La última junta de accionistas de Codelco no pasó inadvertida. Más que una reunión rutinaria, fue una clara señal de un cambio en el trato con la administración de las empresas públicas. El Estado, en su calidad de dueño y representado por los ministros de Hacienda y de Minería, marcó distancia respecto del tono autocomplaciente con que a ratos la administración quiso presentar sus resultados. No fue un gesto menor en una empresa estratégica para Chile y para la minería mundial, considerando que arrastra años de rezago productivo, sobrecostos y metas incumplidas.

El presidente de la cuprífera estatal intentó transmitir a los dueños un mensaje central: que Codelco no está en crisis. Sostuvo que la empresa atraviesa una etapa de transformación exigente, defendió la gestión de los últimos años, rechazó las narrativas de inestabilidad, destacó una recuperación de la producción y reafirmó la meta de alcanzar 1,7 millones de toneladas hacia el fin de la década. Pero ese mensaje chocó con un dato incómodo: la producción de Codelco cayó a 1,3 millones de toneladas en 2023, su nivel más bajo en 25 años, mientras que la recuperación posterior al 2025 ha sido todavía demasiado frágil como para despejar las dudas sobre la consistencia del repunte y la credibilidad de las metas.

Previo a la junta, trascendió que la estatal había recibido un cuestionario detallado del gobierno para que diera cuenta de sus principales resultados y respondiera por el desempeño de la operación de cobre durante el último año. En la propia reunión, el ministro de Hacienda llegó a preguntar si la administración no se hacía ninguna autocrítica, reflejando la molestia del dueño ante una cuenta que subrayó los logros, pero eludió con demasiada ligereza los tropiezos. Tal propósito de rendición de cuentas, más que un problema, debiera verse como el ejercicio -tardío, pero necesario- de una responsabilidad elemental del dueño, que ante todo debe velar por el buen funcionamiento de las empresas del Estado, cuya actitud no debería limitarse solo a escuchar lo que tenga que decir la administración y aparecer cumpliendo con un mero trámite.

En los últimos años, el balance de las empresas públicas en Chile ha sido bastante desigual. Por ejemplo, las cifras muestran una realidad que obliga a dejar atrás toda complacencia: de las 37 empresas estatales que reportan a la CMF, 17 empeoraron su última línea en 2024. Los ingresos retrocedieron, los pasivos financieros siguieron aumentando, mientras la caja se redujo. Aunque en 2024 el conjunto de las empresas estatales cerró con utilidades, una parte importante de ese resultado recaía en pocas empresas, especialmente en BancoEstado, mientras que otras siguieron exhibiendo debilidad operacional o pérdidas persistentes. Ello solo refuerza la importancia de que el gobierno -actuando en nombre del dueño- tenga un rol más activo en supervisar el funcionamiento de las empresas estatales, tanto para asegurar que cumplan con los fines para las cuales fueron creadas, como para cautelar que los recursos allí invertidos rindan en beneficio de los chilenos.

El caso de TVN -que desde hace años arrastra pérdidas y ha obligado a inyectarle millonarios recursos para asegurar su continuidad- probablemente es uno de los más paradigmáticos sobre la importancia de que el Estado asuma un rol de mayor supervigilancia sobre el desempeño de sus empresas. En efecto, el derrotero que ha seguido la señal estatal demuestra que cuando el dueño no define con claridad cuál es su misión, cuánto está dispuesto a invertir en ella y cuáles serán las exigencias para el directorio y la administración, termina por hacerse cargo de un problema que se convierte en una fuerte carga para el país.

Con el cambio de gobierno, la nueva administración ha comenzado su proceso de nombramiento de directores, en quienes deberían primar el mérito y la experiencia en el negocio, y no la afinidad política. Al mismo tiempo, deberá exigirles resultados, revisar el cumplimiento de sus metas, pedir explicaciones cuando los números o la ejecución se desvíen y actuar con firmeza cuando su desempeño no esté a la altura. Esa es precisamente la lógica de las mejores prácticas de un gobierno corporativo: un dueño que no administra desde la sombra, sino que fija el rumbo, evalúa y corrige cuando corresponde.

Cabría esperar que la nueva mano del Fisco, demostrada en la junta de accionistas de Codelco, sea el comienzo de un nuevo trato del Ejecutivo con las empresas públicas, sin excepciones -incluso en aquellas donde el directorio debe ser ratificado por el Congreso, asumiendo que se buscan mayores niveles de autonomía-, donde la misión pública no sirva de refugio para la gestión deficiente, evitando normalizar los malos resultados. Este rol más activo del dueño también debe traducirse en que sea capaz de evaluar si hay empresas cuya función pública ya no se justifica, o si para cumplir en forma más eficiente su propósito requerirían inyección de capitales privados.