El grito constitucional indígena

La discusión parlamentaria sobre los escaños reservados para pueblos originarios ha obviado una pregunta importante: ¿Qué esperan ellos de una nueva Constitución? Entre las etnias reconocidas hay esperanza de un nuevo trato, pero también temores. No quieren sentirse como un botín electoral.




La primera vez que Luis Catricura entendió que ni él ni su comunidad eran reconocidos por el pueblo chileno, fue a sus seis años: corría el año 1985 en la comuna de Panguipulli, de la Región de Los Ríos, y los únicos colegios municipales que había para recibir a los menores de la zona eran católicos, donde el mapudungún estaba prohibido. Eso para él era un problema: no sabía una palabra de español y hablar en su lengua durante clases era correr el riesgo de recibir un varillazo de los profesores, o pasar horas de rodillas sobre una fuente de arena.

En la comunidad de Pukura, en el lago Calafquén, conformada por más de 300 familias, esa sensación de invisibilización aún no abandona a Catricura. Treinta y cinco años después, sigue sintiendo que el Estado de Chile no respeta su forma de vida y la espiritualidad que tienen con la naturaleza, algo sagrado en su cultura. Lo han vivido con el Parque Nacional Villarrica. Dice que por ser un territorio ancestral, debiera ser de propiedad mapuche y no del Ministerio de Bienes Nacionales: “En la ribera del volcán nosotros cohabitamos, vamos a buscar piñones, vamos a la montaña por nuestros remedios, subimos a hacer ceremonias en ofrendas al volcán. Pero la autoridad te anula, porque no tienes un reconocimiento jurídico, no hay nada”.

Apenas se enteró de que participar en el proceso constituyente era una posibilidad a través de los escaños reservados, Catricura entendió que era el momento de terminar con esa invisibilización: tienen varias cosas que decir. Por eso, en el último tiempo se ha preocupado de explicar a su comunidad la importancia que esto tiene para el pueblo mapuche. De alguna manera, dice, es una oportunidad de resolver el choque cultural que se ha tenido con los winkas -gente extranjera a su pueblo-. “Vamos a estar conectados con los winkas y los winkas con nosotros para hablar del buen convivir”, explica él.

Lo más importante para ellos es que se reconozca su cosmovisión y el respeto con la madre tierra. Pasar a llevarla ya tiene un costo: ha producido un desequilibrio en la humanidad. Y no sólo eso. Está generando la muerte de un ciclo. Así lo ha transmitido el abuelo de Catricura y lonko de la comunidad Pukura. “La misma naturaleza humana en este lenguaje nos dio la oportunidad de reiniciarnos”.

Luis Catricura es ceremoniante en la comunidad de Pukura, en el lago Calafquén. Su rol es traer el legado ancestral y comunicarse con las divinidades energéticas de la madre tierra a través de las ceremonias, en las que reúne a todos los miembros de su comunidad.

Derechos tensionados

Ese reinicio también tiene que ver con los otros nueve pueblos indígenas con el que un 12,8% de la población chilena se identifica, según el Censo de 2017, y que anhelan que su forma de vida sea reconocida en la nueva Carta Magna.

Que Chile se defina en la Constitución como un Estado plurinacional, reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas, es una idea que cruza al menos los casi 2.500 kilómetros que dividen a La Araucanía de la Región de Tarapacá, donde habitan los descendientes del pueblo aimara. Para ellos, ese concepto es esencial para fortalecer sistemas de vida tan básicos como la educación de sus niños.

Catalina Cortés, concejala de la comuna de Pica y representante del área de desarrollo indígena Jiwasa Oraje -que reúne a los pueblos originarios de la zona- lo entendió cuando el choque cultural se notó en los resultados de un Simce. En un ejercicio matemático, a los niños de educación básica se les preguntó: si hay 10 llamas en un corral y sale una, ¿cuántas llamas quedan? “La respuesta en el 100% de los niños aimaras fue cero. Porque la lógica de la visión indígena dice que una llama conduce a todas las llamas, y no necesariamente a un ejercicio matemático tradicional. Eso dicta que los pueblos indígenas desde que nacemos tenemos otra visión de la realidad”, explica Cortés.

Catalina Cortés es la única concejala aimara de la comuna de Pica.

