El díscolo Morales: los casos que han marcado la carrera del otro favorito de los supremos para la Fiscalía Nacional

Fiscal José Morales Opazo.

El fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales Opazo, ha tenido públicos duelos con las dos ex máximas autoridades del Ministerio Público, Sabas Chahuán y Jorge Abbott. El primero le quitó la investigación del caso Cascadas y con el segundo nunca habló por teléfono, no fue a su oficina y no le autorizó cursos en el extranjero. En cuanto a investigaciones que ha dirigido, hay varios cuestionamientos a la tramitación de estas, la forma de terminarlos y decisiones marcadas por escenarios de alta complejidad. ¿Cuál es la carrera del fiscal adjunto que por segunda vez está a un paso de encabezar la institución a la que ingresó hace 22 años?


Hay un episodio familiar relativamente desconocido en la vida del fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales, y que lo afectó cuando dirigía la Unidad de Alta Complejidad Centro Norte y lideraba un equipo que investigaba casos de relevancia pública. En 2014 un sujeto intentó sacar del colegio a su hijo menor de entonces 8 años. A esa hora el persecutor estaba en un curso en Providencia cuando desde el establecimiento le señalan que un hombre había dicho que él le había encargado llevarlo a su casa. Morales “voló” desde el sector oriente al centro y el hombre al verse descubierto y que su plan se había frustrado, huyó. Las cámaras de seguridad del sector, en la comuna de Santiago, registraron el intento de secuestro y pese a que la investigación estuvo varios meses vigente y a cargo del OS-9 de Carabineros, nunca se dio con el individuo. Tanto Morales como su hijo tuvieron un guardaespaldas durante más de un año. Quienes comentan el episodio recuerdan que pese al impacto, la instrucción del fiscal a su equipo fue: “Hay que seguir con todos los casos igual, como si nada hubiera pasado”.

Por esos años el equipo de Morales tramitaba La Polar, el caso Cascadas, Fraude en el departamento de Bienestar y las aristas que llevaron a indagar lavado de activos en contra del excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, quien está actualmente formalizado junto a su cónyuge, Anita Pinochet.

Han pasado siete años desde ese intento de secuestro que -entre sus cercanos se comenta- podría haber tenido su origen justamente en intentar amedrentarlo por las indagatorias que tenía a su cargo y la exposición mediática que tenía. Pero el fiscal Morales lejos de querer cultivar un bajo perfil, decidió emprender una vez más una campaña para ser fiscal nacional. Ya en 2015 lo intentó, y pese a quedar en quina -al igual que este 2022 en que obtuvo la mayoría junto a Ángel Valencia con 17 votos- perdió frente a Jorge Abbott con quien habían empatado con siete preferencias de la Corte Suprema. En esa oportunidad el exfiscal regional de Valparaíso fue el elegido de la Presidenta Michelle Bachelet. De ahí en más comenzaría una tensa relación entre ambos. En la Fiscalía Nacional dicen que Abbott nunca disimuló su antipatía con Morales y desde el círculo cercano de este último asegura que el exmandamás del Ministerio Público habría influido en que el hoy candidato perdiera la jefatura de Alta Complejidad y ésta se le asignara a la fiscal Ximena Chong. Durante sus siete años como autoridad nunca lo llamó, ni lo citó a su oficina y -recuerdan cercanos- tampoco le autorizó comisiones de servicio para becas y capacitaciones en el extranjero. Una enemistad manifiesta.

La caída en Cascadas

Pero esta no fue la única disputa pública con un jefe protagonizada por Morales, quien es considerado “un díscolo” al interior de la institución. En 2015 el entonces fiscal jefe tramitaba el denominado caso Cascadas y los querellantes del caso AFP Habitat, Moneda Asset Management y el abogado Mauricio Daza -que representaba a accionistas minoritarios- presentaron reclamos a la Fiscalía Nacional porque el persecutor se negaba a formalizar al entonces controlador de SQM Julio Ponce Lerou. La queja tuvo eco en el entonces jefe del Ministerio Público Sabas Chahuán, quien ordenó sacar el caso de sus manos y reasignarlo asestando un duro golpe a Morales. El caso pasó por varias manos y quedó a cargo de Alta Complejidad, se llevó a juicio al ejecutivo Aldo Motta, quien resultó absuelto en un segundo proceso y hasta el día de hoy ningún fiscal ha reunido antecedentes para formalizar a Ponce Lerou. Uno de los fiscales cercanos a Morales lo defiende: “José no es díscolo, es firme en sus convicciones y eso siempre le molestó a los jefes”.

Otro de los casos que los han marcado y han levantado polémicas en torno a su decisiones fue la colusión de las farmacias. Fue un caso que heredó, ya que se había iniciado en 2008 cuando él aún no lideraba Alta Complejidad. Estaba asignado entonces al fiscal Luis Inostroza, pero luego se llevó a tribunales una cuestionada suspensión condicional. Ésta incluía “clases de ética” para los ejecutivos de las empresas coludidas y el pago de cerca de $ 300 millones a una fundación en apoyo a enfermos de cáncer. El acuerdo fue visado por el juzgado de garantía en el entendido que el tipo penal no podía ser acreditado en este caso pues los hechos habían ocurrido antes de que comenzara a regir la nueva ley que llevaba estos caso a una nueva institucionalidad que sancionaba actos de colusión. Tras las críticas el diputado Jaime Mulet, quien ese entonces era querellante en farmacias y que hoy enfrenta un caso por cohecho, apeló para deshacer la suspensión. El caso años después fue a juicio oral y terminó con una absolución por -justamente- los hechos no encajar en el tipo penal por el cual se acusó.

