Gonzalo Blumel a fiscal Chong: “La situación de seguridad luego del 18 de octubre estaba totalmente sobrepasada”

El 22 de febrero del 2022, el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, reordenó el mapa referente a las investigaciones que llevaba el Ministerio Público por los casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Hasta esa fecha, era la fiscal Claudia Perivancich quien dirigía esas pesquisas, y cada fiscalía regional indagaba lo ocurrido en su jurisdicción, sin embargo, Abbott ordenó que todo recayera en la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong.

A partir de ahí la fiscal asumió las pesquisas y agrupó todas las investigaciones, donde figuran como imputados -luego de presentarse una decena de querellas en la misma línea- las autoridades de la época, que van desde el Presidente Piñera, hasta los generales de Carabineros del alto mando, entre ellos, el actual director de la policía uniformada, Ricardo Yáñez.

La última diligencia de la fiscal Chong tuvo que ver con la declaración del antecesor del general Yáñez, el general (R) Mario Rozas, quien entregó su testimonio durante casi toda la jornada de lunes, en dependencias de la Fiscalía Centro Norte.

Los interrogatorios han marcado los últimos movimientos de la fiscal, entre ellos el extenso frente a frente que tuvo con el exministro del Interior Gonzalo Blumel (2019-2020). La declaración de Blumel, más los antecedentes que aportó, suman 133 páginas.

En su testimonio, Blumel comenzó relatando que su llegada a Interior fue intempestiva. Lo hizo el 28 de octubre del 2019, luego de la salida de Andrés Chadwick, quien fue objeto de una acusación constitucional.

“El día que asumí fue un día de muchas alteraciones graves de orden público. Carabineros evalúa los hechos de relevancia y los califica de eventos graves cuando corresponde a delitos como saqueos, incendios, ataques a las policías. Ese día fue de mucha violencia”, recordó ante Chong.

Según las cuentas del exministro, esa jornada hubo 100 eventos graves y durante los 10 días de estallido social se contabilizaron 1.227 alternaciones graves. “A marzo llegaron a ser 3.000, aproximadamente”, sostuvo, agregando que “la situación de seguridad luego del 18 de octubre estaba totalmente sobrepasada”.

La fiscal Chong le preguntó, además, por la relación que él como autoridad mantenía con Carabineros y el tipo de coordinaciones que se efectuaban con el mando policial.

“Desde una perspectiva formal la autoridad política no puede intervenir en las labores operativas policiales, pero sí puede fijar lineamientos y evaluar resultados. Hay además algunas cosas específicas, que, por la naturaleza propia de ciertas atribuciones facultades policiales, la autoridad no puede intervenir, por ejemplo, los gastos reservados, salvo respecto al monto de estos, lo que se fija en la ley de presupuestos”, explicó.

Sobre las disposiciones “tácticas”, indicó que “por lo general, la autoridad planteaba objetivos en materia de orden público y posteriormente se hacían las evaluaciones. Esto se hacía por el comité policial, que participaba el subsecretario del Interior y los encargados operativos, en ese momento Ricardo Yáñez, de Carabineros, y Carlos Yáñez, de la PDI”.

El exministro explicó, además, cómo se establecieron coordinaciones con el Instituto de Derechos Humanos (INDH) para llevar un registro de los lesionados, como también permitir su ingreso a los cuarteles policiales. Explicó que la institución también suspendió el uso de balines, reemplazando estas municiones por otras.

Según Blumel, esos días representaron “la mayor crisis política y social desde el retorno a la democracia, la que estuvo caracterizada por masivas manifestaciones, en su mayoría pacíficas, pero también por una inédita ola de violencia hasta ese momento desconocida”.

En esa misma línea, el exministro sostuvo que “espero que en el futuro nunca más se valide la violencia como un instrumento con fines políticos, ni tampoco se ponga en duda el legítimo monopolio de la fuerza por parte del Estado (...). También espero que no se instrumentalice la protección de los derechos humanos, lo que no pertenece a ningún sector político, ni ningún gobierno”.

Las diligencias del Ministerio Público, además de la toma de declaraciones, también apuntan a ratificar lo expuesto por los imputados, como también solicitar información que dé cuenta de cómo fueron las comunicaciones entre el gobierno y Carabineros para concretar sus operativos. El caso, lejos de estar dormido, avanza para establecer una supuesta responsabilidad de mando.