SEÑOR DIRECTOR:

El denominado “derecho al olvido financiero”, aprobado en el proyecto de Reconstrucción Nacional, persigue un objetivo legítimo: facilitar la reinserción financiera de las personas. Sin embargo, el remedio propuesto puede terminar perjudicando precisamente a quienes han cumplido responsablemente con sus obligaciones.

En efecto, impedir que las instituciones financieras consideren antecedentes relevantes sobre el historial de pago dificulta una adecuada evaluación del riesgo y debilita la cultura del cumplimiento. Con ello, el acceso al crédito dependerá menos del comportamiento financiero de cada persona, afectando a quienes sí han honrado sus compromisos. El resultado probable serán créditos más caros, mayores exigencias y menor acceso al financiamiento.

La verdadera protección a las personas no consiste en borrar las señales que permiten construir confianza, sino generar un sistema donde la responsabilidad tenga valor. El “derecho al olvido financiero” puede parecer una solución atractiva, pero sus efectos podrían perjudicar justamente a quienes busca ayudar. Detrás de una promesa de alivio puede esconderse una consecuencia indeseada.

Catalina Delgado

Fundación Jaime Guzmán