SEÑOR DIRECTOR:

Un estudio estima que las apuestas online generan entre US$800 y US$1.200 millones anuales en costos económicos y sociales en Chile. El debate legislativo avanza, pero el estándar no puede ser solo fiscal: debe proteger a las personas. Hoy, las pérdidas se socializan en salud, endeudamiento y conflictos, mientras las ganancias se privatizan.

Corregir esa asimetría exige una regulación centrada en reducción de daño y derechos del usuario. Principio simple: quien daña, previene y paga la mitigación. Proponemos prohibir créditos y “bonos” que incentiven pérdidas; fijar límites a depósitos, tiempo y pérdidas; exigir verificación reforzada; establecer publicidad responsable, sin patrocinio masivo, franjas acotadas y sin segmentar a jóvenes o grupos vulnerables; registrar operaciones por seis años con auditorías y datos abiertos; crear autoexclusión interoperable y bloqueo a menores y deudores de alimentos; regular medios de pago para cortar financiamiento a operadores sin licencia, evitar sobreendeudamiento, asegurar trazabilidad y facilitar devoluciones; crear un fondo estable para prevención y tratamiento; y coordinar la supervisión entre regulador de juegos, CMF, SII y Minsal.

Los costos sociales pueden neutralizar la recaudación prometida por la industria. Regular es urgente, con estándares que prioricen la salud pública y los derechos de los consumidores.

Stefan Larenas Riobó

Presidente

Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU)