¿Eliminarlo o reformarlo? Así fue el debate entre los constituyentes Royo, Cozzi y Daza sobre el futuro del Tribunal Constitucional

Los órganos autónomos del Estado. Este fue el tema que inauguró la segunda temporada del ciclo de debates de ReConstitución de La Tercera, instancia que tuvo como invitados a tres convencionales que son parte de la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional de la Convención Constitucional: Manuela Royo (Movimientos Sociales Constituyentes), Mauricio Daza (Independientes por una Nueva Constitución) y Ruggero Cozzi (Vamos por Chile).

El debate se dio luego de que en diciembre de 2021 un grupo de convencionales, entre ellos Daza y Royo, ingresaron una nueva iniciativa de norma constitucional que apunta a eliminar el Tribunal Constitucional (TC) en la nueva Constitución y que ahora el control de constitucionalidad recaiga en la Corte Suprema.

¿Por qué es relevante el Tribunal Constitucional? Fue una de las preguntas que contestó Cozzi (RN), reafirmando su postura de reformar el actual órgano constitucional, más que eliminarlo por completo.

“Creo que hay que mantener un órgano especializado, autónomo. Independiente del nombre, ya sea Tribunal Constitucional o Corte Constitucional, tiene que existir un control a posteriori en lo que se refiere a procedimiento de inaplicabilidad de las leyes. Hay que hacer algunos cambios en materia procesal, pero obviamente que el sistema actual se ha prestado para abusos, mucha tinterillada que solo busca suspender las causas pendientes de la justicia y todo eso debe corregirse”, sostuvo.

Por su parte, al ser consultada sobre su diagnóstico de cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional hasta hoy y por qué sería necesario eliminarlo, Manuela Royo (MSC) expresó que “es un Tribunal Constitucional cuya integración y funcionamiento ha sido muy negativa para la democracia del país”, puesto que, según la convencional, este está asumiendo el rol de un legislador negativo al tener atribuciones de un control de constitucionalidad previo, que tiene por efecto “la anulación de una norma en tramitación por un congreso que sí fue electo democráticamente en circunstancia que las y los ministro del Tribunal Constitucional no lo son”.

En tanto, Mauricio Daza (Ind) señaló que “lo que estamos proponiendo es un nuevo modelo de justicia constitucional, porque en una democracia debe haber control de constitucionalidad de las leyes”. El abogado agregó que “a la Corte Suprema le queremos dar un rol de tribunal de casación, de la protección de la norma jurídica y donde la protección de la constitucionalidad de las leyes de la Corte Suprema cobre pleno sentido en un contexto donde vamos a despolitizar el nombramiento de los jueces que hoy pasan todos y cada uno de ellos por un nombramiento del Presidente de la República”.

Frente a la consulta de la experta y expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, sobre qué cambios ha tenido hoy este órgano que significaría revertir sobre lo que se decidió en el año 2005 respecto de la acción de inaplicabilidad del tribunal competente, Royo (MSC) sostuvo que como colectivo pretenden hacer un cambio copernicano a la Corte Suprema, cambiar los paradigmas: “Diagnosticamos que existen dificultades en acceso a la justicia, que la ciudadanía requiere nuevas formas del ejercicio de la justicia, requiere independencia, que los tribunales y las cortes sean de excelencia y no que estén dedicadas a asuntos administrativos”, señaló.

Sumado a esto, Daza (Ind) comentó que la iniciativa busca instalar una nueva Corte Suprema que no solo se dedique a la casación, sino que también tenga por objetivo analizar cuál es la interpretación que se debe dar a la norma. “Esta nueva Corte Suprema se instala fuera de un sistema de jerarquía judicial, fuera de un sistema de carrera judicial, donde el cargo de ministro de la corte va a ser concursado en términos transparentes y designado por un órgano apolítico”, explicó.

Por último, de manera contraria, Cozzi (Vamos por Chile) explicó que tal propuesta hará de la Corte Suprema un poder ultramayoritario, argumentando que el asunto no se está abordando con responsabilidad y rigor técnico que merece. “Tenemos una infinidad de recursos procesales que llegan a la Corte Suprema y eso no lo vamos a cambiar en la Constitución. Esto requiere de toda una reforma legal, de códigos, de procedimientos tanto administrativos como de la justicia ordinaria”, concluyó.