El lunes por la tarde, cuando el país todavía procesaba los anuncios de la Cuenta Pública, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso sobre la mesa una noticia que cambió abruptamente el tono del debate fiscal. El gobierno solicitaría al Congreso ampliar el límite de endeudamiento en US$ 6.200 millones. No se trataba de una cifra menor ni de un ajuste administrativo. Era, en los hechos, la confirmación de que el Presupuesto 2026 había sido aprobado con un desfinanciamiento relevante, tal como se advirtió durante su tramitación.

La solicitud resulta insólita no solo por su magnitud, sino también por las razones que la han motivado. Según detalló el secretario de Estado, al actualizar el escenario fiscal en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, Hacienda detectó una sobreestimación de ingresos y una subestimación de gastos en la Ley de Presupuestos aprobada en noviembre pasado. Como consecuencia, el déficit esperado para 2026 ya no sería de 1,5% del PIB, como se había considerado originalmente, sino de 2,9% del PIB. Tras las medidas de ajuste anunciadas por la nueva administración, esa cifra se habría reducido a 2,4% del PIB. Aun así, el deterioro seguía siendo suficiente para justificar una mayor necesidad de financiamiento.

De acuerdo con Hacienda, cerca de US$ 4.700 millones se explicarían por la diferencia entre el presupuesto aprobado y la realidad fiscal encontrada, además del efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda. Los otros US$ 1.500 millones corresponderían a capital de trabajo para cubrir obligaciones pendientes del Estado, especialmente deuda flotante y pagos atrasados a proveedores, incluidas pequeñas y medianas empresas.

A la luz de lo expuesto, resulta evidente que detrás de este mayor endeudamiento se esconde algo mucho más estructural, pues si el Estado necesita endeudarse de manera extraordinaria no para enfrentar una situación de emergencia, sino para cubrir compromisos ya asumidos, es claro que dista de ser un asunto solo de caja. La razón de fondo parece estar en la forma como se han venido formulando los presupuestos, en la calidad de las proyecciones fiscales y en la disposición de la autoridad a transparentar oportunamente el verdadero estado de las finanzas públicas, algo que resulta del todo ajeno a la escrupulosa forma en que nuestro país tradicionalmente había manejado los temas fiscales.

Un ejemplo ilustra bien esta fragilidad. Entre el Informe de Finanzas Públicas publicado en septiembre y el que acompañó la discusión presupuestaria, la proyección de ingresos tributarios no mineros fue revisada a la baja en US$ 4.800 millones. Ese dato, por sí solo, revela una estrategia fiscal que descansó demasiado en supuestos optimistas y demasiado poco en las advertencias de prudencia realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes y durante la tramitación del presupuesto.

También cabe mirar el rol del Congreso en estos descuadres. Durante la discusión del Presupuesto 2026, distintos parlamentarios levantaron alertas sobre una posible sobreestimación de los ingresos fiscales. Al mismo tiempo, se advirtió que había gastos que no estaban debidamente incorporados, como aquellos asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones del sector público. Pese a ello, esas inquietudes no fueron resueltas de manera satisfactoria y el presupuesto terminó siendo aprobado en ambas cámaras. Esa responsabilidad no puede ser omitida, pues si bien es el Ejecutivo quien tiene la potestad en materia presupuestaria, el Congreso está llamado a jugar un rol de control que claramente no ha desempeñado.

Lo ocurrido con el Presupuesto 2026 no es un hecho aislado. En los últimos años el descuadre presupuestario dejó de ser una excepción y comenzó a transformarse en una práctica recurrente. En vez de reconocer oportunamente mayores necesidades de financiamiento o ajustar los gastos a los ingresos efectivos, se recurrió a recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y a retiros extraordinarios desde Corfo. Es decir, se utilizaron ahorros que debieron estar reservados principalmente para enfrentar eventos adversos, como crisis económicas, y no para cubrir desajustes ordinarios de programación fiscal.

Chile ha sido históricamente respetado por los inversionistas internacionales, entre otras razones por su estabilidad macroeconómica y por el manejo responsable de su política fiscal. Por ello esta solicitud inédita de endeudamiento debe ser leída como una severa advertencia para el gobierno y para el mundo político, ya que de persistir estos descuadres inevitablemente habrá repercusiones para nuestro país, algo que de momento no pareciera estar siendo aquilatado por muchos. Un país que incumple de manera persistente sus compromisos fiscales se expone a mayores tasas de interés, menor confianza de los inversionistas y, finalmente, en peores condiciones de financiamiento para las personas y las empresas,abriendo la posibilidad de que aumente el riesgo país.

En el debate parlamentario que tendrá lugar para discutir el aumento del límite de endeudamiento será fundamental que se aclare pormenorizadamente cómo fue posible que se aprobara un presupuesto que al cabo de seis meses ha quedado desfinanciado, y qué medidas correctivas asumirá tanto el Ejecutivo como el propio Congreso para evitar que situaciones de este tipo continúen ocurriendo, pues no resulta aceptable que el país esté deteriorando su credibilidad a nivel internacional, producto de que sus propias cifras no resulten confiables.