SEÑOR DIRECTOR:

Escribió el gran poeta alemán Hölderlin: “Se le ha dado al hombre el más peligroso de los bienes: el lenguaje”. Es peligroso porque crea significados, moldea mentalidades, despierta emociones y mueve a la acción. Por eso, cada palabra exige responsabilidad: ser autor de lo que se dice y, sobre todo, responder por sus consecuencias.

La inteligencia artificial ha alterado esa relación: permite producir textos con enorme facilidad, diluyendo la autoría y alimentando la tentación de delegar también la responsabilidad. De allí derivan riesgos evidentes: plagio, engaño y falsedad.

El fenómeno ya golpea el corazón de la profesión jurídica. Hace pocos días, un abogado saturó el Poder Judicial con 38.477 escritos generados mediante IA en solo tres días. En abril, la Corte Suprema suspendió por un mes a una abogada que citó doctrina inexistente inventada por un chatbot. Antes, un juzgado de Concepción sancionó a otro profesional por invocar jurisprudencia igualmente ficticia. Y no sería extraño que ya se dicten resoluciones cuya revisión humana sea apenas formal.

La autoridad del Derecho descansa en que tras cada escrito, sentencia o alegato exista una persona identificable que responda por lo que afirma. La firma de un abogado o de un juez no es un requisito formal: es garantía de autoría, veracidad y responsabilidad. Si esa garantía se debilita, también se erosiona la confianza pública en la justicia. Se hace urgente, entonces, enfrentar este nuevo desafío ético. Lo que está en juego es mucho: los abogados y los jueces están llamados a colaborar en la administración de justicia, no a convertirse en instrumentos de su distorsión.

Sebastián Kaufmann

Abogado y académico U. Central