“Desalojo con auxilio de la fuerza pública”: las gestiones del municipio de Santiago con el gobierno para despejar el comercio ambulante en Meiggs

Desde el 26 de octubre que la municipalidad, liderada por la alcaldesa Irací Hassler (PC), está en contacto con la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, informando sobre la "ocupación ilegal" en las afueras del Cesfam Nº5. Por lo mismo, el 15 de noviembre, una resolución exenta llegó hasta Carabineros para notificarlos de las atribuciones que tenían para deshabitar el lugar, advirtiendo que sería competencia de su administración mantener el orden, una vez restablecida la normalidad en la zona.




“La política de solamente prohibición o mirar para el lado respecto de esto no dio buenos resultados y es por ello que nuestra apuesta es por el ordenamiento y la regulación”. De esta manera, el 22 de septiembre, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), se mostró flexible a la idea de regular el comercio ambulante en la comuna.

El tema puede catalogarse de “frecuente” en esa zona, pero durante el segundo semestre del 2021, el incremento de esta actividad es evidente y también empírico: Carabineros cifró en 589 los casos de “comercio ambulante sin permiso municipal” entre enero y septiembre de 2020. En 2021, en tanto, los casos superan los 1.349, representando un aumento de un 129%.

La situación escaló y ayer se marcó un hito en la relación del municipio de Santiago y los ambulantes: durante la mañana, Carabineros desalojó las inmediaciones del barrio Meiggs, dada la alta presencia de puestos irregulares asentados en las afueras del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Nº5, ubicado en la calle de Bascuñán Guerrero.

La Municipalidad de Santiago justificó la acción policial dado que esto se “realizó como consecuencia del bloqueo de calles por la instalación de toldos que impedían el acceso al Centro de Salud Familiar”, dijeron en un comunicado. Además, el 26 de octubre oficiaron a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana para “solicitar el restablecimiento del orden público en el sector”.

Los oficios y la resolución exenta

El 26 de octubre, la alcaldesa subrogante de Santiago, Jeanette Jara Román, envió un oficio al delegado presidencial Emardo Hantelmann, donde expuso las dificultades de tránsito en las afueras del Cesfam, lo que imposibilitaba el acceso al centro médico.

Por lo mismo, pidió el despeje “de los espacios públicos de las afueras del Centro de Salud Familiar”, dada “la presencia de personas que de forma permanente y habitual han hecho ocupación ilegal de los espacios públicos por distintos motivos y circunstancias”.

Pero pasaron dos semanas y la situación seguía igual. Así, el 12 de noviembre sería la alcaldesa Hassler quien escribiría un oficio directo al delegado, reiterando el mensaje enviado por su subrogante el 26 de octubre. La jefa comunal, además, requirió la “intervención del lugar”.

Tres días después, el 15 de noviembre, el desalojo comenzaba a tomar forma, a través de un resolución exenta emitida por la Delegación Presidencial a la Jefatura de Zona Metropolitana de Carabineros.

En nueve puntos, el gobierno explicó a la policía uniformada sobre las competencias del municipio y la exintendencia, donde el uso de la fuerza pública estaba totalmente regulado para pedir el retiro de los ambulantes del sector.

“En conformidad por lo informado por la Ilustre Municipalidad de Santiago, en correspondencia con la certificación respectiva de su subdirector de obras municipales, existen personas asentadas irregularmente en el bien nacional de uso público ubicado en las afueras del Centro de Salud Familiar Nº5, ubicado en la calle Unión Latinoamericana 98, comuna De Santiago. Al respecto, indica el solicitante, la mencionada ocupación bloquea permanentemente el acceso al servicio de emergencia previamente señalado”, dice la resolución exenta Nº1608, enviada a la policía uniformada.

Además, se agrega que “la I. Municipalidad de Santiago aclara que la ocupación irregular se concentra en el bien nacional de uso público ubicado en la calle Salvador Sanfuentes, entre las intersecciones de las calles Bascuñán Guerrero y Abate Molina”, por lo mismo, “solicita que se proceda al desalojo del bien nacional de uso público individualizado en el número precedente, por sus ocupantes ilegales”.

Según se explica en el documento, el terreno está ocupado por personas ajenas a la propiedad y sin título que legitime su ocupación. Es por eso que se pide a Carabineros notificar a los “ocupantes ilegales”, primero, comunicándoles que deben hacer abandono voluntario del lugar.

En el texto, sin embargo, el gobierno le advierte a Carabineros que si las personas no quieren abandonar la zona de manera voluntaria, “la Ilustre Municipalidad de Santiago, a través del ministro de fe designado para tal efecto, Sr. Roberto Matthies Peña (…), quien solicitará directamente y por la vía más expedita el desalojo con auxilio de la fuerza pública, en cuyo caso se debe dar estricto cumplimiento a la normativa establecida para estos procedimientos, con especial atención a la edad y estado de salud de sus ocupantes”.

Finalmente, la resolución pide dejar “establecido” que “el municipio en su calidad de administrador de los bienes nacionales de uso público deberá adoptar los resguardos necesarios para que una vez restituido dicho bien, no sea ocupado nuevamente por los ocupantes actuales o futuros”.

Hoy, en el lanzamientos de las actividades navideñas en la comuna, la alcalde de Santiago fue consultada sobre la situación del comercio ambulante y el desalojo en Meiggs, señalando que ““hemos pedido la colaboración de Carabineros, de la Delegación Presidencial también, del Ministerio del Interior, para poder tener un ordenamiento que permita el libre tránsito”.

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