Pelea de alcaldes por exención de contribuciones se traduce en indicaciones: senadores ingresan normas de focalización
La disputa que han dado los jefes comunales por ponerle un límite a la exención del pago territorial tuvo sus efectos con indicaciones a la megarreforma que van en esa vía. Por su parte, el gobierno ahora propone castigar con inhabilitación por diez años del beneficio a quienes mientan sobre su propiedad principal.

La disputa de los alcaldes contra el gobierno por el proyecto de megarreforma que incluye una normativa que eximirá del pago de contribuciones a adultos mayores aún no ha terminado. La iniciativa se encuentra en su segundo trámite constitucional en la discusión en particular en el Senado, y este viernes es el plazo cúlmine para el ingreso de indicaciones.
La pugna que se ha dado por los jefes comunales exige una compensación económica por el impacto que significa tener menores ingresos municipales. Pero hay otra disputa de alcaldes progresistas que piden una focalización. Es decir, que la exención no beneficie a los adultos mayores de ingresos altos. Por eso, el ingreso de indicaciones era altamente esperado por las autoridades municipales, quienes vieron en el Parlamento la oportunidad de influir en el debate legislativo.
En tal sentido, tanto las indicaciones del Ejecutivo como la de senadores ya ingresaron, lo que seguramente dará pie a que la discusión continúe. Por un lado, desde el Ministerio de Hacienda ingresaron medidas que crean restricciones y castigos para quienes no cumplan con lo requerido para la eximición, mientras que senadores de oposición -tras las conversaciones con los alcaldes- introdujeron normativas para focalizar el beneficio.

Multa e inhabilitación
El proyecto fija que la exención de contribuciones se aplicará al inmueble que el contribuyente califique como “vivienda principal”. Ahí Hacienda tenía una disputa con el Servicio Electoral (Servel), pues en un principio la vivienda principal estaba fijada como el domicilio electoral, pero esta entidad advirtió riesgos de hacerlo de esa manera. Por lo mismo, el Ejecutivo incorporó que una declaración jurada del contribuyente será la que establecerá la vivienda principal, lo que también eximirá a las bodegas y estacionamientos asociadas a esta propiedad.
La eximición aplicará a un solo inmueble, y en caso de que un adulto mayor tenga más de una propiedad queda en libertad para indicarle al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuál constituye como su vivienda principal.

Hacienda además le hizo un gesto a los alcaldes que exigían una mayor compensación. En su indicación establece que para acceder a la exención, los contribuyentes deben estar al día tanto en el pago de sus derechos de aseo como en las contribuciones adeudadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Ello resuelve el problema planteado por el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien en entrevista con La Tercera alertó que tras el anuncio de la exención la gente dejó de pagar el impuesto territorial.
El gobierno también incorporó restricciones. Por ejemplo, se indicó que los morosos por derechos de aseo perderán el beneficio. Además, el SII estará facultado para requerir información a otras entidades como el Servel, el Registro Civil, la PDI, o la Tesorería para verificar si el inmueble corresponde a la vivienda principal.

El castigo más duro establece que “la obtención improcedente de la exención establecida en este literal mediante la presentación de declaraciones maliciosamente falsas o la simulación de residencia será sancionada con multa del 300% del impuesto eludido y con inhabilitación del contribuyente para gozar del beneficio de vivienda principal en cualquier inmueble del territorio nacional por un periodo de diez años".
Otra restricción apunta a evitar que adultos mayores se transfieran entre sí propiedades para obtener beneficios. No quedarán sujetas a la exención las propiedades que hayan sido traspasadas en los últimos tres años a “personas relacionadas con el contribuyente” como cónyuges, ascendientes, descendientes, o participantes de sociedades en conjunto.
Hacienda entregó un informe financiero complementario en el que detalló que compensará el Fondo Común Municipal, glosa de platas que los municipios con más recursos traspasan -a través del cobro de contribuciones- a los más vulnerables. El informe detalló que dicho monto quedará "fijado mediante la Ley de Presupuestos, a uno establecido en la Ley de Rentas municipales que ascenderá a 1.500.000 UTM anuales“.

Oposición promueve focalización
Dentro de las indicaciones ingresadas por los senadores de oposición hay varias que promueven la focalización promovida por los alcaldes progresistas, entre ellos Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca), entre otros.
Por ejemplo, una indicación de los senadores Karol Cariola (PC), Beatriz Sánchez (Frente Amplio), Claudia Pascual (PC) y Daniel Núñez (PC), entre otros, propone cambiar el beneficio para que a las mujeres aplique a los 60 años. Además, hacerlo progresivo “de modo que la exención o rebaja sea mayor respecto de quienes presenten menor capacidad económica”.
Luego se plantea una focalización “evitando que el beneficio se extienda a contribuyentes de altos ingresos”. También se indicó textualmente lo que los alcaldes progresistas -a través de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM)- habían sugerido: que los adultos mayores con ingresos mayores de $ 3 millones mensuales paguen todas sus contribuciones, que los que reciben entre $ 1,5 millones y $ 3 millones mensuales paguen la mitad, y que quienes ganen inferior a $ 1,5 millones queden eximidos.

Por su parte, el senador Matías Walker propuso un límite de 15.000 UTM para que las propiedades se beneficien de la exención. Los DC Yasna Provoste y Francisco Huenchumilla sugirieron el límite en 4.000 UTM.
La senadora Paulina Vodanovic (PS) propuso que el Fisco compense el 100% de la menor recaudación a los municipios y Núñez (PC) puso una indicación para excluir del beneficio a ministros, miembros del Tribunal Constitucional, fiscal nacional y de tribunales de justicia superiores, entre otras autoridades.
Los senadores Manuel José Ossandón (RN), María José Gatica (RN) y Rojo Edwards propusieron que se transparente la metodología para el cálculo de las contribuciones, entre otras indicaciones.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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