SEÑOR DIRECTOR:

La polémica por el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) revela las consecuencias de una promesa que nunca debió hacerse y cuyo resultado era predecible: si las personas creen que una deuda será perdonada, muchas dejan de pagarla.

El CAE nunca fue una política de gratuidad universitaria, sino que un crédito que permitió a miles de jóvenes acceder a la educación superior. Como cualquier crédito, implica derechos, pero también responsabilidades.

Con más de 550 mil deudores morosos y una deuda superior a $4 billones -equivalente al doble del presupuesto del Ministerio de Seguridad-, el CAE representa un desafío fiscal significativo: cada peso no recuperado es un peso menos para otras prioridades sociales.

Según la Tesorería, los cerca de 1.500 embargos realizados han recaído principalmente sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3,5 millones mensuales que no cumplieron con sus obligaciones, pese a las campañas de regularización, las reiteradas notificaciones y las facilidades de pago ofrecidas. Más de 30 mil personas, en cambio, sí se pusieron al día.

La irresponsabilidad no está en cobrar una deuda. Está en haber prometido por años que desaparecería, generando expectativas imposibles de cumplir y debilitando los incentivos para pagarla.

Florencia Croxatto

Economista

Libertad y Desarrollo