Agosto de 2020. El Congreso aprobó el retiro de fondos previsionales y Chile, convertido en un país bananero y pobre, está en llamas. El mercado bursátil colapsó y los fondos de pensiones se derrumbaron. En medio del caos y de atentados incendiarios en las sucursales de las AFP, se sincera que la entrega del dinero demorará meses, si es que alguna vez se hace. ¡Oh, si sólo hubiéramos escuchado a los expertos…!
Ni una palabra del párrafo anterior es inventada. La alcaldesa de Providencia profetizó que “si esto se aprueba, Chile se va a incendiar”. El ministro de Economía anticipó que “nos vamos a transformar en un país bananero y los países bananeros son pobres, desiguales y tienen democracias débiles”.
El exsuperintendente de Valores, Guillermo Larraín, advirtió que “la venta de activos que tendrían que hacer las AFP simplemente destruye el mercado”. Cristián Araya, gerente en Van-Trust Capital, estimó que “la bolsa caería entre 10% y 12%”. La economista de Libertad y Desarrollo Bettina Horst anticipó que la ley “va a generar muchas frustraciones (…) La rapidez de la entrega es uno de los tantos mitos de esta reforma, la entrega de recursos probablemente se demore más de un mes”.
El economista Salvador Valdés sentenció que “la reforma es impracticable. Aun de ser aprobada llegará muy, muy tarde. Son enormes los obstáculos sanitarios y operativos (…) esta reforma dejará de regir apenas venza el estado de excepción a causa del Covid-19, lo que ocurrirá antes de la recepción de las solicitudes de retiro”. Incluso, tal vez inspirado por la alcaldesa, pronosticó que las sucursales de las AFP sufrirían una “ola de incendios en respuesta a las demoras”.
Por supuesto, nada de esto pasó. A dos semanas de la promulgación de la reforma, 6 millones y medio de afiliados ya recibieron el dinero, sumando casi 9 mil millones de dólares. No hubo incendios ni caos. De hecho, como nadie sabe para quién trabaja, la imagen positiva de las AFP saltó 10 puntos, la evaluación de otras empresas privadas como los bancos también aumentó, y la confianza de los consumidores mejoró. La bolsa, tras sufrir caídas en los primeros pasos de la reforma, lleva tres semanas al alza. Los fondos de pensiones han subido entre 0,7% y 3,8% en agosto.
Se estima que el boom de consumo provocado por los fondos dará un empujón de cerca del 3% al PIB. Incluso el ministro de Economía pasó del “país bananero” a reconocer que la reforma tiene “un impacto positivo” y “está empezando a reactivar la economía”.
El retiro del 10% plantea graves problemas al sistema previsional. Pero está claro que autoridades y tecnócratas equivocaron gravemente su análisis sobre las consecuencias de corto plazo, pintando un falso escenario apocalíptico y omitiendo los efectos positivos para la economía.
Los tecnócratas suelen dividir el mundo entre los “serios” (ellos mismos y quienes les hacen caso) versus los “populistas” (todos los demás). A la luz de esta evidencia, ¿qué tan “serios” fueron los pronósticos de muchos de ellos?
Por cierto, los expertos pueden equivocarse. El estadístico Nate Silver ha demostrado cómo las predicciones de los meteorólogos son mucho más acertadas en promedio que las de los economistas. Pero lo curioso es que esos errores coincidan tan abrumadoramente con los intereses del poder financiero, el mismo que ofrece a esos “técnicos” cómodos sillones en directorios, honorarios por asesorías o informes en juicios arbitrales.
El economista Luigi Zingales ha demostrado cómo la relación con el poder económico condiciona las conclusiones de sus colegas. Por ejemplo, en Estados Unidos, los economistas que son miembros de un directorio empresarial o de una escuela de negocios, son cuatro veces más favorables al pago de altas compensaciones a ejecutivos de las empresas, comparados con los que no pertenecen a ellas.
Estos sesgos rara vez son explicitados. En el debate del impuesto a los súper ricos, los medios publicamos las opiniones “técnicas” de tributaristas, sin advertir que muchos de ellos trabajan precisamente para esos millonarios ayudándolos a pagar menos impuestos.
Esto es aun más evidente cuando los “técnicos” son lobistas o miembros de think tanks financiados por los afectados por una legislación. Es el caso de Libertad y Desarrollo (LyD), que interviene en el debate mientras mantiene en secreto a sus financistas. Cada vez que investigaciones levantan ese velo, resulta que LyD defendía los intereses de sus mecenas. BAT Chile, que domina el 94% del mercado de los cigarrillos, financió a LyD mientras el instituto lideraba la batalla contra el proyecto que prohibía fumar en lugares cerrados, diciendo que impone “un estado policial”.
LyD también defendió a brazo partido la polémica licitación del litio que fue adjudicada a SQM, y que debió ser anulada por vicios legales. Más tarde se reveló que la empresa de Ponce Lerou pagaba al instituto.
El Consejo de LyD incluye a directores actuales o recientes de los grupos Luksic, Solari, Ponce, Echeverría Izquierdo, Ultramar, Santander, Endesa y Matte, y directores y gerentes de bancos, sanitarias, eléctricas y AFP. Ninguno de esos conflictos de interés se explicita en sus análisis.
Claro que el meteorólogo puede equivocarse. Pero es sospechoso que su error siempre sea pronosticar tormenta cuando los días son soleados. Y cuando descubrimos que el meteorólogo tiene acciones en una fábrica de paraguas, la confianza en él se desmorona.
Reconocer los errores cometidos y explicitar conflictos de interés es un mínimo indispensable para que los chilenos vuelvan a confiar en esos pronósticos.
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