Celis (PPD) defiende la ley que salvaría su candidatura: “No se trata de privilegios, sino de justicia electoral”

Ricardo Celis

El diputado PPD aborda la aprobación exprés que el Senado le dio ayer a un proyecto que se ha denominado "Ley Celis", norma que busca "salvar" a quienes quedaron fuera de los comicios parlamentarios por no cumplir con los requisitos administrativos, como es su caso. El legislador, que buscaba su reelección por el distrito 23, admite que es "antiestético" que se promueva una ley con nombre y apellido, pero advierte que al haberse vulnerado sus derechos políticos -protegidos en el Sistema Internacional de los DD.HH.- "se debe dar la pelea hasta el final".




Quería postular a la reelección como diputado por el distrito 23, en La Araucanía. Pero su candidatura se frustró luego de que el Servicio Electoral rechazara su inscripción por no enviar en el plazo legal una autorización para abrir su cuenta bancaria. La decisión fue confirmada por el Tricel, por lo que la única alternativa que le queda a Ricardo Celis (PPD) es que la Cámara de Diputados ratifique el proyecto que fue despachado de forma exprés por el Senado este miércoles.

La norma establece que solo por esta vez -para las elecciones del 21 de noviembre- se fije un nuevo plazo para cumplir con los requisitos administrativos y se le permita así, tanto a él como a otros siete candidatos al Parlamento, competir en esos comicios. El proyecto, que fue promovido por senadores socialistas como Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza, ha generado críticas en otros sectores, donde se ha acusado un “traje a la medida”.

El Senado despachó a la Cámara de forma exprés una norma para salvar una serie de candidaturas, entre ellas, la suya. ¿Cómo lo recibe?

Primero quiero decir que yo no he impulsado este proyecto ni estoy detrás de él. Pero me parece que va en la línea correcta y es restablecer la justicia electoral. Yo, como he señalado, cumplí con todos los requisitos que me solicitó el Servicio Electoral. Pero terceros, quienes estuvieron a cargo de inscribir la candidatura, cometieron errores que desconozco su origen y forma, probablemente, vinculados a errores humanos o, como ha ocurrido en otros casos, a complicaciones de la propia plataforma del Servel. El tema acá es que el Tribunal Electoral, ante la misma situación que afectaba a los candidato a Core, les dijeron que este era un tema subsanable y que podían estar en la papeleta el 21 de noviembre. Sin embargo, el Tricel cambia su criterio y contrario a su jurisprudencia, señala algo diferente para mí y otros siete candidatos. Entonces, si bien estas leyes cortas y exprés son algo poco estético, cuando se trata de restablecer la justicia electoral hay que pelear hasta el final. Sobre todo, porque esto está resguardado en tratados internacionales suscritos por Chile, donde se protegen los derechos civiles y políticos de las personas.

¿Se han vulnerado sus derechos políticos?

De todas maneras. El Tricel vulneró convenios internacionales firmados por Chile, específicamente, el Pacto de San José de Costa Rica. Cuando existe la duda, prima el derecho de elector. Y acá no se ha resguardado ni el derecho del elector ni el derecho del candidato a ser elegido por una cuestión absolutamente burocrática, aun cuando en mi caso yo envié el documento -firmado ante notario- donde se fija la voluntad de cumplir con el requisito de apertura de la cuenta bancaria. Además, no permitir esa apertura al único que daña es al candidato, porque no puede recibir aportes. Entonces, así como no es justo que a las personas las suban por secretaría, tampoco es justo que las bajen por secretaría. Y, en ese sentido, el proyecto apunta en el sentido correcto. Ahora, para que se convierta en ley se requiere un quórum calificado y no es fácil.

¿Cómo responde a las críticas de que esta norma es un traje a la medida para quienes no cumplieron los requisitos formales para formalizar su inscripción?

Esas críticas las enunció el senador Felipe Kast, quien tiene velas en el entierro. Porque su partido, Evópoli, han estado en contra de esto por un cálculo electoral. Porque si esto se aprueba se les pueden caer candidatos a diputados.

Pero usted reconocía que esto es algo, a lo menos, antiestético.

Bueno, esto también se hizo con el alcalde Claudio Castro (Renca), quien estaba afectado por condiciones similares. Porque acá, como he dicho, cuando se trata de cuidar los procesos democráticos y la justicia, no hay que omitirse de dar estas peleas. Y sobre la oportunidad, hacer esto el 2022 no tiene ningún sentido.

Claro, la norma avanza en el Congreso a poco más de un mes de las elecciones. El consejero del Servel Alfredo Joignant acusaba esta mañana que genera incerteza, sobre todo, porque además es una decisión ratificada por el Tricel.

Bueno, es que el Servel tiene que hacer su pega, tiene que hacer su trabajo. El Servel ha tenido modos diferentes de resolución de este tipo de conflictos. Y cada cual tiene que hacerse responsables de sus actos y decisiones.

¿Y a qué atribuye ese criterio disímil que acusa?

La verdad para mí es incomprensible y genera dudas. El grueso de la gente de mi distrito cree que pudiera haber un acto de otra naturaleza, yo prefiero no pensar en aquello, prefiero pensar que son decisiones que se han ido tomando sobre la marcha y lo que hace ayer el Senado de forma mayoritaria y categórica es restablecer la justicia electoral.

Joignant también advertía que, en caso de que la norma se convierta en ley, habría que reimprimir votos y, además, modificar el número asignado a otros candidatos. ¿No ve ahí una complejidad?

Espero que a nadie le cambie el número y la letra. Es algo que el Servel podrá resolver es un tema práctico.

La Cámara Baja había rechazado en general una norma que tenía el mismo efecto. ¿Cree que tiene posibilidades de ser ley?

Hay que darse un segundo momento de reflexión. Acá se entiende que para algunos pueda ser complejo, estas acusaciones de traje a la medida, pero esto no se trata de privilegios sino de restablecer la justicia electoral. Por lo mismo, hago un llamado, con mucha humildad y sin ninguna soberbia, a la siguiente reflexión: si no es en la Cámara de Diputados donde se corrige una injusticia para el funcionamiento democrático, ¿dónde? Es ahí donde debe darse este acto reparatorio.

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