Cristián Collipal, además de ser machi de la comunidad de Pukura, también es profesor de un establecimiento educacional de la comuna de Panguipulli. Coincide con la necesidad de, al menos, incluir una educación intercultural en las comunidades mapuches: enseñar la cosmovisión, cómo su pueblo entiende el transcurso del tiempo, la espiritualidad, el trabajo con la tierra, la historia e incluso la religión. “Para nosotros la educación durante todos estos años ha sido como una castración cultural. Se nos inculcó una cultura y una lengua que no eran las nuestras”.

Esto se ha solucionado en muy menor medida con la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT, donde se establece que los servicios de educación tienen que responder a sus necesidades y abarcar su historia, conocimientos y técnicas. Pero la forma en que estos contenidos deben impartirse no está clara, y tampoco se fiscaliza si verdaderamente se cumple en los establecimientos de las zonas con pueblos originarios.

Sin embargo, el reconocimiento de los pueblos originarios por sí solo no garantiza la educación intercultural. Tampoco el solo hecho de reconocer a Chile como un país plurinacional, pues sería necesario mencionarlo expresamente en el capítulo de garantías constitucionales. Al menos así lo cree Alejandra Precht, abogada y profesora de Derecho Indígena de la UC, porque la plurinacionalidad “se trata de un concepto difuso, por lo que es necesario dotarlo de contenido y que tanto indígenas como no indígenas entendamos de igual manera su alcance, a modo de evitar conflictos futuros”. Para que exista un currículum educacional diferenciado para pueblos originarios, a su juicio, bastaría con que Chile se declare como un país intercultural y se incluya como garantía constitucional al tratar el derecho a la educación. “La palabra clave que sí tiene que estar es el concepto de inclusión, que implica el respeto y consideración del otro desde su identidad, de lo que le es propio y distintivo”, explica Precht.

Con la interculturalidad podrían establecerse, incluso, sistemas de salud propios para cada uno de los pueblos. En la comunidad We Juan Maika, de la comuna de Traiguén, el werkén Galvarino Raimán lo imagina así: “Tener un gran consultorio propio, evaluado, dirigido y construido por los mapuches, y ahí poder trabajar en una medicina complementaria entre la ancestral y la occidental. En el fondo, es avanzar en una institucionalidad que nos dé gobernabilidad y capacidad de administración de nuestros propios recursos y políticas, para no seguir siendo solo usuarios de programas indígenas”.

Pero hay otros temas más controversiales: para muchas etnias la justicia en algunas materias debería ejercerse de manera diferente al resto de los chilenos. En el caso de los mapuches, deberían ser los consejeros de cada una de sus comunidades los que establezcan la pena en delitos entre miembros de una misma comunidad: por ejemplo, cuando uno le roba al otro. O cuando no se le respeta a un anciano o a una mujer. “Hay materias que son domésticas y que tienen que ver con la vivencia de las familias mapuches. Eso debiera ser un tema de las comunidades para regularlos”, explica el werkén Raimán.

Salvador Millaleo, abogado de la UCH y experto en legislación indígena, entiende lo que puede significar un sistema judicial de estas características. De acuerdo a lo que ha estudiado, en los países que tienen un mayor nivel de reconocimiento de sus etnias, esto se llama pluralismo jurídico. Hoy en día, si bien existe un espacio a través de la Ley Indígena chilena, que establece que en el ámbito penal la cultura en algunos casos podría ser una atenuante, un sistema así se podría aplicar en la medida en que en la Constitución aparezcan los conceptos de plurinacionalidad y autodeterminación de los pueblos. Así, podrían existir jueces indígenas que impartan la justicia, pero con límites claros: “Se necesitaría de una estructura bastante compleja de coordinación, todo sometido siempre a la misma Corte Suprema y con ciertos límites. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual es un tema delicado, porque hay hartas tensiones en el mundo indígena y se deben asegurar los derechos de las mujeres. Los derechos humanos son un límite absoluto”, asegura.

