SEÑOR DIRECTOR:

La brutal agresión sufrida por una estudiante en un liceo de Mulchén vuelve a evidenciar una realidad incómoda: nuestras comunidades educativas están cada vez más desprotegidas.

“Nadie hizo nada”, se repite tras ver el video. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué podían hacer realmente los profesores o inspectores frente a una agresión de ese nivel? Si intervienen físicamente, no solo corren el riesgo de agravar la situación, sino que también se exponen a denuncias y consecuencias legales. Si no intervienen, en cambio, son juzgados por omisión.

Parece que ya olvidamos que algunos meses una inspectora perdió la vida en un colegio. ¿Cuántos casos más necesitamos para asumir que este ya no es solo un problema de convivencia, sino también de seguridad?

A este paso, parecerá que para trabajar en un colegio ya no bastará con estudiar Pedagogía; también habrá que aprobar un curso OS10. La ironía refleja una realidad preocupante: estamos exigiendo a los educadores enfrentar niveles de violencia para los que nunca fueron preparados.

Quizás el verdadero debate no sea cómo seguir exigiéndoles más a los docentes, sino cómo el Estado comienza a proteger efectivamente a las comunidades educativas. Porque lo único más injusto que pedirles intervenir es seguir culpándolos por no poder hacer aquello para lo que jamás fueron formados.

Roberto Bravo

Director de Líderes Escolares