El pasado 5 de septiembre, el Primer Tribunal Ambiental de Chile declaró al Estado responsable por el daño ambiental causado por los vertederos masivos de ropa, neumáticos y escombros en Alto Hospicio, Región de Tarapacá. La sentencia, que responde a la demanda presentada por la abogada Paulin Silva en marzo de 2022, obliga al Fisco a presentar en un plazo de seis meses un plan de reparación que contemple el retiro de residuos, la restauración del suelo y la recuperación del paisaje.

Esto se trata de un fallo que pone en el centro la responsabilidad estatal frente a una crisis que, por más de una década, ha contaminado el Desierto de Atacama y afectado a comunidades vulnerables del norte del país.

Pese a que la montaña de contaminación de residuos ya fue quemada, para Catalina Giraldo, ingeniera ambiental y fundadora de Cadenas de Valor Sustentables, la resolución marca un antes y un después en la justicia climática y políticas públicas. “Desde hace poco más de cuatro años, el Desierto de Atacama ha sido testigo de la indiferencia institucional. Pese a múltiples exposiciones mediáticas en Chile y el mundo, ninguna organización brindó soluciones concretas frente a esta catástrofe ambiental. La emblemática montaña de desechos textiles fue incinerada, eliminando un símbolo visible del abandono institucional, pero no la raíz del problema”.

Junto con esto, la especialista destaca que más allá del daño que deja para la biodiversidad, existe también un impacto social que golpea a quienes viven en el sector. “Si bien el foco está centrado en el daño ambiental, existe un pasivo silencioso: la huella emocional que deja en quienes habitan la región, marcada por el abandono y la indiferencia frente a su propia existencia”.

En este contexto, según Giraldo, este fallo “representa un llamado urgente a implementar respuestas efectivas y medibles, que no solo restauren el ecosistema, sino que también reconozcan el impacto profundo en las comunidades locales”.

Prioridades a contemplar en el plan de reparación

Según indica el Primer Tribunal Ambiental, el fallo ordena un plan de reparación que debe incluir retiro de residuos, restauración del suelo, monitoreo y participación ciudadana. Sin embargo, Giraldo advierte que no basta con medidas paliativas, sino con pasos previos que eviten catástrofes e impactos para después. “Una prioridad debe estar en prevenir la generación de residuos textiles desde el origen. Sin una intervención estructural, estas medidas seguirán siendo paliativas frente a un problema sistémico. Es urgente mapear y restringir el ingreso de textiles que no tienen mercado nacional ni trazabilidad”, explica.

La experta agrega también que el rol regulador del Estado está en exigir a importadores responsabilidad sobre la cadena de suministro de los textiles. “El Estado debe exigir que quienes importan textiles sean responsables de su comercialización, trazabilidad y destino final. Eso incluye sistemas de trazabilidad obligatorios y fiscalización activa en zonas fronterizas y puntos críticos de distribución”.

Asimismo, destaca que la reparación debe tener un componente comunitario y educativo. “Esta reparación no debe ser solo ambiental, sino también simbólica y educativa, reconectando a las nuevas generaciones con el valor profundo de su entorno”.

El rol de las empresas en la prevención

Además del deber estatal, Giraldo subraya que el sector privado tiene un rol clave en frenar este problema de raíz. Desde Cadenas de Valor Sustentables impulsa la plataforma Circulametrics, que permite trazar y transparentar el flujo textil en Chile. “Esta plataforma busca visibilizar el origen y destino de los textiles, promoviendo procesos de mejora continua en línea con la implementación de la Ley REP para el sector textil. Su propósito es incentivar que las empresas adopten de forma temprana criterios de ecodiseño, trazabilidad y circularidad, posicionándose como agentes proactivos en la transición hacia modelos más sostenibles”.

En esa línea, explica Giraldo, esta herramienta permite anticipar riesgos regulatorios, sociales y ambientales, y se alinea con tendencias internacionales como el Pasaporte Digital de Producto y el Reglamento de Ecodiseño de la Unión Europea, convirtiéndose en un avance y referente importante en el país.

Ahora bien, el fallo no solo obliga al Estado a actuar, sino que también instala un precedente judicial y político en materia de gestión ambiental. Para Giraldo, es una oportunidad de redefinir el rol de las instituciones y del sector privado en la construcción de un modelo más sostenible. “El fallo es una esperanza para esos niños, sus familias, y una amplia comunidad que se asienta en estos territorios en busca de mejores condiciones de vida. Además, muchas de estas personas arrastran historias dramáticas de migraciones de otros territorios en la región. Lo que hace necesario pensar en soluciones que propicien entornos inclusivos y seguros”.