La inflación no solo impacta el precio del pan o el transporte. También redefine, año a año, el valor real de los contratos de arriendo en Chile. Y aunque muchos propietarios saben en teoría, no siempre aplican correctamente el reajuste según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que puede generar pérdidas económicas o conflictos innecesarios.

El IPC -publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- mide la variación de precios de bienes y servicios en el país y es el principal indicador utilizado para actualizar contratos de arriendo cuando así está pactado.

Cómo se calcula el reajuste

El procedimiento es sencillo, pero requiere precisión:

1. Identificar el valor actual del arriendo.

2. Revisar la variación acumulada del IPC en el período establecido en el contrato (generalmente 12 meses).

3. Aplicar ese porcentaje al monto vigente.

Por ejemplo, si un arriendo es de $500.000 y el IPC acumulado anual fue de 4%, el nuevo valor corresponderá a $520.000.

Aunque la fórmula parece simple, errores en la interpretación del período o en la aplicación del porcentaje son frecuentes. Además, el reajuste solo puede aplicarse si está explícitamente establecido en el contrato.

IPC vs UF: ¿qué conviene más?

Algunos contratos fijan el arriendo en UF, lo que implica un ajuste automático diario según la variación de la inflación. Otros optan por el reajuste anual vía IPC. Ambas modalidades buscan proteger el valor real del ingreso del propietario frente al aumento del costo de vida.

Sin embargo, más allá del índice elegido, el desafío no siempre es el cálculo, sino la correcta gestión del proceso.

Contar con una empresa especializada en administración de propiedades permite:

• Aplicar reajustes de forma correcta y oportuna.
• Evitar disputas por cálculos erróneos.
• Mantener contratos actualizados conforme a la normativa vigente.
• Optimizar la rentabilidad anual del activo inmobiliario.

En el caso de propietarios individuales, delegar la gestión en una administradora puede significar no solo ahorro de tiempo, sino también mayor estabilidad en el flujo de ingresos.

Desde Assetplan explican que el principal error no suele estar en la fórmula, sino en la falta de seguimiento. “Muchos contratos incluyen cláusula de reajuste, pero no siempre se aplica en la fecha correcta o con el cálculo adecuado. Una gestión profesional permite ordenar ese proceso y evitar fricciones innecesarias entre propietario y arrendatario”, señalan desde la empresa, especializada en administración de propiedades en Chile.

Más allá de la fórmula, el reajuste es una señal de orden financiero. Cuando se aplica con criterios claros y dentro de lo pactado, permite dar previsibilidad a ambas partes y evitar ajustes improvisados o tensiones innecesarias.

En un mercado inmobiliario cada vez más profesionalizado, la diferencia no está solo en cuánto se cobra, sino en cómo se gestiona el contrato. Una administración estructurada, con seguimiento técnico y procesos definidos, transforma lo que podría ser un simple trámite anual en parte de una estrategia sostenida de manejo patrimonial.