la Primera Sección de los Canalistas del Río Maipo, “que, mediante una visión integral de la cuenca permitió sortear los momentos más apremiantes de la sequía asegurando el consumo humano y evitando el racionamiento para millones de habitantes en la Región Metropolitana”.

Vergara, de Essbio, terminó diciendo que “asegurar el recurso hídrico exclusivamente para el consumo humano resulta ineficiente, si no contamos con sectores productivos sólidos que respalden y amplifiquen el bienestar de las personas”. En ese sentido, explica, “el desafío es avanzar hacia una gestión integrada del agua, que convoque a una colaboración multisectorial capaz de impulsar un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible para todos".