El proceso de transición ha estado cruzado por reproches desde la oposición, así como de representantes del futuro gobierno, que acusan al Ejecutivo de estar cursando en sus postrimerías una serie de designaciones en cargos relevantes, lo que consideran “amarres” que dificultarán el quehacer de la futura administración. Desde La Moneda han defendido dichas nominaciones, argumentando que varias se han hecho mediante concursos públicos, y que no corresponde que se ejerza esa presión para que se deje de gobernar o para que el Estado deje de funcionar, más aún si hay instrucciones para que todos los cargos de confianza presenten su renuncia antes del 11 de marzo.

Si bien la forma como ha estado actuando el Ejecutivo puede enmarcarse dentro de sus atribuciones legales, el hecho de que varios de los funcionarios que han sido designados tengan una identificación política afín a este gobierno hace cuestionable que se insista en dejar desde ya amarrados dichos cargos, sobre todo si algunas de esas funciones no son críticas para asegurar el buen funcionamiento del Estado, y por tanto su nominación podría haber esperado algunas semanas hasta que asumiera el nuevo gobierno, recurriendo al mecanismo de la subrogancia. En la medida que la designación sea más bien política y los tiempos permiten esperar sin que sea vea afectada la operación del Estado, es válido asimilarlo a un “amarre”, generando inconvenientes suspicacias de intervención política en un proyecto distinto al que la ciudadanía eligió. De allí que un buen sentido de la prudencia aconsejaría que el gobierno se debió haber abstenido de convocar a estos concursos para proveer cargos permanentes, abriendo un flanco muy inconveniente por la oportunidad en que se está haciendo.

Probablemente el caso más controversial ha sido en el Ministerio de Defensa, específicamente en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, a cargo del militante PC Galo Edelstein. Además de llamar la atención la profusa cantidad de asesores afines al PC en cargos muy bien remunerados en dicha repartición, se cuestiona que una de sus colaboradoras más estrechas haya sido designada por estos días en la planta como jefa del Departamento de Estudios y Análisis de dicha subsecretaría. Su nombre desde ya ha generado resistencia en el nuevo gobierno -el propio Presidente electo José Antonio Kast señaló que resulta poco razonable que en una subsecretaría tan importante se resuelvan en los últimos 30 días concursos que van a implicar al nuevo gobierno tener personas que no comparten en nada los principios y formulación de propuestas públicas que se hicieron a la ciudadanía-, lo que ilustra los riesgos de proceder en la forma que se ha hecho. Ello desde luego no solo puede ser un foco de potencial tensión al interior del Ministerio, sino que la propia funcionaria queda en una posición muy difícil, con lo cual no se advierten las ventajas de haberse precipitado en esta designación, sobre todo tratándose de un cargo que pudo haber esperado un tiempo y así ahorrarse problemas.

El episodio en Defensa cabe insertarlo dentro de un contexto más amplio, pues resulta evidente que el gobierno ha hecho poco por disimular el afán por los “amarres” de último minuto. Lo trató de hacer -aunque sin éxito- en el caso de los funcionarios a contrata, proponiendo en el proyecto de reajuste al sector público una cláusula de modo que al cabo de dos años dichos funcionarios no podrían ser removidos sino mediante procesos que se asemejan al de un funcionario de planta, lo que habría establecido una inamovilidad de facto en un universo potencial de más de 200 mil funcionarios. Por estos días también se han cerrado una serie de concursos para designar a directores ejecutivos de los SLEP, lo que también ha sido cuestionado por el nuevo gobierno, ante la posibilidad de que no compartan los lineamientos que se buscarán introducir en la educación pública. Y desde luego el secretismo que rodeó la inscripción de Michelle Bachelet como candidata para la Secretaría General de la ONU, congregando el apoyo de Brasil y México sin que ello haya sido sensibilizado con las nuevas autoridades, también ha sido leído como otra forma de “amarre”.

Hay desde luego un debate pendiente de mayor alcance, referido a la pertinencia de que con cada nueva administración se cambien miles de funcionarios; siendo legítimo que en aquellos cargos de mayor responsabilidad se coloquen a personas que cuenten con la confianza del gobierno, sería razonable pensar en modelos donde se apunte a una mayor profesionalización del servicio público, de modo que las designaciones respondan ante todo a criterios técnicos antes que a afinidades políticas; se da la paradoja de que un país como Estados Unidos, mucho más grande que el nuestro, cambia solo unos tres mil funcionarios con cada nueva administración. Además, como acertadamente mencionó la contralora a propósito de la ley de reajuste del sector público, cuando se hace ingresar personas “por la ventana” se perjudica la carrera funcionaria de quienes llevan tiempo esperando una promoción o ascenso. Sería también la oportunidad para buscar unificar criterios sobre designaciones que corresponda hacer en la etapa final de un gobierno, facilitando las transiciones. Con todo, ello no puede servir de pretexto para excusar la falta de prudencia que se ha observado en esta etapa final del gobierno, dejando “amarres” de último momento.