Las esquirlas de Kayser

Cada cierto tiempo uno de los cuestionamientos que hacen los familiares de las personas que fallecieron en la bodega Kayser en Renca, tras el estallido social, es a la supuesta lentitud y falta de deferencia del fiscal José Morales quien fue asignado a tramitar el caso. Ante esas críticas es el propio fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, jefe directo del candidato, quien asegura que no existe ninguna irregularidad en la forma en que se ha llevado adelante una investigación del todo compleja y que estuvo marcada, dice, desde sus inicios por falsos supuestos como la hipótesis que levantaron algunos parientes de que las víctimas estaban protestando, recibieron disparos por supuestamente militares y luego ese crimen se ocultó con un incendio en el mencionado recinto.

“No hay ningún testigo que sostenga eso de todas las personas empadronadas e interrogadas y aunque aún hay un informe de la Brigada de Derechos Humanos pendiente, lo que podemos decir es que, a la fecha, tenemos acreditado las horas en que sucedieron los hechos, ocurrieron los desmanes, luego un saqueo a un Lider que estaba al costado de este centro de distribución y la hora de inicio del saqueo a Kayser y las horas de inicio del incendio, la llegada a propósito del siniestro primero de Bomberos, luego de Carabineros y luego una patrulla militar, también un vehículo de la PDI. La indagatoria fue designada de inmediato al OS-9 de Carabineros y no existe entonces nada que nos lleve a una conclusión distinta a que las víctimas murieron producto de la asfixia y posterior carbonización que se genera en un incendio como este en que todas quedaron encerrados en un altillo en el que había muchas complejidades para escapar”, sostuvo Armendáriz a La Tercera PM.

De hecho Armendáriz, que es bombero, estuvo en el sitio del suceso ese día y por eso, sostiene, puede hablar con tal propiedad de todo lo que se indagó. Hasta el momento se han enviado todos los antecedentes del caso al INDH y el CDE y ninguno de los dos organismos ha decidido querellarse tras establecer que tras estas muertes no existe la intervención de terceros y menos agentes del Estado.

“Independiente de lo que estaban haciendo estas personas, ellas siempre han sido tratadas como víctimas, y los familiares han podido solicitar a través del abogado querellante todas las diligencias posibles. No sólo se hicieron autopsias, se pidieron ampliaciones de las mismas, incluso un peritaje de antropología forense, todo ello nos deja tranquilos en el sentido que se ha investigado de manera exhaustiva. La única persona que presentaba un balazo en un pie según las pericias tenía una bala calibre 22 que no es ocupada por ninguna fuerza militar, y los análisis del SML establecieron que era un disparo de varias horas antes del incendio y que con todo no le impedía a esa víctima el, por ejemplo, poder escapar de una situación a la que lamentablemente se enfrentó”. explicó el investigador.

Dos décadas investigando

José Morales tiene 48 años, es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Central, tiene diplomados en Derecho Penal, en Seguridad y Defensa, en Derecho Administrativo Sancionador y en argumentación jurídica. Lleva 22 años en el Ministerio Público, y desde 2018 se desempeña como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte. Anteriormente, también integró los equipos de trabajo de las fiscalías locales de Los Vilos, Colina, entre otros cargos.

Hay algo que le pesa al interior del Ministerio Público y es su cercanía y estrecha amistad con abogados que son litigantes en el foro. Se menciona entre ellos al penalista Luis Hermosilla, con quien incluso ha compartido en eventos familiares. El vínculo no es desconocido por cercanos al fiscal Morales, pero apuntan a que son situaciones que se dan en el marco de relaciones que más bien tienen que ver con los años que con el propio trabajo de él como investigador. Ponen como ejemplo que en la primera aventura para la Fiscalía Nacional, el persecutor había contado con el apoyo de Hermosilla y otros penalistas, pero aseguraron que en el actual concurso no existe tal vínculo.

Cuenta con el apoyo de un importante dirigente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo. y desde su círculo destacan su perfil netamente investigador y operativo. Dirigió indagaciones como el fraude de La Polar, en que se obtuvo condenas, la causa por lavado de activos en contra de los excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, próxima a formalizarse, la estafa piramidal del economista Rafael Garay, el incendio en el Metro San Pablo L1 tras el estallido social, una de las pocas causas en que se respondió la pregunta ciudadana de “¿Quién quemó el Metro?”; el incendio de la iglesia de Carabineros, y la investigación del robo con homicidio de la niña Tamara Moya.

De hecho, el padre de la niña, Raúl Moya, al enterarse de que el fiscal estaba entre los cinco candidatos le dedicó una publicación en Instagram. “Evidentemente yo no soy experto en materias jurídicas, pero si vivimos junto a Camila en carne propia cómo actúa el sistema judicial en nuestro país. Dentro de todo este proceso que nos vimos obligados a vivir solo tengo cosas buenas que decir del fiscal Morales. Él desde el primer momento nos dijo que haría todo lo posible para resolver el homicidio de Tamara y cumplió a cabalidad. No fue necesario pedirle que solicitara las penas más altas posibles para ambos criminales porque ese fue su objetivo desde el principio y ya dentro del mismo juicio su trabajo fue impecable”, escribió.

Como dijo en su exposición ante la Corte Suprema, cree tener “la experiencia y madurez para dirigir una fiscalía que reaccione oportunamente a los nuevos fenómenos criminales y enfrente las dificultades, donde fracasos y errores propios no sean endosados a otras instituciones”. Por lo demás, sostuvo que aspira a ser parte de una fiscalía “libre de cualquier conflicto de interés, justa, abierta a la comunidad y que contribuya a la paz social”.

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