Dos poderosos dirigentes pretenden erigirse en árbitros de la objetividad. Uno lidera la carrera para ser Presidente de la República. El otro es el presidente de los grandes empresarios. Ambos amenazan la libertad de expresión en Chile.
El mercado de los medios de comunicación está concentrado, generando conflictos de interés entre los propietarios y el derecho a la información de los ciudadanos a los que deben servir. Grandes grupos económicos son propietarios de medios de comunicación, y la prensa escrita es dominada por dos consorcios (El Mercurio y Copesa), ambos con una línea editorial cercana a la derecha.
Este maridaje entre poder económico y periodismo entra en tensión con la labor de los profesionales de la prensa, y con las redes sociales, que plantean nuevos problemas de concentración (Google y Facebook acaparan cada vez más la torta publicitaria). Pero, a la vez, abren la cancha de la competencia: en un mundo con múltiples medios digitales, hablar del “duopolio” tiene cada vez menos sentido. Las redes sociales convierten a cada ciudadano que tenga un teléfono en un medio de comunicación en sí mismo. Cuentas individuales, o incluso anónimas, pueden ser más poderosas a la hora de viralizar contenidos que los medios establecidos. De hecho, es muy probable que usted esté leyendo esta columna en una red social y no en el diario de Copesa en el que se imprime.
La prensa es parte del drástico rebaraje de poder que está transformando a Chile. Pero, en vez de entender estos cambios, algunos pretenden usar el dinero como arma para acallar el debate. Durante el estallido social, Juan Sutil decidió quitar los auspicios de sus empresas a CNN y Chilevisión (medios en que este columnista trabaja), por “su deplorable actitud en los momentos en que Chile necesitaba de un periodismo serio, objetivo y libre de sesgo político”.
“Yo estoy dispuesto a salir a luchar”, declaró Sutil: “No voy a avisar nunca más en ningún canal de TV que pierda la objetividad y la labor suprema de ejercer un periodismo correcto”. Y luego, en un acto fallido, intentó explicar que “soy una persona tolerante y democrática, pero no acepto la imparcialidad (sic)”. Su lucha tuvo premio: pocos meses después, fue elegido presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, la patronal de los grandes empresarios chilenos.
Algunos creen que el empresariado debe usar su poder económico para “premiar” o “castigar” a medios, y abrir o cerrar la válvula de la libertad de expresión mediante golpes de billeteras. Hace tres semanas, en este mismo diario, el expresidente de La Polar César Barros advirtió que la TV chilena es financiada “por los empresarios chilenos”, pero está “abiertamente colonizada por visiones de izquierda”. “Ya basta de quejarse en privado sobre los matinales y sus conductores. Llegó la hora de hacer algo al respecto”, advirtió.
En este ambiente, Daniel Jadue ha planteado una ley que “exija que los medios sean objetivos”, lo que se haría a través de “un consejo ciudadano compuesto por todos los poderes del Estado, pero que también podría ser electo por la ciudadanía”, con poder para revocar concesiones a quienes se aparten de esa línea. “No esperamos cerrar medios”, dice ominosamente el candidato presidencial que lidera las encuestas.
Jadue, tal como Sutil, quiere obligar a los medios a ser “objetivos”. Jadue considera que “los violadores de derechos humanos han tenido acceso privilegiado a instalar su verdad de manera sistemática y permanente” en la TV chilena. Sutil cree que “en Chile no se atenta contra los derechos humanos” y que, para la TV, “los carabineros no tienen derechos humanos cuando son agredidos y muestran las filmaciones anteriores a eso”.
¿Quién de ellos es dueño de la verdad “objetiva”? ¿Es objetivo Jadue? ¿Es objetivo Sutil? ¿Es objetivo El Siglo? ¿Es objetivo El Líbero? No. Son dirigentes y medios al servicio de determinadas ideas políticas, y en una sociedad democrática tienen derecho a expresarlas. ¿Quién debe definir qué medio cumple con esos estándares de “objetividad”? ¿El comité ejecutivo de la CPC? ¿Un ente burocrático dominado por un sector político? ¿Ciudadanos elegidos por la mayoría para acallar las voces de la minoría?
La respuesta en una democracia es: ninguna de las anteriores. Las sociedades pluralistas proveen servicios públicos de televisión y radio profesionales, financiados por el Estado, a cargo de entes autónomos de los gobiernos de turno. Y, al mismo tiempo, protegen a los medios privados para que desplieguen libremente su oferta programática, mientras los actores empresariales compiten tratando a sus consumidores como adultos y entregándoles buenos servicios, no jugando a la policía política ni manipulando la información que reciben.
Los partidarios de Jadue destacan, a favor de su tesis, la llamada telefónica de una asesora del Presidente Piñera al dueño del canal La Red para presionar por su línea editorial. Pero es al revés: esa es la mejor prueba de que su remedio es peor que la enfermedad. Si el consejo que Jadue propone existiera, Piñera hubiera podido ordenar a esos burócratas que le quitaran la concesión a La Red, en vez de quedar en ridículo en un intento fallido de presionar a un canal independiente. ¿Es esa un arma que queremos poner en manos de un gobierno? Quienes apoyan a Jadue, ¿estarían de acuerdo también si la próxima elección la ganara Lavín o Kast, o si ese “consejo ciudadano” fuera dominado por la derecha?
Hay que alejar las garras del poder del libre debate de ideas. Como escribió hace dos milenios Suetonio, “en un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres”. Es deber de la prensa incomodar al poder, tanto político como económico. Y debemos asegurar su independencia para hacerlo, no para amenazarla si incomoda al poder “equivocado”.
Cuando se trata del derecho a la información, el fin no justifica los medios.
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