¿Desacato? Defensa de ME-O pide multas y arresto para director del Servel por no restituir derechos políticos a excolaborador suyo

ME-O

Los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz pidieron al Tribunal Constitucional (TC) que dé curso a estas medidas en base a un supuesto desacato de la entidad dirigida por Raúl García, que se negó a cumplir una resolución del organismo, privando a Cristián Warner, exbrazo derecho del fundador del PRO, de su derecho a sufragio. Esto afectaría directamente al propio Marco Enríquez-Ominami, quien no podría inscribir su candidatura a la presidencia para la que tiene plazo hasta el 23 de agosto.




“Que se decreten multas y arrestos en contra del director del Servicio Electoral (Servel), señor Raúl García Aspillaga, en virtud de la dictación del Oficio Ordinario N° 2957, de fecha 18 de agosto de 2021, por medio del cual este se negó a cumplir con lo ordenado por su señoría excelentísima, señalando que sólo podría dar cumplimiento a la orden de esta magistratura constitucional a partir del mes siguiente a la elección (de noviembre), privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio para las próximas elecciones”.

Esta fue la arremetida que ingresaron al Tribunal Constitucional (TC) este jueves los abogados del periodista Cristián Warner, Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes, a su vez, también integran la defensa del exfundador del PRO Marco Enríquez-Ominami. Y es que la decisión del Servel afectaría también a lo resuelto este miércoles por el TC, que pidió que el exdiputado sea reintegrado al padrón electoral y así podría finalmente concretar su inscripción a una cuarta candidatura a La Moneda, para la que tiene plazo hasta el lunes 23 de agosto.

Los abogados sostienen que el organismo encargado de las elecciones “está obligado al cumplimiento de lo que este excelentísimo Tribunal Constitucional resuelva”. Es más, sostienen que “los órganos del Estado -incluido el Servel- deben “someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República”, de lo que se advierte que no pueden desobedecer las órdenes dictadas por los Tribunales de la República, pues aquello -ciertamente- constituye un atentado a las bases institucionales de la República”.

La defensa de Warner y ME-O, quienes perdieron sus derechos políticos tras ser acusados en el caso OAS y SQM, le piden al TC hacer uso de sus facultades y procurar que sus órdenes sean ejecutadas por la institución que hoy tiene en sus manos la elaboración del padrón y registro electoral. “Es evidente que al dictar el Oficio Ordinario N° 2957, de fecha 18 de agosto de 2021, el director del Servel ha quebrantado la orden de este excelentísimo Tribunal Constitucional, razón por la que procede que su señoría excelentísima decrete las medidas tendientes a ejecutar lo ordenado por esta magistratura constitucional, decretando multas y arrestos en contra del señor Raúl García”, señala el escrito.

La batalla se librará en sede penal

Y es que los abogados de ME-O y Warner no quieren dejar pasar por alto lo que hizo el Servel luego de que en ambos casos lograran que el TC les ordenara abstenerse de marginar a ambos de su derecho a sufragio, teniendo en cuenta que los requerimientos presentados buscan declarar inconstitucional la normativa que les impide, al estar acusados por el Ministerio Público por un delito que tenga pena de crimen, participar de procesos eleccionarios como votantes y también como candidatos. Es por eso que junto a la petición del TC, Colombara y Díaz presentaron ante el Séptimo Juzgado de Garantía una querella en contra del director del Servel y “en contra de todos quienes resulten responsables por la participación que les corresponda, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores en los hechos que se describen en lo que sigue, los que revisten las características típicas del delito de desacato y del delito de prevaricación administrativa”.

En el escrito los abogados apuntan a la resolución del 12 de agosto emanada del TC que decide “oficiar al Servel a efectos de que se abstenga de aplicar el oficio que le fuere remitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en orden a suspender el derecho a sufragio del señor Warner, solicitando a dicho servicio informar del cumplimiento de lo mandatado dentro de tercero día”. Lo que nunca imaginaron era que este miércoles la entidad, dirigida por García les respondería que el padrón ya está auditado y es imposible modificarlo, a menos que un tribunal electoral así se los ordene. Argumentaron que la ley permite hasta 140 días antes de la elección modificar las inhabilidades de sufragio y que todo ya estaba fuera de plazo, por lo que se debería esperar entonces hasta que pasen las elecciones de noviembre.

“Sorpresivamente, contrariando lo expresamente mandatado por el excelentísimo Tribunal Constitucional, con fecha 18 de agosto de 2021 el señor Raúl García, director del Servel, comunicó al TC su decisión de no dar cumplimiento a lo que le fuere ordenado, aduciendo carecer de las facultades para cumplir lo resuelto”, sostienen los abogados.

Como diligencia, los abogados piden que el fiscal del Ministerio Público designado cite a declarar a todos los miembros directivos del Servel con el propósito de saber de quién fue la idea de desobeder al TC y la interpretación que se hace de las normas sostenidas en el mencionado oficio.

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