El 7° Juzgado de Garantía de Santiago impuso la medida cautelar de prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León.

En una audiencia que se desarrolló desde el lunes, el otrora legislador fue formalizado por tres delitos:

• Falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.
• Fraude al Fisco.
• Tráfico de influencias.

La Fiscalía Oriente pidió la medida más gravosa para el exlegislador.

El juez Daniel Urrutia accedió.

El magistrado justificó su decisión en “la gravedad y carácter” de los hechos atribuidos al imputado.

“Atendido además la gravedad de las sanciones probables, la reiteración de los delitos y crímenes, que exceden el presidio mayor en su grado mínimo, esto es más de cinco años y un día de cárcel efectiva, incluso pudiendo llegar a más de diez años de cárcel, es decir, de ser condenados no tendrían posibilidad de penas alternativas, la libertad de los imputados se constituye en un peligro para la seguridad de la sociedad y se decreta a su respecto la prisión preventiva”, manifestó.

“Esto es muy injusto”

Lavín fue diputado por tres periodos, 12 años en total, desde marzo de 2014 a marzo de 2026.

Ingresó a la política siguiendo los pasos de su padre, Joaquín Lavín Infante, que fue ministro, alcalde y compitió por La Moneda.

El licenciado en administración y dirección de empresas, próximo a cumplir 47 años, entró en el foco del Ministerio Público a partir del caso por presunta corrupción que enfrenta su esposa, la figura de televisión y exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga.

La pareja dialogó brevemente con la prensa a su llegada al Centro de Justicia la mañana de este viernes, para conocer la decisión del tribunal.

“Esto es muy injusto”, dijo ella.

En octubre de 2024, siendo todavía diputado, Lavín renunció a la Unión Demócrata Independiente (UDI), al conocerse que era investigado por la presunta emisión de facturas falsas al Congreso.

En febrero, la Corte Suprema ratificó su desafuero y dio luz verde al Ministerio Público para formalizarlo.

Las imputaciones

La fiscal regional Oriente, Lorena Parra, pidió su prisión, manifestando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, esto último fue desestimado por Urrutia.

Parra y la fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina dieron cuenta al tribunal de maniobras que habría ejecutado Lavín para usar dineros de asignaciones parlamentarias en campañas políticas, pagando material gráfico y montando una plataforma con una base datos del Servicio Electoral para la emisión de mensajería propagandística con el sistema SocialTazk.

La investigación plantea que el exdiputado incurrió en un fraude por más de 100 millones de pesos que habría involucrado la falsificación de facturas cobradas como asignaciones parlamentarias.

El ente persecutor también detectó pagos irregulares a asesores del exdiputado que trabajaron en la sede de campaña de Joaquín Lavín Infante en la primaria presidencial de Chile Vamos de 2021.

El Servicio de Impuestos Internos, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú son querellantes en el caso. La imputación de tráfico de influencias se refiere a actuaciones del exdiputado en ese municipio cuando su esposa fue alcaldesa.

Los otros imputados

También fue formalizado y se fijó la medida cautelar más gravosa para el exasesor parlamentario Arnaldo Domínguez, imputado de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil, tráfico de influencias, cohecho, delitos tributarios y delitos electorales.

Respecto al empresario Juan Alberto Silva, dueño de la imprenta MMG, formalizado por delitos tributarios y falsificación o uso malicioso de documentos privados, se le impuso arresto domiciliario nocturno, además de prohibición de salir del país y prohibición absoluta de comunicarse con los coimputados de la causa.

El informático Felipe Vázquez, responsable de SocialTazk que fue contratado como asesor parlamentario, se encuentra en España y no se presentó ante el tribunal, por lo que se dictó una orden de detención en su contra.