¿En manos torpes?
<P>La propuesta Walker-Larraín de un sistema semi presidencial no deja de ser un interesante ejercicio teórico. Pero en lugar de jugar a la política ficción, sería bueno que pensaran en formas prácticas y razonables de limitar el poder presidencial y de aumentar el rol de un Parlamento verdaderamente democrático, elegido a través de partidos abiertos, transparentes e inclusivos.</P>

Hace más de medio siglo, un senador de la República dijo: "Ponemos en manos torpes un instrumento delicado". Las manos eran las del entonces Presidente Carlos Ibáñez del Campo y el instrumento era el ajuste del tipo de cambio. Eran los tiempos de la llamada Misión Klein-Saks, uno de los tantos intentos -infructuosos, por lo demás- por ponerle atajo a la inflación y la inestabilidad.
Recordé esa frase del senador Eduardo Moore después de leer la propuesta de reforma política de los presidentes de la DC y RN. Efectivamente, el documento "Un nuevo régimen político para Chile" sugiere que las manos de nuestros políticos son bastante torpes . Al mismo tiempo, la reforma constitucional es un instrumento muy delicado.
No cabe duda que nuestro sistema político deja qué desear y que sus falencias son muchas. Una de ellas es el sistema binominal utilizado para elegir a los miembros del Parlamento.
Pero no es la única limitación; ni siquiera es la más importante. Mucho más serios son el sistema autoritario y cavernícola de partidos políticos; la manera cómo se financian las campañas políticas, y los distritos electorales de distinto tamaño. Pero casi nada de esto es abordado en el documento en cuestión.
En las democracias modernas, los partidos políticos juegan un rol fundamental. A través de ellos, los ciudadanos participan plenamente en el proceso democrático: pueden elegir a los candidatos a diferente puestos, postular a cargos de representación popular e influir en las plataformas programáticas.
Por eso, para que la democracia sea verdaderamente representativa, los partidos deben ser abiertos, democráticos e inclusivos. Debiera ser fácil afiliarse y desafiliarse a ellos, postularse a puestos directivos y presentarse a elecciones internas a través de primarias. Más aún, los partidos no podrían negarle la militancia a ningún ciudadano, a no ser que éste hubiera cometido fechorías mayúsculas.
Los partidos chilenos son lo opuesto. Son instituciones cerradas, gobernadas por grupúsculos que se autogeneran -"coroneles", "históricos" y otros-, y de un autoritarismo aterrador. Eligen a los candidatos al Parlamento en reuniones semi secretas, censuran a los militantes, amenazan con expulsión a quienes piensan en forma diferente y obligan -o tratan de obligar- a sus parlamentarios a votar como una manada de ovejas. Este autoritarismo ha quedado de manifiesto en el proceso usado para nombrar a los reemplazantes de aquellos parlamentarios que últimamente se han unido al gabinete.
El solo hecho de que los "tribunales de disciplina" sean una de las principales instancias de los partidos, es una aberración. Hace unos días, no pude contener la risa -y el asombro- al enterarme de que el PS disciplinó al ex ministro Jaime Estévez por un asunto futbolero. Lo único que falta es que algunos militantes sean expulsados por la manera como se visten o por el largo de su pelo, por sus preferencias sexuales, por sus hábitos de lectura o por el lugar donde disfrutan sus vacaciones.
Y como la democracia no consiste en, solamente, acudir a las urnas cada cuatro años, estos partidos autoritarios y anacrónicos son un gran impedimento a la participación democrática de los ciudadanos. Si bien el documento de Ignacio Walker y Carlos Larraín menciona la necesidad de que haya primarias simultáneas y vinculantes, no dice que éstas deben ser obligatorias ni se refiere a medidas concretas para, de verdad, democratizar a los partidos.
Pero más grave que lo anterior es que el valor del voto dependa del domicilio de la persona. Efectivamente, en Chile hay individuos cuyo poder político es muchas veces mayor que el de otros conciudadanos.
Si usted vive en el Distrito 59 (Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane, Coyhaique, Guaitecas, Lago Verde, O'Higgins, Río Ibáñez, Tortel), su voto vale cuatro veces más que el de un ciudadano afincado en el Distrito 44 (Chillán, Chillán Viejo, Coihueco, El Carmen, Pemuco, Pinto, San Ignacio, Yungay).
Peor aún, el voto de quien vive en el 59 vale seis veces más -sí, leyó bien ¡seis veces!- que el de quienes viven en el Distrito 20 (Cerrillos, Estación Central, Maipú).
Esto es el resultado de distritos electorales de diferentes tamaños, los que fueron definidos en 1989 por funcionarios de Pinochet y que no han sido debidamente actualizados. En 2008, el Distrito 59 tenía 40 mil votantes, mientras que el Distrito 20 tenía 230 mil electores. Y sin embargo, ambos distritos eligieron dos diputados. Las matemáticas son simples: los votos del 59 son casi seis veces más valiosos que los del 20.
