SEÑOR DIRECTOR:

Necesaria y responsable es la decisión de postergar la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales. No se trata de debilitar una ley cuyo objetivo es justo y esperado, sino de reconocer una realidad ineludible: la Agencia de Protección de Datos Personales, encargada de fiscalizarla, todavía no existe. Exigir a empresas y servicios públicos cumplir obligaciones exigentes —bajo amenaza de multas que pueden afectar profundamente el patrimonio de una entidad, sin que exista siquiera el organismo que debe orientar e interpretar esa normativa, es una fórmula para la incertidumbre jurídica y la aplicación arbitraria.

Postergar la entrada en vigencia hasta que la agencia esté operativa es de sentido común regulatorio, una ley tan relevante para los derechos de las personas merece implementarse bien, no rápido. El costo de una mala implementación, que puede traer confusión, litigios y desconfianza en la nueva institucionalidad, sería mucho mayor que el de esperar los meses necesarios para partir con las condiciones adecuadas.

Alex Figueroa N.

Gerente general de Detacoop