Quizás lo más complejo de acordar en la Constitución, para Millaleo, será la arista de la propiedad ancestral y los recursos naturales. “Eso forma parte del problema constitucional más fuerte, que es el modelo económico. Las empresas están en conflicto con las comunidades en varios niveles, entonces una nueva regulación va a emparejar la cancha y vamos a necesitar conversar sobre los conflictos que hay”. Bien lo sabe el pueblo diaguita, que dada la zona geográfica donde habita -mayoritariamente en la Región de Atacama y Coquimbo- ha visto de cerca la sequía y lo que significa para ellos interrumpir el curso de la naturaleza. “Para una comunidad la conexión que se tiene con su territorio es parte de un todo: este tiene vida propia, tiene espiritualidad, y el ser es parte de esa vida, de esa tierra, de esa agua y de ese cerro”, explica la abogada de la Red Nacional Diaguita, Gabriela Calderón.

Comunidad indígena Diaguita Quebrada de Paihuano la Kankana

Muchos de estos contenidos ya se han conversado en la comunidad de Pukura e incluso se han barajado nombres para postular a los escaños reservados: piensan en una economía local, en un mayor control sobre su agricultura y, también, en una coadministración de los espacios de sus territorios. “Veo harta esperanza, sobre todo en los jóvenes más que en nuestros ancianos, que todavía no dimensionan lo que está ocurriendo”, dice Luis Catricura.

Un botín electoral

La demora en definir el número de escaños y la manera en que se elegirá a esos constituyentes ha venido a decantar las expectativas del proceso. Durante la última votación del jueves en el Senado, tras no llegar al quórum, se rechazó la propuesta de la oposición que establecía 24 escaños reservados adicionales a los 155 constituyentes electos. El proyecto, que ahora pasó a comisión mixta, contempla la participación de los 10 pueblos originarios reconocidos según el último censo, considerando el carácter mayoritario del pueblo mapuche -que representa al 79,8% de quienes se identifican con alguna etnia- y al menos un representante por cada pueblo: 14 escaños para los mapuches, dos para los aimaras y al menos uno para los representantes del pueblo quechua, atacameño, diaguita, colla, kawésqar, rapanui, yagán y chango.

Entre esa opción y la propuesta que impulsa Chile Vamos que establece que sean 15 los escaños dentro de los 155 constituyentes, definidos acorde a su representación originaria en base a un padrón electoral, ha dado paso a una verdadera disputa de poder que tiene inquietos a los pueblos. No solo por los “winkas” que han negociado por ellos, también se ha hablado de una cierta hegemonía del pueblo mapuche por sobre los demás. “Es la invisibilización con el resto de los pueblos, eso siempre se ha discutido. Los mapuches han dado una lucha importante para estar presentes, pero cuando el tema se ve a nivel político, se asocia siempre al conflicto mapuche, como si ese fuera el único pueblo indígena. Nosotros somos distintos, la cosmovisión andina es distinta, no tenemos la misma ancestralidad, no tenemos las mismas autoridades. Todos tienen sus particularidades y problemáticas”, comenta Calderón del pueblo diaguita.

Quien también lo ha notado es el pueblo Rapa Nui que, a diferencia del resto, sí siente que Chile ha reconocido su cultura. Dada su ubicación geográfica, la consejera regional Elizabeth Arévalo explica que de alguna forma ellos han podido ser más autónomos que el resto. Pero también, “ser la puerta de Chile a Asia Pacífico” implica que deberían haber sido más considerados a la hora de definir los escaños. “Somos uno de los pueblos más visibles, icónicos y representativos del país al ser Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente, hubiésemos esperado una mejor consideración de acuerdo a esto. Por ejemplo, nos habría gustado tener al menos dos escaños para lograr la paridad”.

Elizabeth Arévalo Pakarati es consejera regional de Valparaíso, en representación de la provincia de Rapa Nui.

Aunque hay algo en lo que la mayoría de los pueblos están de acuerdo: todos se han sentido instrumentalizados por los partidos políticos en la discusión constituyente. La concejala aimara Catalina Cortés lo resume: “Nos toman como un distrito, como un número, como un grupo de personas que puedan integrar al grupo político que le convenga”.

Que se les mire como un botín electoral, para muchos es volver a sentir ese ninguneo que por años han querido eliminar. Sobre todo porque para ellos, el reconocimiento de su cosmovisión nada dice de ideologías. Así lo cree el presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche (Amcam), Juan Carlos Reinao: “Nuestra forma de convivir no puede estar ligada a una ideología, sino que tiene que estar identificada al buen vivir. Eso tiene relación con que respetemos nuestros entornos, que se respete el sentido de vida. Y ese sentido de la vida no lo entiende ningún partido político, ni de derecha ni de izquierda”.

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