La ratificación por parte de la Corte Suprema argentina de la condena a seis años de cárcel e inhabilidad política perpetua contra la ex presidenta argentina Cristina Fernández marca un hito en la historia política y judicial de ese país. Es la primera vez que un ex gobernante transandino elegido democráticamente enfrenta una pena de cárcel por delitos de corrupción. La exmandataria ya solicitó cumplir la condena en su domicilio, beneficio al que pueden apelar los mayores de 70 años, pero será finalmente el tribunal el que deberá determinar si acoge o no la solicitud. Al margen de ello, el contundente fallo de la Corte Suprema fija un antes y un después y tendrá evidentes consecuencias en la política argentina, al dar una potente señal contra la corrupción y sacar del ruedo a una figura central de la historia transandina de los últimos 20 años.

La exmandataria fue encontrada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” en el llamado “Caso Vialidad”, referido a la adjudicación de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, que según estimó la justicia en 2022 defraudaron en más de 85.000 millones de pesos al fisco transandino, lo que ajustado por inflación hoy equivale a cerca de US$ 600 millones. En el proceso se pudo acreditar que Fernández junto a su marido, el fallecido ex mandatario Néstor Kirchner, crearon junto a Lázaro Báez -quien actuó como testaferro- una empresa de construcción que se adjudicó entre 2003 y 2015 el 85% de todos los contratos de obras en la provincia de Santa Cruz. En total fueron 51 proyectos que obtuvieron un sobreprecio de cerca de un 20% y más de la mitad quedaron inconclusos o nunca se realizaron.

La exmandataria denunció una persecución política y calificó a los tres jueces de la Corte Suprema que ratificaron el fallo de la Cámara Federal de ser “un triunvirato impresentable” que cumple órdenes del “poder económico concentrado” y que su objetivo era “eliminarla políticamente”. Sin embargo, Cristina Fernández olvida que el proceso que terminó con su condena fue ratificado en tres instancias diversas y en el que participaron 14 jueces distintos, quienes llegaron a la misma convicción. Como señala el fallo del máximo tribunal transandino, las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y no se observa que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional.

Cuestionar el fallo, como ha hecho Fernández, denunciando un supuesto lawfare, solo contribuye a debilitar la confianza ciudadana en la justicia, más aún cuando los hechos dan cuenta de que el proceso se llevó a cabo cumpliendo todas las garantías del debido proceso. Cuidar la institucionalidad es una obligación de todo dirigente político en un sistema democrático. Por ello, es igualmente preocupante que otras figuras latinoamericanas e incluso chilenas, como el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, en su calidad de representante del Grupo de Puebla, avalen los cuestionamientos de la ex presidenta transandina e incluso sugieran que en sus propios países la justicia es utilizada con fines políticos. Afirmaciones como esa no solo son irresponsables sino que debilitan un pilar esencial de un estado de derecho como es la justicia.