Estas discrepancias son abominables y crean un país con ciudadanos de primera, segunda y tercera categorías. Como el politólogo Patricio Navia ha señalado en forma repetida, cualquier intento por profundizar nuestra democracia requiere, como paso esencial, igualar el valor de los votos. Pero no es suficiente hacerlo una vez; el tamaño de los distritos debe ser revisado en forma continua, para así mantener la igualdad ciudadana.
Pero el documento de la DC y RN nada dice al respecto. Ni una sola palabra; es como si a Aristóteles -quien es mencionado con reverencia- le hubiera parecido bien tanta odiosidad.
Pero lo más sorprendente del documento de marras es la propuesta de implementar en Chile un sistema "semi presidencial". Una sugerencia exótica, por decir lo menos.
Yo entiendo que el objetivo de esta reforma es remediar el excesivo poder que tiene el Presidente de la República en la institucionalidad actual. Pero esto se puede hacer de una manera mucho más simple y directa.
Antes de adoptar un sistema o procedimiento novedoso es necesario contestar, a lo menos, dos preguntas: ¿Ha sido usado en algún otro lugar? y ¿cómo ha funcionado en las naciones donde ha sido puesto en acción?
Varios países de Europa han implementado, al menos en teoría, el sistema semi presidencial. El caso más conocido es el de Francia, durante la Quinta República, a partir de 1958. Pero no es el único. Con anterioridad, este sistema fue incorporado en las constituciones alemanas durante la República del Weimar en 1919, en Austria (1920), Finlandia (1919), Irlanda (1937) e Islandia (1945).
En 1976 y en un esfuerzo por acomodar las posiciones políticas de distintas facciones casi irreconciliables, el semi presidencialismo fue adoptado por Portugal. Más recientemente y después de la caída del muro de Berlín, el sistema ha sido acogido por una serie de países de la ex órbita soviética: Bulgaria, Croacia, Macedonia, Polonia, Rumania y Eslovenia. Algunos autores han argumentado que en América Latina hay sistemas semi presidenciales en Argentina, Haití y República Dominicana.
Por tanto, la lista de países que, de una manera u otra, han intentado el semi presidencialismo es relativamente extensa. Pero hay que reconocer que, con una o dos excepciones, no es una lista muy impresionante. Para empezar, la existencia de un sistema semi presidencial no impidió ni la inestabilidad política en Alemania ni el ascenso de Hitler al poder en 1933.
De otro lado, desde un punto de vista práctico, en Austria, Irlanda e Islandia, el sistema operó desde un comienzo como un parlamentarismo clásico. Más cerca de casa, en Argentina y República Dominicana, el sistema degeneró rápidamente en presidencialismo autoritario -pregunta: ¿quién puede nombrar a los jefes de gabinete argentinos durante las presidencias de Menem, De la Rúa o los Kirchner?
Esto nos deja con dos casos de semi presidencialismo "puro", con una experiencia lo suficientemente prolongada para hacer una evaluación: Francia y Portugal. Y resulta que en ninguno de estos dos países el sistema ha funcionado demasiado bien. Esto es, en particular, el caso de Francia. Cuando el primer ministro ha sido del mismo partido que el presidente, este último ha dominado sin contrapeso y el sistema ha operado como un presidencialismo bastante autoritario. En tres ocasiones, sin embargo, los dos puestos han estado en manos de individuos de distintos partidos, produciéndose lo que se conoce como "cohabitación": entre 1986 y 1988; 1993 y 1995, y entre 1997 y 2002. En todos estos casos, el proceso político se empantanó. En lugar de lograrse acuerdos y acercamientos, como predice la teoría, los niveles de tensión se vieron acrecentados.
Como ha dicho Alfredo Joignant, con mucho acierto, es difícil pensar en una buena cohabitación a la chilena. ¿Se imagina a la dupla Ricardo Lagos de Presidente, con Pablo Longueira de Premier?
Todo lo anterior sugiere que la propuesta Walker-Larraín, de implementar un sistema semi presidencial en Chile, no deja de ser un interesante ejercicio teórico. Pero en lugar de jugar a la política ficción, sería buenísimo si los líderes de nuestros partidos de centro se pusieran a pensar en formas prácticas y razonables de limitar el poder presidencial, a la vez de aumentar el rol de un Parlamento verdaderamente democrático, elegido a través de partidos abiertos, transparentes e inclusivos.
Un dicho popular dice: "La intención es lo que vale". Y la intención de Ignacio Walker y Carlos Larraín es buena y loable. Por ello deben ser felicitados.
Pero no olvidemos ese otro adagio que dice: "El diablo está en los detalles".
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