El gobierno logró por un estrecho margen -26 votos contra 23- que el Senado aprobara en general el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, un paso relevante para que esta iniciativa -considerada como una de las más centrales del presente mandato- pudiera continuar con su tramitación legislativa, tomando en cuenta que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Desde la oposición hubo una dura resistencia a este proyecto, no solo por las objeciones que ha despertado ante el riesgo de que el Estado tenga que sacrificar una serie de beneficios sociales producto de los menores ingresos que recibiría en razón de los recortes tributarios que se proponen, sino que además se reprocha al Ejecutivo -y en especial al ministro de Hacienda- la falta de voluntad para haber recogido los planteamientos de la oposición y así asegurar una base de apoyo más amplia en el Senado que solo haber aprobado con lo justo. A la luz de ello, se asegura que el gobierno está cometiendo un grave error político, ya que esta falta de diálogo o empecinamiento rompe las confianzas y deja al proyecto en una posición de mucha fragilidad.

Lo cierto es que centrar el resultado en lo estrecho de la votación y a partir de ahí concluir que el camino seguido por el gobierno resulta un error parece artificial, sencillamente porque la votación en el Senado respondió a la estrategia que Hacienda decidió seguir para agilizar la tramitación. El objetivo en esta etapa era asegurar que se aprobara la idea de legislar rápidamente, y dado que para ello ya tenía los votos suficientes, no se vio necesario entrar ahora en una fase de negociaciones con la oposición, pues esta tendrá lugar una vez que comience la discusión artículo por artículo en las comisiones. De allí que si bien para el Ejecutivo fue importante conseguir esta votación, es difícil hablar de un “triunfo político” cuando todavía los contenidos del proyecto no están aprobados, pero a su vez resulta un exceso presentar este resultado como una “aplanadora” o un fracaso producto de la falta de diálogo, cuando ello no forma parte de lo que se diseñó para esta etapa.

Dado que en la Cámara no hubo necesidad de mayores negociaciones -ya que gracias al acuerdo que el Ejecutivo alcanzó con el PDG el proyecto se aprobó en general y particular con holgura- es en realidad a partir de ahora cuando se ha dado el puntapié para comenzar a desplegar la verdadera negociación política en torno al proyecto de reconstrucción, donde tanto Hacienda como los representantes de la oposición deberán mostrar sus respectivas cartas y solo ahí se podrá calibrar cuánta voluntad de diálogo existe en ambas partes, tomando en cuenta, además, que dado que el PDG no tiene presencia en el Senado, el gobierno se verá en la necesidad de articular nuevos acuerdos.

Si bien ha llamado la atención el tono particularmente polarizante que esta vez se ha observado en varios de los senadores, ello no debe hacer perder de vista que las primeras señales que se han dado luego de la aprobación en general permiten anticipar que se divisa voluntad de diálogo. Así, por ejemplo, la senadora Yasna Provoste (DC) entregó al ministro de Hacienda un documento a nombre de la oposición con una serie de propuestas alternativas, lo que ya es un punto de partida. El ministro de Hacienda, por su parte, señaló que en la discusión particular espera ir recogiendo “muchas ideas” que se han recibido, confiando en que logrará aumentar la base de apoyo. De hecho, el secretario de Estado ya adelantó la disposición para acotar el crédito al empleo que contiene la propuesta -que ha sido una de las piedras de tope, por su enorme costo fiscal-, revisar aspectos de la invariabilidad a cambio de reducir aún más el impuesto corporativo, así como restablecer la franquicia Simce, pero reformulada. El ministro ha dicho también que insistirá en la idea de reponer la norma que buscaba modificar la ley de propiedad intelectual para permitir a los sistemas de Inteligencia Artificial reproducir, distribuir y entrenarse con obras protegidas -textos, noticias, música, imágenes- sin necesidad de autorización ni pago de remuneración a los autores. Esto fue acertadamente rechazado por la Cámara, ante lo expropiatorio que resulta para los creadores de contenido, por lo que cabe esperar que, de insistir, la nueva propuesta no incurra en los mismos errores.

No cabe duda de que la variedad de materias que incluye este proyecto de ley y el impacto fiscal que transitoriamente conllevará hace que el debate de esta iniciativa resulte particularmente complejo, pero por lo mismo es importante que desde ya se vayan alcanzando ciertos diagnósticos compartidos. En el seminario “Ley de Reconstrucción en su hora final”, organizado por La Tercera en conjunto con la UNAB, EY y Larraín Vial, que tuvo lugar esta semana, fue posible apreciar que parece estar asentándose una visión común en cuanto a que ya no es posible seguir soslayando que el país requiere urgentemente reactivar el crecimiento económico, porque de otra forma no será posible bajar los altísimos niveles de desempleo ni cerrar la brecha fiscal en que nos encontramos. Incluso representantes del mundo de la izquierda lo que más reprocharon fue la falta de un acuerdo previo y la posibilidad de poner en riesgo el financiamiento de beneficios sociales, pero ya no un desacuerdo en sí con la idea de un proyecto reactivador o de la necesidad de racionalizar el gasto público.

A su vez, los diversos expertos que expusieron en el seminario desmenuzaron una serie de aspectos técnicos, como por ejemplo alertando sobre los costos del subsidio al empleo en la forma como está diseñado en el proyecto, o mostrando que la invariabilidad de 25 años que se propone parece demasiado generosa cuando el umbral que se coloca para acceder a ella apenas supone una inversión de US$ 50 millones; a su vez, se destacó la importancia de recuperar la competitividad tributaria, donde se ilustró acerca de los efectos proinversión que podrían tener medidas como la reintegración, la supresión del impuesto único sobre ganancias de capital en operaciones bursátiles, o un crédito al empleo bien acotado. Es el tipo de insumos que en la discusión que se avecina en el Senado tanto el gobierno como los parlamentarios harían bien en tener en cuenta, de modo que el debate pueda transitar sobre todo por cauces técnicos antes que puramente ideológicos.