La aprobación de la Ley Integral de Personas Mayores (Ley N°21.822), promulgada el pasado 1 de junio y que entrará en vigencia en junio de 2027, marca un antes y un después en la forma en que Chile enfrenta uno de los cambios demográficos más profundos de su historia. Más que incorporar un nuevo catálogo de derechos, la normativa busca dejar atrás una mirada asistencialista sobre la vejez y reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, autonomía y participación.

Hoy una de cada cinco personas en Chile tiene más de 60 años, y las proyecciones indican que hacia 2050 una de cada tres pertenecerá a este grupo etario. En un escenario marcado por el aumento de la esperanza de vida y la baja de la natalidad, la longevidad se ha convertido en una de las principales transformaciones sociales que deberá enfrentar el país. “Hoy día Chile es el segundo país más longevo de Latinoamérica, solo nos supera Uruguay. De aquí al 2050 vamos a pasar a ser los primeros”, explicó la directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), Karen Caiceo, durante una nueva entrevista en Hub Sustentabilidad de Radio Duna.

A diferencia de Europa, donde esta transición demográfica se demoró aproximadamente 80 años, en Chile ocurrió en menos de 30. “Ya no tenemos forma de revertir la pirámide. Envejeció y tenemos que prepararnos para eso”, sostuvo.

Un cambio de paradigma

La nueva legislación fue aprobada de manera transversal, tras un proceso que atravesó distintos gobiernos, reflejando consenso sobre la necesidad de adaptar al país a esta nueva realidad. Sin embargo, para Caiceo, el principal cambio está en modificar la manera en que la sociedad entiende la vejez. “Lo que nosotros buscamos es que miremos a las personas mayores como sujetos de derechos. No al asistencialismo. Son ciudadanos al igual que todos nosotros”, afirma.

Ese cambio implica reconocer que las personas mayores tienen la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, desde aspectos cotidianos hasta decisiones relacionadas con su salud o sus cuidados. “Pasamos de esta mirada en donde la persona mayor requiere cuidado y apoyos, a entender que es una persona autónoma, con autoridad para tomar sus propias decisiones”.

Según explicó la directora de Senama, el edadismo -la discriminación basada en la edad- sigue profundamente arraigado en la cultura de las personas. Muchas veces, incluso de manera inconsciente, familiares, instituciones e incluso profesionales de la salud terminan sustituyendo la voz de las personas mayores por la de quienes las acompañan. “Cuando uno acompaña a su papá o a su mamá al médico, el profesional le habla generalmente al hijo y no a la persona mayor. Y quien tiene derecho a conocer su diagnóstico y decidir es esa persona”, explicó.

Prepararse para envejecer desde la infancia

Pero para que la ley tenga un impacto real, Caiceo planteó que hay que avanzar la educación. “No nos podemos preocupar del envejecimiento cuando tengo 50 años. Esto tiene que instalarse desde el inicio del curso de vida”.

Promover hábitos saludables, actividad física, redes de apoyo y una mejor comprensión del envejecimiento son parte de una estrategia que, a según explicó, debe empezar desde la infancia. Pero además de ello, la preparación también involucra adaptar los entornos donde las personas viven, trabajan y se desplazan.

La digitalización acelerada del país, por ejemplo, abrió nuevas brechas para muchos adultos mayores. Desde pagar el transporte público mediante aplicaciones hasta utilizar códigos QR o sistemas digitales para estacionamientos, múltiples servicios han avanzado más rápido que la capacidad de adaptación de parte de la población. “Tenemos que instalar el concepto de entornos accesibles y amigables. Y eso aplica para todos: personas mayores, mujeres, personas con discapacidad. Tenemos que volver a ser un país más preocupado del que está al lado”, indicó.

El rol del sector privado

La transición demográfica también representa un desafío para las empresas. Desde la mirada de Senama, la nueva longevidad también abre nuevas oportunidades económicas. “Se abre un mercado que hoy día no estamos visualizando: consumidores activos, personas mayores que siguen participando, consumiendo y que tienen nuevas necesidades”, explica Caiceo. Es el fenómeno conocido como economía plateada, que considera productos, servicios e infraestructura pensados para una población cada vez más longeva.

Adecuaciones en viviendas, programas de actividad física especializados, servicios tecnológicos más accesibles o soluciones para una vida independiente son solo algunas de las áreas que podrían expandirse durante los próximos años. Y en esa línea, la ley también introduce el reconocimiento del derecho al trabajo de las personas mayores.

La normativa incorpora modificaciones al Código del Trabajo para crear un régimen que permita adaptar funciones y jornadas según la condición física de cada trabajador, incorporando mayor flexibilidad horaria y compatibilidad con controles médicos o labores de cuidado. “Muchas personas trabajan por una necesidad económica, pero también porque el trabajo las mantiene activas e insertas en la comunidad”, sostuvo Caiceo.

En ese sentido, advirtió que la jubilación no necesariamente significa el fin de la vida activa. “Cuando las personas jubilan y dejan de participar de la comunidad, muchas veces se aíslan. Y ese aislamiento termina generando dependencia”.

Un desafío de toda la sociedad

Más allá de la implementación de la ley, el reto será construir una política pública de largo plazo capaz de trascender los ciclos políticos. La normativa obliga al Estado a desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento con una vigencia de diez años, revisable cada cinco, incorporando la participación de municipios, gobiernos regionales, organizaciones sociales, academia y ciudadanía.

Caiceo señaló que ese proceso será clave porque permitirá construir una hoja de ruta que no solo establezca principios, sino también compromisos concretos, responsables e indicadores de seguimiento. “Esta política tiene que ser incidente. No basta con recoger opiniones; esas propuestas deben incorporarse y traducirse en acciones concretas”.

El desafío, concluye, excede al Estado y requiere el compromiso de toda la sociedad. “Este es el momento para participar. Aunque alguien piense que todavía no le corresponde porque no tiene 60 años, sí le corresponde. Es hoy cuando tenemos que trabajar para el mañana”, terminó diciendo.

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